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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 3 oct (INS).- La prueba positiva de infección a Covid-19 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad, cuan remota sea, de que pueda quedar incapacitado o potencialmente morir en el cargo si sus síntomas empeoran.
Esa es una posibilidad poco probable, y pocos en Washington han estado dispuestos a discutirlo, desde que Trump fue trasladado al Centro Médico Militar Nacional de la base Walter Reed para recibir tratamiento médico.
Sin embargo, la Constitución y el Congreso han dejado establecido hace mucho tiempo un plan de sucesión para garantizar que la nación esté protegida de adversarios y conflictos internos cuando el presidente electo no puede servir.
Queda claramente establecido que el vicepresidente es el primero en la fila para suceder al presidente en caso de que muera en el cargo, y puede intervenir para asumir temporalmente los deberes de la presidencia si el comandante en jefe queda incapacitado. El vicepresidente Mike Pence, de 61 años, dio negativo por coronavirus el viernes.
Otras situaciones se vuelven mucho más complicadas y están envueltas en una nebulosa legal sobre qué hacer si un presidente no puede ejercer sus funciones, pero se niega a renunciar a ellas, o gana las elecciones pero no puede servir, o en un caso en que el presidente y el vicepresidente estén incapacitados.
En los casos extremos de que un presidente muera o deba renunciar a su cargo, la vigesimoquinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece: “En caso de destitución del presidente de su cargo o de su muerte o renuncia, el vicepresidente se convertirá en presidente”.
El ascenso de un vicepresidente en tales circunstancias no ha sido tan raro en la historia de Estados Unidos. El vicepresidente ha asumido el cargo más alto de la nación debido a la muerte del presidente en ocho ocasiones, la más reciente en 1963, después del asesinato de John F. Kennedy, cuando Lyndon B. Johnson se convirtió en presidente.
Y en 1974, el vicepresidente Gerald Ford se convirtió en presidente después de la renuncia del presidente Richard M. Nixon.
La Constitución deja que el Congreso decida qué debe suceder si el vicepresidente también muere o no puede servir, y se han promulgado varias leyes para establecer las contingencias.
La más reciente, la Ley de Sucesión Presidencial, se promulgó en 1947, después de la muerte del presidente Franklin D. Roosevelt en 1945 (se modificó nuevamente en 2006). El estatuto dice que el presidente de la Cámara es el siguiente en la fila, seguido por el presidente pro tempore del Senado, y luego miembros del gabinete, comenzando por el secretario de Estado.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de 80 años, dijo el viernes que había dado negativo en la prueba del virus y estaba segura de que se habían implementado los planes correctos, en caso de que fueran necesarios.
Y, ¿si Trump no pudiera seguir en la carrera como candidato presidencial para las próximas elecciones en Estados Unidos? En ese caso, todavía también remoto, el Comité Nacional Republicano tendría que producir un nuevo nominado, un proceso que involucraría a la presidenta Ronna McDaniel y los 168 miembros nacionales, tres de cada estado y territorio.
No obstante y dado que muchos Estados ya han comenzado a imprimir, enviar por correo y aceptar boletas, y algunos han comenzado a votar en persona, es poco probable que el nombre de un nuevo nominado se imprima en las boletas a tiempo para el día de las elecciones.
Entonces correspondería a los Estados individuales decidir cómo proceder, y la mayoría no ha establecido reglas para esa situación.
“Sería una cuestión de lo que dice o no dice la ley de cada Estado sobre lo que sucede en esta eventualidad, y muchas leyes estatales simplemente guardan silencio sobre esta posibilidad”, opina Richard L. Hasen, profesor de derecho en la Universidad de California y citado textualmente por el diario The New York Times.
La situación se hace más complicada si Trump gana, pero no pudiera servir. Algunos estados, pero no todos, obligan a sus electores a votar por quien gane el Estado, pero incluso la mayoría de los estados con leyes electorales vinculantes no mencionan lo que podría suceder si un candidato muere o no puede servir.
La cuestión podría ser resuelta por el Congreso, que certifica el voto del Colegio Electoral, o terminar en los tribunales. INS
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