Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 1 de octubre de 2020
P. Rico-Gobernadora suspende temporalmente la aplicabilidad de orden ejecutiva que aumentó el salario mínimo de los trabajadores de la construcción
San Juan, 1 oct (INS).- La gobernadora Wanda Vázquez Garced determinó suspender temporalmente la aplicabilidad de la orden ejecutiva 2018-033, que aumentó el salario mínimo de los trabajadores de la construcción.
La decisión está incluida en una orden ejecutiva que también pone en vigor las leyes que requieren el uso de cemento producido en Puerto Rico y de acuerdos laborales en proyectos de construcción sufragados con fondos públicos.
La nueva orden ejecutiva va dirigida a suspender temporalmente la OE-2018-033, que emitiera el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares para aumentar el salario mínimo de los trabajadores de la construcción a 15 dólares para los obreros de construcción de obra financiada total o parcialmente con fondos del gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas.
“La difícil situación que ha experimentado la industria de la construcción se ha agravado aún más como consecuencia de las medidas de cierre y distanciamiento tomadas como respuesta a la emergencia decretada por el Covid-19. A pesar de que la apertura cuidadosa y escalonada de distintos sectores económicos ha permitido la reanudación de los proyectos de construcción, la paralización total que fue necesaria implementar por aproximadamente dos meses ha tenido un grave efecto en esta industria”, sostuvo la mandataria.
Agregó, en declaraciones escritas, que “como consecuencia, resulta imperativo repensar las medidas recientes que se han adoptado concernientes a la industria de la construcción y evaluar sus efectos, ventajas y desventajas, de manera que las decisiones futuras estén sustentadas en la realidad que vive la industria en estos tiempos de Covid-19 y dirigidas a la sostenibilidad de este importante sector”.
Afirmó que posterior a la implementación de la OE-2018-033, múltiples sectores han señalado la urgente necesidad de sostener una evaluación detallada sobre el impacto que las medidas contenidas en la referida orden ejecutiva han tenido en la economía en general y en la industria de la construcción, incluyendo en aquellos proyectos de construcción no financiados con fondos públicos.
Según la primera ejecutiva, entre los planteamientos expuestos por las distintas entidades públicas y privadas se encuentra que la implementación de la orden ejecutiva ha significado un incremento en costos en los proyectos de construcción. “Esto, unido al incremento en costos que se ha experimentado en la adquisición de bienes y servicios propios de la industria de la construcción, amerita una evaluación ponderada sobre la deseabilidad de mantener vigente o no la OE-2018-033”, dijo.
Detalló que las disposiciones de la OE 2020- 075 tendrán aplicación prospectiva. “Por lo tanto, los proyectos de construcción financiados total o parcialmente con fondos del gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas que comiencen o se publiquen posterior a la fecha en que se emita esta orden ejecutiva, no se regirán por las disposiciones de la OE-2018-033. No obstante, los contratos o acuerdos firmados, incluyendo enmiendas subsiguientes, conforme a las disposiciones de la OE-2018-033 continuarán vigentes, según los términos y condiciones acordados”, manifestó.
Vázquez Garced indicó que durante el periodo de suspensión un grupo de trabajo compuesto por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDDEC), el Departamento de la Vivienda, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y miembros del sector privado, en conjunto con cualquier otra agencia que entiendan pertinente y el sector privado, realizará los estudios y evaluaciones correspondientes, de manera que pueda emitir una recomendación sobre la potencial derogación o enmienda de la OE-2018-033.
De igual forma, declaró que se evaluará la posible derogación o enmienda a las distintas normativas emitidas por las agencias relacionadas a la implementación de la OE-2018-033, incluyendo las Guías Interpretativas emitidas por el DTRH en su Carta Circular 2018-001.
Este grupo de trabajo estará liderado por el secretario del DTRH y deberá emitir las recomendaciones correspondientes en o antes de noviembre 30 de 2020.
“La industria de la construcción es una de las principales fuentes de empleo de Puerto Rico, especialmente para las personas de clase trabajadora que más se han afectado por la crisis económica y fiscal de los pasados años y por las medidas tomadas para combatir el Covid-19. Por lo tanto, es deber ministerial del gobierno asegurar el bienestar y estabilidad tanto de los trabajadores de la construcción como de la industria en sí”, apuntó.INS
P. Rico-Aclara secretario de Educación que colaboran con la JSF
San Juan, 1 oct (INS).- El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, aseguró hoy que los señalamientos que hace la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el pago indebido a empleados son parte de los datos que intercambian como parte de los trabajos conjuntos de ambas entidades desde hace meses.
Las expresiones de Hernández Pérez se producen luego que a directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, afirmara que por unos 13 de años, el Departamento de Educación pagó a unos 17,500 antiguos empleados alrededor de 84.2 millones de dólares en compensaciones indebidas.
“Desde el 2017 se hizo el ejercicio de detener los pagos por depósito directo de aquellos empleados que no estaban ponchando como mecanismo para asegurar que se registrara la asistencia en los ponchadores digitales adquiridos para esos propósitos. A la vez, el Departamento continúa haciendo las gestiones para el recobro del dinero que se haya desembolsado indebidamente”, reaccionó el funcionario por escrito.
Indicó que desde hace cerca de trece años se ha estado llevando a cabo la transición del cambio del registro de asistencia de forma manual a una digital.
“Será necesario una validación y una auditoría forense para la certificación final de los balances de los empleados señalados en el proceso. El Departamento ha mostrado apertura para que se lleve a cabo la intervención”, dijo el secretario de Educación.
Sostuvo que desde su cargo “he desarrollado una nueva política de registro de asistencia como acción correctiva inmediata”.
“Esta nueva directriz, entre cosas, pretende que haya una sincronización de los sistemas de asistencia con el área de nómina. Asimismo, contiene las salvaguardas para evitar pagos indebidos de los funcionarios de la agencia”, ratificó. INS
P. Rico-Niega Foundation for Puerto Rico que obtuviera contrato millonario de fondos de recuperación
San Juan, 1 oct (INS).- La presidenta de Foundation for Puerto Rico (FPR), Annie Mayol, rechazó que esa entidad recibiera un contrato millonario de publicidad con fondos de recuperación (CDBG-DR), como se ha divulgado en diversos medios de comunicación del país.
“Para nosotros es sumamente importante dejar claramente establecido que FPR no ha recibido ningún contrato por parte del gobierno de Puerto Rico para gastos exclusivos de publicidad. Por el contrario, fuimos seleccionados por el Departamento de la Vivienda para administrar e implementar el Programa de Planificación Integral para la Resiliencia Comunitaria (Whole Community Resilience Planning Program o WCRP), cuyo presupuesto total es de $37.5 millones que se distribuyen a través de un proceso de reembolso”, dijo Mayol.
Sostuvo que las funciones y responsabilidades de FPR con este programa incluyen su diseño, el desarrollo de las guías, los procesos y procedimientos, elaborar el componente de educación, orientación e implementación del programa, así como la distribución de fondos, adquisición de proveedores y supervisión de las entidades seleccionadas, en colaboración con el Departamento de la Vivienda.
WCRP es un esfuerzo innovador e inclusivo de colaboración multisectorial diseñado de la mano del Departamento de la Vivienda, expuso.
El programa permite a las comunidades vulnerables crear planes de resiliencia para aumentar la capacidad local en sus procesos de toma de decisiones y fortalecer sus métodos de respuesta a desastres.
“Nuestras comunidades necesitan ese apoyo hoy más que nunca y ser parte activa del proceso de recuperación del país. El programa de WCRP está cimentado sobre seis pilares que son indispensables para la planificación sustentable que nos lleve hacia la resiliencia comunitaria: el desarrollo económico, la educación, la infraestructura, la salud, el ambiente y la vivienda. Bajo esta iniciativa, las comunidades participan activamente en el diseño de sus planes de resiliencia, integrando a sus residentes en el proceso de desarrollo, toma de decisiones y planificación”, estableció Mayol.
Como institución sin fines de lucro establecida en 2011, afirmó, Foundation for Puerto Rico tiene como norte impulsar oportunidades para el desarrollo social y económico en Puerto Rico.
“Nuestros programas de desarrollo económico y resiliencia son posibles gracias a la colaboración y el respaldo de nuestros empleados, voluntarios, organizaciones multisectoriales, y comunitarias. Este enfoque colaborativo nos ha hecho un aliado de confianza y recipiente de varias subvenciones prestigiosas a nivel federal y privado, como lo es la Agencia de Desarrollo Rural de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, siglas en inglés), la Administración de Desarrollo Económico del Departamento de Comercio Federal (EDA), el Ewing Marion Kauffman Foundation, y el Departamento de la Vivienda del gobierno de Puerto Rico”, enumeró.
La presidencia de FPR expuso que “el apoyo de estas entidades nos ayuda a operar nuestros programas con los estándares más altos de cumplimiento, según demostrado a través de auditorías independientes”.
“Hoy, trabajamos directamente con más de 32 comunidades alrededor de Puerto Rico. Desde el 2017, hemos apoyado a más de 600 pequeñas empresas y colaborado con más de 100 organizaciones locales y sin fines de lucro. Por ellos, y por el futuro de la Isla, nuestra organización se mantiene firme en sus convicciones y estamos confiados en el resultado exitoso de nuestro trabajo”, argumentó. INS
P. Rico-Proyecto Matria exige que se investigue con “seriedad y sensibilidad” nuevo asesinato de mujer trans, el quinto perpetrado este año
Caguas, 1 oct (INS).- La directora ejecutiva del proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, dijo hoy que la “tristeza y la rabia nos vuelve a arropar” ante el asesinato de Michellyn Ramos Vargas.
La muerte de la mujer trans fue reportada esta madrugada en el municipio de San Germán.
“Hacemos un llamado urgente al gobierno para que haga su trabajo e investigue este y los otros cinco transfeminicidios perpetrados este año”, dijo la portavoz.
La activista enfatizó en que “estamos ante una situación sin precedentes en la Isla: seis personas transgénero asesinadas en nueve meses sin que se haya resuelto la mayoría de los casos, sin que se haya informado de las investigaciones que se realizan para dar con los culpables y sin que al gobierno parezca importarle”.
“No podemos quedarnos calladas ante esta violencia que sigue en escalada. Señalamos al gobierno como responsable. Exigimos que se decrete un estado de emergencia ante esta violencia y que se le exija a todas las agencias que actúen con la celeridad e importancia que tiene este tema, que se tomen medidas claras y decisivas para atender este problema que nos sigue robando las vidas de las mujeres”, expresó Pagán.
Afirmó que “las vidas de las personas transgénero importan y se tienen que investigar sus muertes violentas”.
La mujer asesinada esta madrugada era muy conocida en el pueblo de San Germán, según las mismas autoridades policiacas han dicho, por lo que no se debe descartar que se trata de un crimen de odio, declaró la vocera del proyecto Matria.INS
P. Rico-Coronavirus/Oposición de los comerciantes a más restricciones con una nueva orden ejecutiva y la apuesta a la inmunidad comunitaria o de “rebaño” ante la ausencia de una vacuna (análisis)
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 1 oct (INS).- Faltando dos días para que se venza la vigencia de la actual Orden Ejecutiva de restricciones al gregarismo por razones salubristas dirigidas a controlar la pandemia en Puerto Rico, el sector empresarial de la Coalición de Cámaras de Comercio de las regiones del sur, del oeste y la Cámara de Comercio nacional de Puerto Rico objetan la posibilidad de que la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced decrete un cierre total de las actividades comerciales.
La coalición institucional de comerciantes del país, la cual dice representar a 1,100 empresas y a 80,000 empleados, insiste en que un cierre total sería nefasto para el comercio, por la situación financiera tambaleante para mantenerse operando que alegan estar atravesando, no únicamente por la pandemia, sino por los eventos naturales de la actividad sísmica en el suroeste del país y la secuela de devastación debido al paso sobre Puerto Rico del huracán María en 2017.
Según los comerciantes, el problema de los contagios con Covid-19 en Puerto Rico no ocurre en los comercios, sino en la comunidad, en fiestas familiares sin guardar el distanciamiento entre las personas y sin el uso de las mascarillas profilácticas que cubren boca y nariz.
Los comerciantes no quieren que se vuelva a restringir las actividades del comercio, a pesar del rebrote del Covid-19 habido en las últimas semanas, aunque no hay evidencia científica certera que compruebe que los contagios no ocurren en los comercios.
El problema es que, no habiendo todavía una vacuna aceptada globalmente contra el Covid-19, la otra opción es que se genere en Puerto Rico una inmunidad comunitaria, también conocida como “inmunidad de rebaño”.
Esta inmunidad ocurre cuando una población se hace inmune, bien por exposición al virus o mediante la existencia de una vacuna, cosa que en lo concerniente al Covid-19 no ha ocurrido globalmente todavía, excepto por lo que asegura haber logrado el sistema sanitario de Rusia.
Cuando hay inmunidad comunitaria, llega el momento en que las probabilidades de propagación de la enfermedad son bien bajas. Al llegar ese momento, se considera que esa población ha adquirido inmunidad comunitaria o de rebaño.
Sin una vacuna, únicamente hay una manera posible de lograr inmunidad comunitaria, y es mediante la infección masiva. En tanto que muchas personas podrían recuperarse de la enfermedad, permitir que el virus se propague libremente conllevaría un costo elevado en vidas humanas y otras muchas consecuencias imprevistas.
Según los expertos, el 50% de la población requerirá de inmunidad protectora para que se alcance la inmunidad comunitaria; en cambio, con enfermedades mucho más contagiosas, se requerirá de al menos un 80% de inmunidad protectora para lograr esa inmunidad colectiva.
Llegar a un 80% de inmunidad comunitaria en el caso del Covid-19, implica la incidencia de una gran mortandad en la población, porque según están los asintomáticos y los que se recuperan sin problemas mayores de salud, también hay los que tienen necesidad de hospitalización y tratamientos intensivos, pero los peores casos son los de las personas cuyos patógenos con la infección del virus tienen implicaciones mortales.
De modo que apostar a la inmunidad comunitaria sin la existencia de una vacuna comprobada con certeza, es simplemente arriesgarse a producir un genocidio, por no seguir afectando la economía. INS
P. Rico-Evaluación comisión de la Cámara descubre lagunas en transacción privatizadora con LUMA Energy
San Juan, 1 oct (INS).- Una evaluación sobre la seguridad de empleo y los beneficios marginales que tendrán los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dentro del proceso de privatización del sistema eléctrico del país, permitió hoy a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante Víctor Parés Otero, descubrir lagunas.
Durante los trabajos compareció la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), Sandra Torres, quien presentó su posición en torno a la puesta en vigor de la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, así como la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, específicamente en torno a las garantías que cobijan a los empleados de la AEE, una vez se produzca de la transición a la compañía LUMA Energy.
Torres indicó que las mencionadas leyes “garantizan la protección de los derechos de los empleados de la AEE”.
“Es importante aclarar que el memorando del 31 de agosto de 2020 del director de Recursos Humanos y Asuntos Laborales de la AEE, Marc F. Thys, intitulado ‘Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico’, adolece de especificidad y claridad toda vez que obvió las enmiendas vigentes dispuestas para la sección 15 de la Ley 120-2018 que trata sobre el tema”, dijo la abogada.
Añadió que, como resultado, el documento no contempla los derechos legislados para los empleados de la AEE que sean contratados por la empresa privatizadora con quien se haya estipulado un contrato de transacción, a tenor con el citado estatuto. Estimamos necesario que la AEE coteje dicho memorando y atempere su contenido al estado de derecho vigente”.
El representante Parés Otero señaló que ante sus reclamos en torno a este documento, Thys envió una enmienda a este memorando en el que se atempera la posición de la AEE a las leyes vigentes.
Sostuvo que las disposiciones de esta ley y cualquier contrato de alianza o de venta o privatización que se lleve a cabo en la AEE de conformidad con esta ley, no podrán ser utilizadas por el Gobierno de Puerto Rico como fundamento para el despido de ningún empleado con un puesto regular.
“Ningún empleado regular de la AEE quedará sin empleo ni perderá beneficios como resultados de las transacciones de la AEE”, dijo el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Torres indicó, sin embargo, que no necesariamente la cuantía de los beneficios, tales como el plan médico, serán similares a los que se devenga en la corporación.
Planteó que “a todos los empleados que como el resultado de esta ley sean transferidos bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental o pasen a ser empleados del o los contratantes de las transacciones de la AEE, conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que le sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo establecidos por ley”.
De otra parte y a preguntas de Parés Otero, la funcionaria no pudo precisar la garantía de empleo de los empleados que se muevan a las agencias públicas, bajo la próxima administración. Torres señaló que lo único que les cobija son las leyes actuales y la política pública del Gobierno de Puerto Rico en este cuatrienio de no despedir a ningún empleado público.
Otro de los puntos que se trajo a la atención de la Comisión, es el hecho que la OATRH, no ha participado en el proceso para evaluar a los empleados que se movilizarán a otras agencias, debido a que, según Torres, la AEE como corporación pública tiene autonomía para trabajar este asunto y las consultas que han pedido a la entidad que dirige han sido mínimas.
No fue sino hasta hace varios días, según información vertida en los medios, que LUMA iniciará las entrevistas a los empleados.
“Me llevo una serie de preocupaciones, tales como el hecho de que un empleado que se mueva a una agencia, no se lleva su plan médico, lo que afecta a los trabajadores que tengan familia y dependan de este plan para atender las necesidades médicas de sus componentes”, mencionó el representante Parés Otero, quien se propone evaluar las inquietudes que tienen los empleados de la AEE para redactar un informe que será sometido al pleno de la Cámara de Representantes.
El legislador expresó que ese informe “podrá contener enmiendas a algunas leyes para que sea más claras y específicas, de modo que se garantice en blanco y negro el empleo de estos trabajadores que son 5,500”.
Parés Otero no descartó que estas enmiendas se presenten ante que termine el cuatrienio. INS
ndc