Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 27 ago (INS).- La empresa puertorriqueña de alcance mundial Network and Internet Communications (Naicom Corporation) demandó por $25 millones a la Fiscalía federal y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI), entre los que se encuentra Douglas A. Leff, exagente especial de la división de San Juan.
Los demandados enfrentan una acción de derechos civiles por daños compensatorios y punitivos, en su carácter personal basado en una conspiración, combinación y acuerdo que involucra actos de mala conducta inconstitucional grave y abuso en los procesos, lo que resulta en una clara violación a la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos sobre registros e incautaciones razonables sin causa probable y sin orden judicial, según el documento.
A pocas horas de la corte federal haber recibido la demanda y haberla asignado al juez Pedro A. Delgado-Hernández, el caso fue reasignado al juez de distrito principal de Estados Unidos, John A. Woodcock, Jr., del distrito de Maine, quien ha dado su consentimiento para la transferencia y ha sido designado y asignado para desempeñar las funciones de juez de distrito en el distrito de Puerto Rico.
En lo que al demandado Leff se refiere, éste fue responsable de revisar, analizar y discutir con el asesor legal del FBI la evidencia recolectada durante las investigaciones criminales por sus agentes subordinados.
Leff participó individual y colectivamente con los demandados en la investigación criminal que culminó con la ejecución de la orden inconstitucional y la búsqueda e incautación sin orden judicial contra los demandantes.
Sus acciones, alegan, violaron los derechos constitucionales de los demandantes garantizados por la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la ley claramente establecida. Leff dejó su cargo en Puerto Rico el pasado mes de febrero sin querer abundar en las razones.
Los hechos se remontan al 27 de agosto de 2019, cuando FBI ejecutó dos órdenes de allanamiento, en compañía de investigadores de las empresas competidoras de Naicom, en los cuales se incautó equipo electrónico y una tableta que contenía “los secretos” de la empresa.
El documento legal, presentado por el abogado Rafael Castro Lang, indica que las órdenes de registro e incautación excedieron el alcance de lo que el magistrado federal autorizó.
El 6 de septiembre del pasado año, Naicom, fundada por Darwin Quiñones Pimentel, pidió al tribunal federal la devolución de su propiedad respaldado por la declaración jurada de un agente sobre la cual se basó la orden de registro e incautación y que violó el requisito constitucional de causa probable.
“Esto provocó y fue la fuerza motriz de que se indujera al juez magistrado a creer que existía una causa probable de que se hubiera cometido un delito y que de la búsqueda iba a aparecer prueba incriminatoria penal. Al final, la ejecución del registro y la incautación no arrojó ningún tipo de contrabando ni evidencia de actividad delictiva”, se señala en la demanda.
Por ende, el Departamento de Justicia federal y el FBI fracasaron en su gestión, por lo que la orden de allanamiento contra los demandantes fue desestimada sin oposición de la Fiscalía a que se les devolviera la propiedad y, en efecto, así lo hizo.
La demanda fue presentada bajo la acción Bivens, un recurso por daños y perjuicios que se puede presentar cuando presuntamente un agente federal viola un derecho constitucional.
En cuanto al servicio único que ofrece Naicom, entre el 2002 y 2012, desarrollaron un sistema de dosificación de multidifusión de internet.
La propiedad se identificó como el Entorno Dinámico de Multidifusión Semántica de Internet (Disme). Las fuentes del código Disme se habían mantenido confidenciales bajo la Ley Federal de Defensa de Secretos Comerciales.
La solución patentada por Disme permite que los medios de emisión a través de internet y el servicio IPVT distribuyan contenido de televisión en vivo, a través de internet y redes privadas.
En 2016 los fundadores de Naicom registraron la empresa en el Departamento de Estado de Puerto Rico y obtuvieron la licencia para la distribución de televisión y vídeo ‘on demand’ en Estados Unidos, Islas Vírgenes y Puerto Rico.
Mientras, competidores de NAICOM radicaron una querella en su contra ante las autoridades federales, a fin de que el FBI efectuara una investigación y solicitara una orden de allanamiento para incautar las computadoras, servidores y otro equipo que contenía la información confidencial del proyecto de los demandantes.
No obstante, el FBI nunca contactó los canales Wapa TV, Disney, HBO, y Telecinco, entre otros, para investigar y corroborar si Naicom carecía de las licencias contractuales para distribuir el contenido de programación a través de codificadores domésticos en tiendas minoristas, aparte de confiar ciegamente en la evidencia proporcionada por los demandados (competidores).
De esta forma, los demandados/competidores tuvieron acceso, de forma ilegal, al equipo e información que contenía propiedad intelectual y secreta de Naicom.
Como resultado de las acciones de los demandados, los demandantes han sufrido daños sustanciales, incluyendo la pérdida de libertad, invasión a la privacidad, pérdida de reputación y daño físico. Al mismo tiempo, NNaicom ha sufrido daños económicos millonarios que incluyen la pérdida de ingresos y de ganancias futuras en todos los lugares donde ofrece sus servicios. INS
ndc