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San Juan, 27 ago (INS).- La Asociación de Productores de Energía Renovable (APER) secundó la postura de la junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en torno a la ejecución de los proyectos de energía renovable, al tiempo que denunció que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) continúa haciendo un análisis “viciado” sobre esos contratos, lo cual impacta el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas en Puerto Rico.
El análisis “errado, ligero y poco minucioso” de la JSF sobre estos 16 contratos, renegociados y listos para comenzar, según la entidad, interviene con el desarrollo del sistema eléctrico a nivel local.
“La intervención del ente fiscal en estos procesos entorpece el cumplimiento de la Ley de Política Pública Energética de 2019 y la Ley 57 de 2014; además de detener la creación de casi 9,000 empleos y la inversión de sobre $1,000 millones en la economía de Puerto Rico; y retrasar la reducción y estabilización de los costos de energía eléctrica y la propia implementación del Plan Fiscal Certificado de la AEE del 2020”, sostuvo el director ejecutivo de la APER, Julián Herencia.
Las alegaciones de la JSF se produjeron mediante una misiva enviada a la junta de Gobierno de la AEE el pasado 17 de agosto; comunicación contestada en detalle el 21 de agosto.
El ejecutivo de APER también señaló que “nuestro reclamo es que la JSF haga un análisis completo junto al NEPR y la AEE y que modifique su decisión y recomendaciones en base de los nuevos resultados que ese análisis arrojará. Ya hemos solicitado una reunión con la JSF, en presencia de la AEE y el NEPR, pero aún no han contestado”.
De la JSF mantenerse firme en su postura errada, la APER informó que continuará solicitando información, y financiera de modelos matemáticos utilizados para su revisión.
Herencia explicó que los 593 megavatios de proyectos renovables renegociados logran las dos metas establecidas en el plan fiscal certificado, ya que aumentan la integración de fuentes de energía renovable de manera acelerada, mientras se logra el menor precio posible para los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Aclaró que la responsabilidad de establecer la razonabilidad de los precios de los contratos de venta de energía —y de su impacto en la tarifa de energía eléctrica— corresponde al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), entidad que ya ha revisado y concluido que los precios renegociados son beneficiosos para la gente.
La NEPR, se dijo, también determinó que cumplían con la política pública energética de Puerto Rico. INS
ndc