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San Juan, 20 ago (INS).- El Código Municipal que se aprobó la semana pasada “se queda corto en la lucha contra los estorbos públicos”, aseguró el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, entidad que participó del proceso de consulta para la aprobación de la pieza legislativa por ser la única organización sin fines de lucro en Puerto Rico dedica a trabajar el problema de propiedades abandonadas.
Según la entidad, “al ignorarse ciertas recomendaciones se perdió una gran oportunidad para simplificar y reducir los costos de manejar propiedades que son una amenaza a la seguridad y la salud pública en momentos en que el país vive una crisis sin precedentes”.
Según un estudio comparativo realizado por el centro, Puerto Rico es la jurisdicción con el proceso de declaración de estorbo público más lento y costoso entre los 39 Estados que delegan en sus gobiernos locales el manejo de estas propiedades.
“Por ejemplo, el término promedio que tiene un propietario para corregir un señalamiento es de casi seis meses cuando el promedio en Estados Unidos es de solo 19 días. Peor aún, aquí es donde único se le requiere a los municipios contratar oficiales examinadores que sean abogados o ingenieros lo cual redunda en un proceso innecesariamente oneroso en momentos en que la mayoría de los municipios sufren serias dificultades económicas. La consecuencia de todo esto es que los municipios ni siquiera inician el proceso de declarar un estorbo público a pesar del daño que estas propiedades ocasionan a la comunidad”, sostuvo la agrupación en declaraciones escritas.
Agregó que entre las enmiendas propuestas por la organización que fueron descartadas por la legislatura estuvo la aprobación de una nueva definición de estorbo público atemperada a los retos que enfrenta actualmente el país.
A modo de ejemplo, la entidad acusó que se puede utilizar la definición vigente para declarar como estorbo público una propiedad que no esté conectada a la red eléctrica porque opera con un sistema solar.
Entre las nuevas disposiciones que sí fueron aprobadas está el marco legal estatal para crear Bancos de Tierras Comunitarios.
Estas corporaciones municipales se deben establecer con el fin de adquirir, administrar o redesarrollar propiedades problemáticas.
“Sin embargo, contrario a lo contenido en el proyecto original, la versión final del Código no contiene algunas disposiciones que buscaban proteger ante posibles desplazamientos y garantizar mayor participación comunitaria”, alertó la organización. Abundó que “tanto el CRH como el Center for Community Progress, organización pionera en todo lo relacionado a los CLBs, rechazaron a través de comentarios escritos la supresión de esas garantías conscientes del historial de abuso de su poder de declaración de estorbo público de algunos municipios. Sin ir más lejos, el municipio de Arecibo tuvo que responder recientemente por las acciones de una compañía de bienes raíces que bajo contrato inició estas declaraciones, incluso, en propiedades habitadas, lo que generó una respuesta comunitaria que obligó al municipio a cancelar el contrato”.INS
ndc