P. Rico-Gobernadora convierte en ley proyecto que provee servicios a mujeres embarazadas médico indigentes

San Juan, 15 ago (INS).-  La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó el proyecto del Senado 1168 para crear la Ley para Establecer el Derecho al Cuidado Prenatal, Parto y Postparto para Embarazadas Médico Indigente en Puerto Rico, con el propósito de que esta población reciba servicios médicos adecuados y accesibles, sin tomar en consideración su estatus migratorio.

“Esta es una medida de justicia social y salubrista. Toda mujer, no importa su condición social o migratoria, debe de tener el derecho de recibir una atención médica adecuada. No hay duda de que la ausencia de un cuidado prenatal podría ser perjudicial, tanto para la salud de la madre como de la criatura”, manifestó la primera ejecutiva.

La medida fue presentada por el senador Miguel Romero, luego de que una medida similar fuese vetada en el año 2018.

El proyecto recuerda que en 2012, el exgobernador Luis Fortuño emitió la orden ejecutiva 2012-53 para ordenar al Departamento de Salud establecer un mecanismo para prestar servicios de cuidado prenatal, parto y postparto a mujeres embarazadas médico indigentes residentes en Puerto Rico, sin tomar en consideración su estatus migratorio.

Para viabilizar dicha política pública, el Departamento de Salud aprobó el Reglamento 8267 titulado Reglamento para detallar el proceso y los criterios que permiten la elegibilidad y ofrecer servicios prenatales, parto y postparto para toda embarazada residente en Puerto Rico y que no pueden sufragar estos cuidados de salud.  En esa ocasión era secretario de Salud el actual secretario, Lorenzo González Feliciano.

La exposición de motivos de la medida destaca lo imperante que es proveer servicios médicos adecuados y accesibles a mujeres embarazadas médico indigentes con estatus migratorio indefinido que sean residentes de Puerto Rico, y dichos servicios médicos deben dimanar de una fuente legal más robusta, siendo la aprobación de esta ley el medio más apropiado.

“Es una medida justa, que da fuerza de ley a medidas tomadas anteriormente y que, además, no conllevan un nuevo gasto gubernamental. Por el contrario, podría ahorrar fondos dado a que una vez reciban el cuidado prenatal necesario, podría evitar el riesgo de condiciones que puedan surgir de no recibir el cuidado mientras están embarazadas”, explicó la gobernadora. INS

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