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Santo Domingo, 13 ago (INS).- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) comunicó al Gobierno dominicano que está apoderada de una instancia por violación al derecho de propiedad en perjuicio de uno de los afectados por las decisiones judiciales que involucran terrenos turísticos en las comunidades Enriquillo y Pedernales región suroeste del país.
El organismo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA) comunicó el hecho mediante el registro número P-1692-20, a través de las instancias correspondientes, a fin de que el Estado tome conocimiento del expediente, el cual se encuentra en una fase de estudio.
Se refiere a reclamo reclamo del ingeniero Manuel Carvajal Sánchez, quien presentó el caso en un escrito detallado por intermedio de su abogado Héctor Rafael Tapia Acosta.
La demanda fue encaminada en Washington, Estados Unidos, por mediación de Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, quien también comunicó al denunciante que la misma se encuentra en la etapa inicial del análisis correspondiente para proceder a tomar una decisión.
Carvajal Sánchez invoca en la querella su calidad de tercero adquiriente de buena fe en el caso de las parcelas 215-A-47, 215-A-48 y 215-A-65 del distrito catastral 3 del municipio de Enriquillo, cuyos títulos de propiedad han sido anulados por supuestamente “haber sido registrados de manera fraudulenta”.
Indica que al adquirir los terrenos se pudo comprobar que los mismos no tenían ningún tipo de oposición para ser transferidos “y teniendo este documento la garantía del Estado, hace innecesario que se examinen libros de registros, y no se puede presumir la existencia de un concierto fraudulento, por lo que la presunción de adquiriente de buena fe se impone”.
Afirma que el Estado dominicano puso en litigio el caso, incurriendo en “una intervención descarada del Poder Ejecutivo, maniobrando descaradamente para conculcar derechos fundamentales e inalienables como el derecho de propiedad y el derecho de defensa”.
El documento hace saber a la entidad de la OEA que al momento de adquirir los predios de referencia, el registrador de títulos de la jurisdicción se negó al proceso rutinario del inmueble, alegando que los originales que avalan la misma no se encontraban en esa oficina.
“Esta eventualidad, totalmente inusual y anómala, ha impedido de manera inconstitucional, ilegal y arbitraria, que se formalice el registro de los referidos derechos sobre los inmuebles a favor de su legítimo y único propietario, el señor Carvajal Sánchez, cuyos derechos con vocación registral no han sido cuestionados a todo lo largo del proceso que nos ocupa”, sostiene el organismo internacional en un comunicado dado a los medios.
La instancia judicial argumenta que, además de la violación al derecho de propiedad, en el proceso que afecta a Carvajal Sánchez “se ha vulnerado el artículo 12 de la ley de casación que consagra la suspensión de la ejecución de las sentencias recurridas”.
Denuncia que esta situación “ha producido una cadena de violaciones a las normas jurídicas de la República Dominicana, incluyendo decisiones de la propia Suprema Corte de Justicia”, razón por la cual se ha visto precisado a procurar la tutela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Precisa que decisiones del Tribunal Constitucional se han referido a la protección del derecho de propiedad, invocando decisiones de la Suprema Corte que establecen la protección de los terceros adquirientes frente a la eventualidad de irregularidades cometidas por el vendedor. INS
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