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Santo Domingo, 12 ago (INS).- El Consejo del Poder Judicial dominicano destituyó a tres jueces tras hallarlos culpables de incurrir en graves faltas disciplinarias al pactar con personas vinculadas a un caso de narcotráfico y actuar con parcialidad a favor de los demandantes en un proceso contra una compañía distribuidora de electricidad.
Los afectados por la decisión son Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Ysabel Díaz, magistrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Robert Antonio de Aza Batista, de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana, región suroeste dominicana.
La medida a los dos primeros responde a la investigación abierta en 2017 en relación con la sentencia que ordena un nuevo juicio a los imputados Winston Rizik y Nelson Rizik, procesados en la comunidad Monte Plata (región este) por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
La acusación indicaba que Pérez García, entonces presidente de la corte, sostuvo reunión con un emisario a fin de convenir cuál sería el resultado de la decisión que se iba a adoptar y que ese intermediario sostuvo diversos encuentros con uno de los imputados, interacción en la que hubo acuerdos e inclusive entrega de suma de dinero.
El expediente disciplinario indica que Saulo Ysabel Díaz realizó contacto con personas allegadas al proceso y a las partes a fin de producir un voto disidente en torno a favorecer la libertad de los imputados, acción por la que se aprovechó de determinadas partidas económicas.
La sanción establece que los investigados violaron el principio de legalidad establecido en la Ley de Organización Judicial, 821, y sus modificaciones, y en el artículo 66, numerales 7 y 14, de la Ley 327, sobre Carrera Judicial, además de las normas de objetividad y equidad, imparcialidad administrativa y judicial, prudencia, responsabilidad y transparencia del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial.
En cambio, el juez Antonio de Aza Batista fue hallado responsable por parcialidad a favor de 37 personas beneficiadas con una sentencia que condenaba a la Empresa Distribuidora de Energía Sur (Edesur) al pago de dos millones de pesos dominicanos (34,112 dólares) por daños y perjuicio, por tirar una línea de cables por terrenos de los demandantes, cuya propiedad se pretendió probar con documentos firmados por un estudiante que fingió ser agrimensor.
El Consejo del Poder Judicial determinó que durante el conocimiento del caso, el magistrado mantuvo contactos, tanto con el abogado de las partes, así como con el representante legal de todos los demandantes y testigo principal, con unas 30 llamadas registradas.
En una Resolución Disciplinaria marcada con el No.004-2020, el Consejo halló al juez responsable de violentar los artículos 41, 1, 3, 60, 61 y 66 numeral 2 de la Ley 327-98, sobre Carrera Judicial, y los artículos 147 numerales 1, 14, 15 y 18, y 149 numeral 2 de su Reglamento de Aplicación, así como el principio de imparcialidad.
En ese proceso, también declara no responsables a los jueces Milton Castillo, Ernesto Ramírez y Loyda de la Rosa, quienes conocieron la demanda en la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana.
No obstante, esos profesionales fueron remitidos por ante el Comité de Comportamiento Ético, por haber emitido opiniones “que no son propias de un juzgador”, en torno a la acusación de que había hecho Edesur al juez de primera instancia.
Se recuerda que la Inspectoría General del Poder Judicial inicio una investigación en marzo del 2017, contra los tres profesionales del derecho que emitieron una sentencia mediante la cual se anulaba una condena de diez y cinco años, respectivamente, impuesta contra el empresario Winston Rizik y su hermano Nelson Rizik Delgado, acusados de narcotráfico, lavado de activos y de tráfico de armas.
En esa ocasión, los magistrados Saulo Ysabel Díaz, Manuel del Socorro Pérez García y Rosaly Yovianka Stefani Brito dejaron sin efecto la condena pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Monte Plata. Mientras, que la jueza Stefani Brito, luego de iniciada la investigación, fue sacada del expediente.
El empresario Winston Rizik cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito de La Vega (norte), al ser condenado a diez años en mayo de 2016. INS/mv