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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 10 ago (INS).- Muerto todo vestigio de la institucionalidad que sustenta el sistema político del país con el fiasco producto del caos de las primarias de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) como iniciación del proceso electoral, el espíritu del estado de derecho es lo que insufla ahora una esperanza a la pervivencia sistémica que define la esencialidad de lo que ha sido hasta el momento la institucionalidad democrática de la sociedad puertorriqueña.
Es jurídicamente ahora que se oxigena el sistema democrático tras el caos evidenciado en las primarias por la institución que dirige el sistema electoral puertorriqueño y desde donde parte toda legitimidad de la gobernanza por voluntad del pueblo.
Es en el sistema judicial que descansa en estos momentos todo intento de legitimar la democracia de Puerto Rico, cuando la institución creada para ello, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), ha fracasado en dirigir la práctica procesal del sistema democrático.
Resolver la interrupción del proceso primarista a consecuencia de un caos administrativo de la CEE sin dejar lesionada la voluntad democrática de los ciudadanos que participaron en las primarias de ambos partidos mayoritarios de cara a las elecciones generales en poco más de dos meses y medio es tarea gigante del sistema judicial.
Cómo emitir determinaciones inmediatas que armonicen el caleidoscopio de opiniones de cómo resolver este caos dejado por la CEE dentro del espíritu de la ley y protegiendo el derecho democrático de los electores que ya participaron o que desean participar en las primarias es donde radica el quid de todo este asunto en pleno proceso de debate público.
Lo que sí queda meridianamente claro es que la interferencia política debe estar fuera de toda deliberación judicial y el proceso debe ceñirse exclusivamente al espíritu legal de protección a la transparencia de la democracia procesal, que es para lo que la CEE fue instituida en lo cual falló en medio de un cuestionado nuevo Código Electoral impuesto a última hora por la mayoría del PNP, que despojó de representatividad en igualdad de condiciones a los demás partidos.
La esencia de la participación democrática está en juego al presente y toca al sistema judicial garantizar la salvaguarda de los valores que sustentan la legitimidad institucional del país dentro del marco del estado de derecho, guiado únicamente por el espíritu de la ley y no por proclividades a defender intereses políticos particulares.
En el sistema judicial el pueblo deposita su confianza en estos momentos de caos que pone a tambalear la democracia y sus valores. INS
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