P. Rico-Coronavirus/Brote de Covid-19 en los hogares es una violación a los derechos de la población vieja

San Juan, 7 ago (INS).- La Brigada de la Tercera Edad denunció como una violación a los derechos de la población vieja el mal manejo por el gobierno de la prevención del contagio por Covid-19 en los hogares y centros de larga duración del país.

La política pública del gobierno hacia la población vieja establece que se le debe garantizar el acceso a servicios de salud y añade que deben ser prioridad, por lo que siendo la pandemia una amenaza real a la población, la Brigada entiende que entidades como la Oficina de la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) deben comenzar un proceso de fiscalización y denuncia sobre la situación que enfrentan los hogares.

La presidenta de la Brigada, Amada Z. García Gutiérrez se expresó de manera contundente en el sentido de que el gobierno puertorriqueño ha demostrado ser incapaz de cumplir con sus objetivos de prevención y como consecuencia los hogares se han visto afectados.

“El gobierno debe informar un plan estratégico claro y riguroso con el fin de prevenir que esto siga sucediendo”, enfatizó García Gutiérrez.

En el mes de marzo el gobierno anunció que se realizarían pruebas masivas en los hogares y centros geriátricos de la isla con el fin de garantizar la seguridad de la población, acuerdo que recientemente se le asignó al Departamento de Salud y el Departamento de la Familia, sin embargo en las pasadas semanas se hicieron público al menos tres hogares con casos del Covid-19 (en Carolina, en Bayamón y en Vega Baja), situación que le ha costado la vida a algunos y ha puesto en riesgo la seguridad de la población vieja y sus cuidadores, denunciaron.

Mariangely Lebrón y la gerontóloga Lymaris Ortiz, ambas miembros de la junta de la Brigada de la Tercera Edad, expusieron que parte de la preocupación de la organización es que “conocemos solo de tres hogares porque han salido a la luz pública”.

“La organización se pregunta cuántos hogares están enfrentando un brote de Covid-19 y aún se desconocen. El llamado de la Brigada es el de garantizar el derecho de la salud de nuestra población vieja de una forma responsable, diligente, organizada y transparente”, plantearon.

Ambas activistas consideran que no es suficiente con que el gobierno informe que el Departamento de Salud se hará cargo de la distribución de las pruebas.

“La comunidad vieja, sus familiares, sus cuidadores y los/as dueños/as de hogares tienen el derecho de conocer cuáles serán las estrategias para evitar mayor propagación del virus dentro de los hogares”, apuntaron.

Las portavoces de la Brigada destacaron que es evidente los efectos que tienen la fragmentación de los servicios, que ha sido denunciada en varias ocasiones.

“En la Brigada exigimos que no solo se garanticen el acceso a las pruebas, sino que también se les garanticen herramientas y equipo de protección a los hogares y sus cuidadores”, insistieron.

La organización entiende que de la única forma que evitaremos un problema mayor es garantizando el acceso a las pruebas, restricciones más rigurosas, inspecciones periódicas por parte de las agencias pertinentes, reforzar las medidas de seguridad del personal y la transparencia de la información que se le brinda al pueblo puertorriqueño. INS

ndc