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Manuel Rivas abordado por los periodistas luego de recibir la libertad condicional. Inter News Service
Santo Domingo, 4 ago (INS).- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso libertad condicional al ex director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) Manuel Antonio Rivas, quien es procesado por supuestos actos de corrupción en esa dependencia estatal que ocasionaron el asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez.
El tribunal dictaminó que el imputado no siga cumpliendo prisión preventiva y en cambio le impuso una garantía económica de RD$4 millones (68,224 dólares) e impedimento de salida del país.
Desde hace tiempo, los abogados de Rivas buscaban que el tribunal cambiara la medida de coerción.
El tribunal varió la medida de coerción de un año de prisión emitida, el 19 de octubre de 2017, impuesta por la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Leonarda Quezada, decisión que afectó también a los acusados de raptar y asesinar al catedrático, quien había denunciado las irregularidades.
En esa ocasión, la jueza Quezada ordenó que Rivas cumpliera la ordenanza en la cárcel Najayo Hombres, situada en la provincia San Cristóbal (región sur).
Otros implicados en el crimen son el coronel de la Policía Nacional y encargado financiero de la institución Florentino Rosario Díaz; José Antonio Mercado, alias El Grande, señalado como el autor material; el empresario Eddy Santana Zorrilla, proveedor de esa entidad y de otras cinco instituciones del Gobierno, y Argenis Contreras, aún prófugo de la justicia dominicana.
En una entrevista realizada por el periodista Salvador Holguín desde el Centro de Rehabilitación y Correcciones del Condado de Hudson en Nueva Jersey, Estados Unidos, Contreras reveló que fue el coronel Rosario y Santana Zorrilla, quienes mandaron a matar al profesional del derecho.
Alegó que estaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el momento en que fue asesinado Yuniol Ramírez, donde fue testigo presencial del crimen, cuando dos sicarios enviados al campus universitario lo asesinaron de un disparo en la cabeza.
El Ministerio Público otorgó a este caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 123, 124, 125, 166, 167, 170, 171, 172, 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 301 del Código Penal Dominicano, los artículos 66 y 67 la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Material Relacionado.
Ramírez fue ejecutado en un intento de los acusados de evitar que salieran a luz pública los presuntos detalles de los entramados de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses.
Según las investigaciones realizadas por los fiscales, al jurista lo habrían matado en octubre del 2017 porque supuestamente extorsionaba al director Manuel Antonio Rivas, versión negada por los familiares de la víctima y que, por el contrario, dio pistas para indagaciones sobre una auditoría hecha por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que reveló las multimillonarias irregularidades realizadas por largos años.
Entre los hallazgos que, además de Rivas, involucran a unos 20 empleado de la OMSA, están pagar sin previos contratos RD$3,029,885,296 (equivalentes a 51,6 millones de dólares) a 51 proveedores, entre el 2012 y 2017.
Se verificó durante el año 2016 que varias unidades fueron reparadas dos veces por conceptos idénticos, con facturas en fechas similares, por un monto de RD$895,930 (15,281 dólares).
De acuerdo con los detalles de la auditoría, las órdenes de servicio que sobrepasan el umbral para compras directas sin contratos asciende a RD$ 2,209,242,493 (unos 37,7 millones de dólares). INS
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