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Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán Grullón, Ángel Rondón, Roberto Rodríguez y Andrés Bautista García, acusados del caso corrupción Odebrecht. Inter News Service
Santo Domingo, 30 jul (INS).- El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en la nación dominicana, fijó para el 21 de septiembre el inicio del juicio de fondo a los imputados del caso de corrupción del consorcio brasileño Odebrecht.
El auto de fijación de la audiencia, que se realizará de manera presencial, iniciará a las 10:00 de la mañana, hora local, contra Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Tommy Galán Grullón.
El tribunal fijó la fecha acogiéndose a los plazos que establece el Código Procesal Penal en su artículo 305, así como por la necesidad de garantizar la participación de todas las partes en condiciones propicias para la salud.
La jueza presidenta de la corte, Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, indica en el auto que el tribunal analizó las condiciones y particularidades del caso así como de la situación sanitaria del país, en la que “se registra un aumento sistemático de los casos de contagio”, para identificar un momento que permita “evaluar la evolución de este virus y garantizar la salud y seguridad de todos los participantes”.
Solo en representación de las partes, habrá 40 personas en la sala de audiencia, motivado a que a los cinco imputados se suman 20 defensores técnicos y 15 representantes del Ministerio Público.
Previo a la audiencia, la presidencia del Primer Tribunal Colegiado deberá conocer y decidir los incidentes, excepciones y recusaciones que presenten las partes.
De acuerdo a las informaciones, el tribunal, además, prepara el orden en que las partes presentarán sus pruebas y testigos, entre otros preparativos no jurisdiccionales del juicio.
Con respecto del imputado Tommy Galán Grullón, cuyo caso fue declinado a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia debido a que estaba protegido por la inmunidad legislativa, el magistrado presidente Francisco Jerez Mena, conoce los incidentes, excepciones y recusaciones presentados por la defensa técnica de quien fuera senador, conforme lo establece el Código Procesal Penal.
Sin embargo, Galán Grullón agotó su condición de legislador al fracasar en el intento de repetir por cuarta ocasión como senador de la provincia San Cristóbal para el período 2020-2024 durante las elecciones del 5 de julio en representación del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Se desconoce si será juzgado en un tribunal de primera instancia después de perder la inmunidad parlamentaria.
En febrero pasado, la Segunda Sala le fijó apertura a juicio para el 16 de abril y el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para el 20 de abril, con respecto a los demás imputados. Ambas fechas resultaron afectadas por el período de emergencia nacional por el coronavirus Covid-19, por lo que las audiencias quedaron suspendidas.
Esto se produjo luego de que en la Resolución 004-2020, del 28 de enero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarara su incompetencia para conocer el proceso y ordenara remitirlo por ante las instancias antes citadas.
El Ministerio Público dominicano abrió una investigación en perjuicio de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht que en diciembre de 2016 reconoció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber entregado sobornos a funcionarios públicos del gobierno de 12 países, entre ellos la República Dominicana, durante los últimos 20 años para obtener beneficios en contrataciones públicas.
La empresa admitió que pagó en la nación insular caribeña 92 millones de dólares en coimas, la mayor suma pagada por la compañía fuera de su país de origen.
En enero de 2017, la Procuraduría General de la República procedió a allanar las oficinas del consorcio carioca en el país y la multó por un monto de 184 millones de dólares, el doble de lo pagado en esa acción delictuosa, tal y como lo establece la Ley 448-06 sobre Sobornos en el Comercio.
En abril, Odebrecht acordó cooperar en la causa con las autoridades judiciales dominicanas a cambio de que sus ejecutivos no fuesen procesados y que la compañía pudiese seguir operando en el territorio quisqueyano cuando trabaja en la construcción de la planta termoeléctrica Punta Catalina inaugurada ayer, miércoles, por el presidente Danilo Medina. INS
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