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Resumen de noticias para el lunes 20 de julio de 2020
P. Rico-Portavoz del PPD envía carta al fiscal federal para pedir su intervención en “esquema de corrupción” gubernamental por referirdos a la Opfei y proceder del Departamento de Familia
San Juan, 20 jul (INS).- El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, le envió una carta al fiscal federal, Stephen Muldrow, para solicitar la intervención federal en un esquema de corrupción en el Departamento de la Familia luego de que la exsecretaria Glorimar Andújar separara sumariamente de sus funciones a Surima Quiñones.
Esto, luego de una querella que recibe sobre la retención de la repartición de los suministros para los afectados para que fueran repartidos por funcionarios electos específicos para fines político-partidistas.
La solicitud de investigación por parte de Hernández Montañez es motivada por la falta de transparencia e interrupción a la Justicia por parte de la exnominada secretaria de Justicia, Wandymar Burgos, quien ordenó retirar referidos hechos por su predecesora Dennise Noemí Longo Quiñones, antes de que fueran sometidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).
También ante la inacción en general del propio Departamento de Justicia, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y de otras agencias reguladoras, y debido al nuevo descubrimiento de otras violaciones de leyes federales.
En la misiva, Hernández Montañez recuerda el referido del pasado 27 de enero “por posible violación a la ley federal 18 (US Code § 598 – Coercion by means of relief appropriations) en el que reiteramos que es un asunto de alta importancia y que la oficina que usted dirige debería investigar y expresarse al respecto”.
Se expone el “manejo ilegal de recursos federales para beneficio político partidista, que en aquel momento colocó en peligro las ayudas para los damnificados”.
“De manera específica, la exsecretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andujar, separó sumariamente de sus funciones a la licenciada Surima Quiñones, luego de una querella que recibe que ésta estaba reteniendo la repartición de los suministros para los afectos para que fueran realizados por funcionarios electos específicos para fines político-partidistas. Acción que es contraria a la reglamentación federal y estatal”, advierte.
Añade que “en lo que corresponde a delitos federales, en la pasada comunicación le indicamos que procediera a la investigación de posibles violaciones a 18 US Code § 598”.
“Del mismo modo, referimos el caso al Hatch Act, que restringe la actividad política de las personas empleadas principalmente por agencias ejecutivas estatales, del Distrito de Columbia o locales y que trabajan en relación con programas financiados total o parcialmente por préstamos o subvenciones federales. (SEC. 1501.(4))”.
Hernández actualiza su petición “con una serie de eventos y revelaciones que abonan a la investigación del referido caso de corrupción gubernamental. El pasado 11 de marzo, el secretario interino del Departamento de la Familia, Eddie García Fuentes, informó a la Cámara de Representantes, a través de la directora de la división legal del Departamento, Corallys Veguilla, los resultados de una investigación interna al respecto”.
Entre los puntos más relevantes del referido informe, se resaltó:
-Los procedimientos de distribución de alimentos se establecen en el Título 7 CFR§ 251 de la Regulación Federal del Programa TEFAP. Dicha reglamentación establece unas limitaciones en cuanto a actividades no relacionadas que se podrían llevar a cabo durante las distribuciones de alimentos.
-Se concluye que, en efecto, la senadora Evelyn Vázquez tenía pleno conocimiento de la logística del Departamento de la Familia para la entrega de suministros.
-Además, aparentaba tener autoridad para impartir instrucciones hasta el grado de comunicarse directamente con la Administradora de la Administración de Desarrollo socioeconómico de la Familia, Surima Quiñones. Por lo que se induce que la exadministradora lo permitió.
-Por último, el informe expone que las declaraciones de los testigos establecen que la senadora Evelyn Vázquez ejerció intromisiones indebidas durante la distribución de alimentos.
“A pesar de esto, al presente la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico no se ha expresado al respecto. Por el contrario, el pasado 6 de julio de 2020, la exsecretaria del Departamento de Justicia, Dennise Noemí Longo Quiñones, antes de ser removida de su cargo, le dio paso a esta investigación, sometiendo seis referidos al Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei)”, expone la carta.
Agrega que “allí se incluyen otros funcionarios del gobierno de Puerto Rico, incluyendo a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, el secretario de Estado, Elmer Román, entre otros. En un acto de intromisión indebida y de obstrucción a la Justicia, la recién nombrada a secretaria, Wandymar Burgos, ordenó retirar dichos referidos antes que fueran sometidos al OPFEI”.
“De igual forma, fue retirado el nombramiento de la licenciada Burgos para el cargo de secretaria de Justicia. Ante la falta de transparencia e interrupción a la Justicia en los procesos del propio Departamento de Justicia estatal en estos momentos, la inacción de otras agencias reguladoras, y debido al nuevo descubrimiento de otras violaciones de leyes federales antes mencionadas, solicitamos su intervención a este asunto”, concluye la misiva. INS
P. Rico-Fas Alzamora presenta propuesta de pacto de asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos
San Juan, 20 jul (INS).- El exsenador Antonio Fas Alzamora dio a conocer ayer una propuesta sobre un pacto bilateral de asociación permanente entre Puerto Rico y Estados Unidos con el objetivo de ayudar en la solución del problema del estatus político actual, lograr el desarrollo económico del país y la justicia social.
“El pacto de asociación que propongo es de naturaleza no colonial y no territorial, sostenido y fundamentado en la soberanía del pueblo puertorriqueño. Es vinculante y cumple plenamente con el derecho internacional; además, reconoce la capacidad de nuestro pueblo de pactar una asociación digna en equidad e igualdad con Estados Unidos, reafirmando nuestra singular identidad nacional”, explicó.
El proyecto es una versión actualizada de la propuesta que dio a conocer en el año 2010, y uno de los efectos jurídicos que conlleva es que el gobierno de EEUU renuncia a su autoridad colonial sobre los puertorriqueños.
“Por lo tanto, Puerto Rico cambia su relación territorial colonial por una relación con dignidad dentro del marco de la Constitución de Estados Unidos de América”, destacó Fas Alzamora.
El expresidente del Senado dijo que el pacto utiliza como modelo las experiencias de Estados Unidos al acordar relaciones de asociación con las islas del Pacífico, pero “puertorriqueñizándola”, al permitir que todos los nacidos de un padre o una madre puertorriqueños transfieran la ciudadanía americana por nacimiento a sus hijos.
“Con mi propuesta, Puerto Rico se reserva la facultad de imponer tarifas aduaneras a los productos y mercancías extranjeras protegiendo sus productos, controlará los asuntos laborales, ambientales, las comunicaciones, al igual que el espacio aéreo y el ‘derecho del mar’, teniendo la autoridad sobre sus recursos marinos hasta 200 millas náuticas”, apuntó.
Además, dijo que Puerto Rico tendría el poder de hacer tratados comerciales y representación internacional plena, control de la inmigración y la eliminación de las leyes de cabotaje.
“Se mantiene la común ciudadanía, mercado, moneda, defensa con los EEUU, y Puerto Rico retiene su autonomía fiscal. Se suscriben y mejoran acuerdos de cooperación sobre asuntos de seguridad, incluyendo las ayudas en casos de desastres naturales, epidemias y pandemias. Con este acuerdo bilateral las partes solo podrán terminar la unión permanente que provee este pacto de asociación por mutuo acuerdo”, agregó.
De igual manera, explicó que el gobierno de EEUU proveerá igual o más en asignaciones económicas al Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico. Estas asignaciones económicas estarán designadas para los sectores de la salud, educación, seguridad, desarrollo del sector privado, organizaciones sin fines de lucro, ambiente, infraestructura pública, para combatir la pobreza en los niños, programas y obras de justicia social, agricultura y a los gobiernos municipales o para otros sectores acordados mutuamente”.
“Se mantendrán todos los beneficios y derechos adquiridos por los ciudadanos, como las ayudas para asistencia nutricional, el Seguro Social, pensiones, Medicare, veteranos y empleados de gobierno federal. Además, se incluye el Seguro Social Complementario, la Asistencia Nutricional Suplementaria, el pleno acceso al Medicaid y al crédito federal por niños dependientes”, añadió Fas Alzamora.
Aparte, seguirán las contribuciones económicas que actualmente Puerto Rico le aporta a EEUU y aumentarán o disminuirán las mismas conforme a lo acordado en el pacto.
En cuanto a la deuda pública del ELA, el pacto propone una auditoría ciudadana, se elimina la Junta de Supervisión Fiscal, y el gobierno de EEUU asumirá la responsabilidad de pagar la deuda, conforme al derecho internacional y las leyes de los Estados Unidos, como se ha realizado en el pasado con otros casos, habiendo varios precedentes al respecto.
Además, se mantendrán y aumentarán los incentivos contributivos de parte de EEUU para atraer empresas con inversiones privadas a Puerto Rico.
El pacto de asociación cumple y está basado en la Resolución 2625 de las Naciones Unidas de 1970, aún vigente y respaldada por Estados Unidos.
“El pacto que propongo da por terminada la relación indigna, desigual, colonial y proveerá las herramientas para poner en funciones un proyecto de país, cuyo resultado debe ser la creación de un nuevo sistema económico anclado en la productividad, en el empresarismo, cooperativismo, turismo y la innovación, realizando una evolución y transformación positiva en nuestra relación con EEUU y las demás naciones”, puntualizó Fas Alzamora.
Opinó que “esta propuesta es mejor al ELA territorial actual, a las formas de libre asociación existentes y muy superior a la estadidad o la independencia”.
La propuesta completa, en formato legal y detallado, está disponible en www.pactodeasociacion.com y en las redes sociales. INS
P. Rico-Eduardo Bhatia presenta propuestas para el área de seguridad pública, con énfasis en la prevención y reforma de sistema judicial
San Juan, 20 jul (INS).- Eduardo Bhatia Gautier, aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), entregó ayer una serie de propuestas sobre seguridad pública, que consta de cuatro ejes de transformación y trece puntos que forman parte de su agenda y visión para prevenir el crimen y reformar el sistema de justicia criminal.
Los ejes son la prevención, por intermedio de la lucha contra la pobreza y la inequidad, el uso de tecnología, cambios en el procesamiento criminal y rehabilitación efectiva de los confinados.
Para Bhatia, “los factores sociales del perfil del delincuente inciden sobre la conducta delictiva. Esas estrategias incluirán el desarrollo de opciones educativas, de empleo, vivienda segura, cubierta médica, estabilidad familiar, apoyo psicológico, supervisión de menores e inversión de recursos de forma estratégica para combatir la pobreza y la desigualdad social”.
Las estrategias incluirán la inversión de fondos en áreas deprimidas, el uso de estrategias de desarrollo con una lógica social, y reformular las estrategias para atender la alta adicción a drogas ilegales y opioides, para reclasificarlas como problemas de salud y no de crimen.
Mientras que en lo referente al uso de la tecnología, indicó que “es una herramienta fundamental para combatir el crimen en el siglo 21. La mayoría de estos instrumentos van dirigidos a detectar patrones de conducta criminales que puedan ayudar a establecer estrategias de vigilancia preventiva y el esclarecimiento de casos”.
Respecto del procesamiento criminal, Bhatia señala que “uno de los grandes problemas que enfrenta el país es el clima de impunidad que permea ante la reducción de los esclarecimientos y el procesamiento criminal de los delincuentes. La inteligencia e investigación criminal son fundamentales para lograr un aumento en los esclarecimientos y en las convicciones”.
Sobre la rehabilitación, dijo que “la mayoría de los confinados son reincidentes, lo que significa que los programas de rehabilitación no están funcionando como es debido. Impulsaremos una transformación total del sistema y los programas de rehabilitación y reinserción de exconfinados, siguiendo el enfoque de política pública salubrista y adaptación social efectiva”.
Las propuestas que forman parte de su agenda son las siguientes:
–Más policías dedicados a mantener el orden. Se finalizará el proceso de reasignar suficiente personal en el gobierno para liberar los 1,800 miembros de la Policía que hoy se encuentran realizando funciones administrativas y así asignarlos al servicio activo.
Además, mediante legislación, se les delegará más autoridad a los policías municipales para que inicialmente puedan investigar una amplia gama de delitos menos graves y, prospectivamente, algunos delitos graves. Habrá mejor coordinación entre la Policía estatal y la municipal para evitar la duplicación de servicios.
-Uso de tecnología para prevenir y combatir el crimen. Batallaremos el crimen utilizando bases de datos, aprendizaje automático y análisis predictivo. Esto permitirá, entre otros, destinar recursos conforme a los patrones cambiantes de delincuencia.
También, se reactivará la unidad de detección de disparos “Shotspotter”, se incorporará el uso de aviones teledirigidos (drones) y un sistema robusto de localización GPS en todas las patrullas. Habrá mayor presencia aérea en nuestras fronteras para impedir la entrada de drogas ilícitas.
–Investigaciones robustas para esclarecer delitos. Se asignarán más recursos para investigación, incluyendo la contratación adicional de detectives y la expansión de capacidades en los laboratorios forenses. Le devolveremos completa autonomía al Instituto de Ciencias Forenses para que opere independiente de la estructura del fracasado Departamento de Seguridad Pública.
Se promoverá aún más especialización por materia, y habrá programas recurrentes de capacitación adecuada en el área de entrevistas e interrogativos. Se requerirán reuniones periódicas entre los fiscales, agentes y supervisores. Para asistir en las investigaciones, se reactivarán los programas de compensación a los confidentes.
–Modelo Portugal. En los casos de delitos relacionados con simple posesión de drogas, utilizando el modelo Portugal como guía y en coordinación con el gobierno federal, se impulsará el tratamiento y la rehabilitación por encima de la criminalización. Esos casos deberán terminar en un desvío de tipo administrativo, y no en los tribunales.
Se establecerá un Community Resilience Board con miembros de las comunidades con historial de uso problemático de sustancias para desarrollar estrategias de prevención. Se implantarán programas agresivos de reducción de daños (harm reduction), incluyendo terapias de sustitución con opioides y la ampliación de servicios educativos y comunitarios.
–Cero impunidad en torno a la intimidación de testigos. Se incrementarán las penalidades criminales por intimidación a testigos, y se incoarán procesos de enjuiciamiento amplios y agresivos en contra de todos aquellos que conspiraron o de otra manera asistieron en ésta.
Conjuntamente, se dedicarán todos los recursos necesarios para darle tranquilidad y seguridad a los testigos, incluyendo, según sea necesario, protección comprehensiva (pero no intrusa) a estos y sus familiares. Para los casos de alto riesgo, se utilizarán recursos federales disponibles para mudarlos fuera de Puerto Rico y proveerles una transición adecuada.
-Mejores condiciones de trabajo para nuestros policías. Se identificarán los recursos necesarios para que su remuneración total sea competitiva con las ofrecidas por otras jurisdicciones, y para mantener los beneficios a la par con los incrementos periódicos en el costo de vida.
Crearemos una oficina cuya misión será maximizar la retención de nuestros policías, que evaluará los motivos por los cuales policías renuncian o se acogen a retiro temprano, e identificará alternativas para retenerlos. Además, se desollarán nuevos adiestramientos para asegurar el continuo desarrollo profesional de nuestros policías.
Igualmente, se revisarán las pruebas actualmente utilizadas para determinar el ascenso en rango, reconociendo que el mérito y liderato se manifiesta de formas diversas, y así poder seleccionar a los candidatos más cualificados para ser supervisores.
-Transparencia. Se adoptará una política agresiva de recopilación y divulgación de datos que también tendrá como pilar el intercambio libre y abierto de información para promover la transparencia y la rendición de cuentas.
Las estadísticas delictivas serán divulgadas con mayor periodicidad y se aumentará los datos hechos públicos para proveer más detalle, incluyendo información más precisa sobre la localización de las ocurrencias criminales y los perfiles demográficos de sus actores.
-Fortalecer los lazos entre la Policía y la comunidad. Ambos deben conjuntamente ser protagonistas y parte integral de nuestra lucha contra el crimen. Se dará nuevo énfasis a programas de alcance comunitario diseñados para fomentar la conversación, la educación y la participación.
Aparte, se reforzarán los servicios a las víctimas para no solo informarles sobre sus derechos, sino también ofrecerles servicios de apoyo (incluyendo proveerles referencias a otras agencias gubernamentales y/o entidades comunitarias) y darle seguimiento.
-Disuasivo enfocado. Se desarrollará un programa comprensivo dirigido por los municipios para que los miembros de la comunidad, los funcionarios de ley y orden, y los proveedores de servicios sociales se mantengan en contacto continuo con personas de alto riesgo. El propósito será transmitir los incentivos por evitar actos criminales y los disuasivos por participar en ellos.
Los incentivos incluyen información y acceso a varios servicios, como capacitación laboral y tratamiento de drogas. Por el lado de la disuasión, se informarán sobre las penalidades que ellos y sus compañeros enfrentarán si cometen los mismos, incluyendo una intensificación de arrestos por cualquier delito no importe su severidad.
-Erradicar la violencia de género y del noviazgo. Ante la epidemia de violencia de género, se fortalecerá la prevención, erradicación y castigo de estos delitos, fortaleciendo la ejecución de las leyes aplicables e incorporando a grupos cívicos que asistan en la formulación de medidas creativas y efectivas para ponerle fin a esta violencia.
-Creación de una unidad especializada para atender casos de maltrato a ancianos. Las estadísticas reflejan que este sector se encuentra sumamente expuesto a maltrato, negligencia y explotación financiera. Necesitemos un mayor enfoque en la investigación y enjuiciamiento criminal de delitos financieros contra ellos, y otras formas de maltrato.
-Asegurar que personas que han cumplido sus condenas puedan reintegrarse plenamente a nuestra sociedad. El estigma de una condena hace más probable volver a caer en la delincuencia. Se continuará una reforma integral de las sentencias para armonizarlas con la naturaleza de los delitos.
Las reglas de procedimiento criminal serán atemperadas para establecer un programa mandatorio de desvío para primeros ofensores por delitos no violentos, que esté enfocado en el tratamiento, con un proceso de seguimiento supervisado por el Tribunal hasta que se determine que ha cumplido con el plan de rehabilitación propuesto.
Además, enfocaremos en la función rehabilitadora del Departamento de Corrección. Para promover que la personas que han cumplido sus condenas puedan reingresarse a sus comunidades exitosamente, se desarrollarán nuevos programas de capacitación laboral, incluyendo educación técnica y profesional en asociación con el sector privado.
-Un mismo sistema para todos. Hay que reconocer que existen varios sistemas de Justicia, uno para los ricos y poderosos y otro para los demás. Se establecerá un grupo de trabajo permanente entre la ramas Judicial, Ejecutiva y Legislativa para desarrollar la política pública que asegure que los delitos cometidos sean procesados sin consideración a las clases sociales.
Reformularemos el sistema de compensación de abogados de defensa para que representar personas indigentes no sea una carga onerosa e irrazonable. Igualmente, fortaleceré las divisiones gubernamentales de crímenes de cuello blanco y anticorrupción.
Crearemos una nueva estructura para el Panel del FEI con mayores garantías de independencia, sin la necesidad de la intervención primaria del Departamento de Justicia. INS
P. Rico-Coronavirus/DRNA aclara qué está permitido para los concesionarios de marinas y las actividades recreativas acuáticas
San Juan, 20 jul (INS).- El secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo Maldonado, emitió las órden administrativas 2020-07J y 2020-06B, para aclarar y actualizar las extensiones de la OE-2020-054 sobre los concesionarios de marinas y actividades recreativas acuáticas en Puerto Rico.
“Según la más reciente orden ejecutiva emitida por la gobernadora, las actividades recreativas acuáticas estarán permitidas manteniendo ciertos controles para proteger la salud y seguridad. No obstante, para aclarar ciertas dudas, preparamos unas directrices que especifican en detalle qué se permite en las marinas y en las actividades recreativas acuáticas”, señaló el secretario.
Con respecto a las marinas, se establece que está permitida su operación los siete días de la semana de 5:00 AM a 9:00 PM. No obstante, se prohíben las actividades en áreas comunes. Se permite el uso de las marinas por embarcaciones relacionadas a la pesca comercial registradas, por ser parte de la cadena alimenticia.
A continuación, un resumen de los puntos más sobresalientes de la orden administrativa 2020-07J:
•Queda prohibida la entrada y salida de embarcaciones desde las marinas para propósitos recreativos.
•No se permite la aglomeración de personas en las instalaciones de las marinas y se deberá mantener distanciamiento social y el uso de mascarillas en todo momento.
•Queda prohibida la pesca recreativa, torneos y eventos marinos.
•Se permite el uso de las marinas por embarcaciones gubernamentales, contratistas o de investigaciones científicas.
•Se mantiene vigente la prohibición de la entrada de embarcaciones de otras jurisdicciones que no sea la de Puerto Rico. Con las excepciones en circunstancias de emergencia que pongan en peligro la vida de los tripulantes, y que tengan las debidas autorizaciones.
•En circunstancias de emergencia, se aceptarán embarcaciones extranjeras o provenientes de puertos fuera de Puerto Rico con la autorización, coordinación e instrucción previa del DRNA, USCG y US Customs en las siguientes cuatro marinas: Club Náutico de San Juan, Marina Pescadería Puerto Real en Cabo Rojo, Club Náutico de Guayama y Marina Puerto del Rey.
•Estará permitido todo tipo de labores de reparación y mantenimiento de embarcaciones, la apertura de tiendas de piezas de embarcaciones, tiendas al detal y restaurantes dentro de las marinas siguiendo los protocolos de prevención.
A continuación, un resumen de los puntos más sobresalientes de la orden administrativa 2020-06B (actividades recreativas acuáticas):
•Las actividades de recreación acuática estarán permitidas los siete días de la semana desde 5:00 AM hasta las 7:00 PM.
•Se autoriza la apertura de playas, áreas naturales protegidas y balnearios administrados bajo el DRNA, para propósitos de ejercitarse o prácticas deportivas.
•El horario de los balnearios del DRNA es de miércoles a viernes de 8:00 AM a 5:30 PM y sábado y domingo de 9:00 AM a 6:30 PM. Los lunes y martes permanecen cerrados para mantenimiento.
•El horario de las Áreas Naturales es de miércoles a domingo de 9:00 AM a 5:00 PM. Sin embargo, las siguientes áreas permanecerán cerradas: Refugio de Vida Silvestre Embalse Guajataca, Refugio de Vida Silvestre Embalse Lucchetti, Refugio de Vida Silvestre y Reserva Natural Laguna de Tortuguero.
•En el caso de los balnearios del PPN, éstos operarán con un 50% de su capacidad de entrada.
•Se prohíbe aglomerarse, ya sea en la playa u orilla, así como en el agua. Al finalizar su actividad, deberá retirarse del lugar inmediatamente.
•Se permite la realización de las siguientes actividades acuáticas, siempre y cuando se realicen utilizando el método de entrada y salida del agua inmediato, sin detenerse (“keep moving”), fuera de la playa u orilla y manteniendo distanciamiento social en el agua: nadar, “snorkeling” y buceo (accediendo por la orilla), remar: kayak, tabla (“paddleboard”) y canoa, surfear, windsurfing, sunfish y hobbie cat (accediendo por la orilla).
Además de caminar, correr, trotar, calistenia, observación de aves, y cualquier deporte permitido por el Departamento de Recreación y Deportes en su carta circular 2020-06ª, del 17 de julio de 2020.
El incumplimiento por parte de los concesionarios, o de ciudadanos que deseen disfrutar de las actividades recreativas acuáticas con lo aquí dispuesto será causa suficiente para la imposición de una multa administrativa y la suspensión o revocación de la concesión, en caso de que aplique.
“Exhortamos a todas las marinas, pescadores comerciales y a la ciudadanía en general a que sigan las directrices impartidas en estas comunicaciones que tienen vigencia inmediata y son de estricto cumplimiento”, añadió Machargo Maldonado. INS
P. Rico-Legisladores del PNP piden a la CEE que asuma “su responsabilidad” y agilice el proceso para las primarias
San Juan, 20 jul (INS).- Los representantes José Aponte Hernández, Urayoán Hernández Alvarado, Yashira Lebrón Rodríguez, Maricarmen Mas Rodríguez, Ángel Bulerín Ramos, José Pérez Cordero, Michael Abid Quiñones Irizarry y José Banchs Alemán solicitaron a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que “asuma su responsabilidad con la transparencia que el pueblo merece, y prepare todo -sin más retrasos- para las primarias del 9 de agosto.
“La CEE tiene que asegurarse que todo se encuentre listo antes de las primarias del 9 de agosto. Sencillamente no es aceptable que a 12 días para emitir el voto adelantado y a 20 días para las primarias democráticas todavía la CEE se encuentre en tanta disyuntiva y con tantos asuntos sin resolver. Se tienen que redoblar esfuerzos, la democracia no es algo para jugar”, señalaron los representantes.
Agregaron que “las enmiendas a la Ley Electoral se realizaron en comunicación directa con la CEE, incluyendo los tiempos necesarios para garantizarle al pueblo la certeza y seguridad que se merece. No existe razón alguna para estos atrasos. Aquellos que quieran retrasar más las primarias no deben interferir atrasando lo que se necesita hacer como subterfugio para lograr su cometido original”.
“No podemos tolerar que nadie levante dudas sobre el proceso electoral en Puerto Rico. La democracia se nutre de la participación ciudadana y de un proceso ágil y claro; eso es la responsabilidad de la CEE. El pueblo saldrá a votar el 9 de agosto y lo hará con la convicción de que es un proceso transparente, válido y seguro. Así será”, sentenciaron los legisladores. INS
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