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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 20 jul (INS).- La gobernadora Wanda Vázquez Garced ha complicado el panorama político con su convocatoria a una sesión legislativa extraordinaria por la retahíla de proyectos de ley a considerar. Entre ellos, la legislación para la celebración de un referéndum dirigido elevar a rango constitucional en el orden de prelación el pago de pensiones a jubilados del gobierno.
Convocar previo a unas primarias de su partido y de la principal colectividad política de oposición, el Partido Popular Democrático (PPD), donde muchos de los legisladores están imbuidos en la controversia de procurar el aval de sus correligionarios a sus candidaturas en las elecciones de noviembre, sin duda es complicar el panorama político, con una sesión legislativa extraordinaria, en la que se considerará legislación para la consulta al electorado en un referéndum para enmendar la Constitución de Puerto Rico.
Empero, no únicamente recarga el panorama político para los legisladores. También complica el proceso eleccionario con un plebiscito de estadidad sí o no, un referéndum sobre el orden prelativo a rango constitucional del pago de pensiones a jubilados del servicio público, además de la elección de los candidatos a puestos electivos. De modo que este proceso electoral de noviembre será uno sumamente recargado de decisiones.
La gobernadora Vázquez Garced cataloga el referéndum en noviembre como una medida necesaria para evitar “una injusticia”, cuando en el orden de prelación, el pago al servicio de la deuda pública se prioriza por encima de las jubilaciones, cuyos pagos de pensiones pueden reducirse y hasta postergarse para honrar lo adeudado.
El debate político también se complica por la controversia que se generará con las compañías aseguradoras, con los tres proyectos de ley para enmendar el Código de Seguros y eliminar los requisitos para la prestación de servicios médicos y acelerar el pago de reclamaciones a los proveedores. .
Máxime, cuando incluso se considerará legislación para acortar el período de tiempo que tiene la aseguradora para contestar la reclamación de una denegación de cubierta para el tratamiento de salud. Ese período se acorta de 72 a 48 horas. En el caso de medicamentos, de 36 a 24 horas.
Se legislará, a su vez, en la sesión legislativa extraordinaria el establecimiento de política pública relacionada con la interpretación de las disposiciones del Código de Salud y emitir publicaciones. Lo que procurará la pieza legislativa es busca esbozar guías más claras con el propósito de que los reglamentos que se promulguen sobre los procesos de revisión de utilización para los servicios médico-hospitalarios sean más precisas y eficientes.
La controversia arrecia con la legislación, además, para crear la Ley de Protección al Paciente ante las facturas médicas sorpresas, cuando un paciente es hospitalizado y tiene que someterse a una intervención quirúrgica, pero resulta que ni el cirujano o el anestesiólogo no es proveedor de servicios médicos de la aseguradora y, entonces, al par de meses le llega al asegurado una factura por sus servicios profesionales.
De modo que los legisladores caminarán por un campo minado de debates con el sector de la empresa de seguros, además de la discusión estrictamente política que genera la controversia con correligionarios en el proceso primarista. INS
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