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San Juan, 19 jul (INS).- El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, le envió una carta al fiscal federal, Stephen Muldrow, para solicitar la intervención federal en un esquema de corrupción en Departamento de la Familia luego de que la exsecretaria Glorimar Andújar separara sumariamente de sus funciones a Surima Quiñones.
Esto, luego de una querella que recibe sobre la retención de la repartición de los suministros para los afectados para que fueran repartidos por funcionarios electos específicos para fines político-partidistas.
La solicitud de investigación por parte de Hernández Montañez es motivada por la falta de transparencia e interrupción a la Justicia por parte de la exnominada secretaria de Justicia, Wandymar Burgos, quien ordenó retirar referidos hechos por su predecesora Dennise Noemí Longo Quiñones, antes de que fueran sometidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).
También ante la inacción en general del propio Departamento de Justicia, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y de otras agencias reguladoras, y debido al nuevo descubrimiento de otras violaciones de leyes federales.
En la misiva, Hernández Montañez recuerda el referido del pasado 27 de enero “por posible violación a la ley federal 18 (US Code § 598 – Coercion by means of relief appropriations) en el que reiteramos que es un asunto de alta importancia y que la oficina que usted dirige debería investigar y expresarse al respecto”.
Se expone el “manejo ilegal de recursos federales para beneficio político partidista, que en aquel momento colocó en peligro las ayudas para los damnificados”.
“De manera específica, la exsecretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andujar, separó sumariamente de sus funciones a la licenciada Surima Quiñones, luego de una querella que recibe que ésta estaba reteniendo la repartición de los suministros para los afectos para que fueran realizados por funcionarios electos específicos para fines político-partidistas. Acción que es contraria a la reglamentación federal y estatal”, advierte.
Añade que “en lo que corresponde a delitos federales, en la pasada comunicación le indicamos que procediera a la investigación de posibles violaciones a 18 US Code § 598”.
“Del mismo modo, referimos el caso al Hatch Act, que restringe la actividad política de las personas empleadas principalmente por agencias ejecutivas estatales, del Distrito de Columbia o locales y que trabajan en relación con programas financiados total o parcialmente por préstamos o subvenciones federales. (SEC. 1501.(4))”.
Hernández actualiza su petición “con una serie de eventos y revelaciones que abonan a la investigación del referido caso de corrupción gubernamental. El pasado 11 de marzo, el secretario interino del Departamento de la Familia, Eddie García Fuentes, informó a la Cámara de Representantes, a través de la directora de la división legal del Departamento, Corallys Veguilla, los resultados de una investigación interna al respecto”.
Entre los puntos más relevantes del referido informe, se resaltó:
-Los procedimientos de distribución de alimentos se establecen en el Título 7 CFR§ 251 de la Regulación Federal del Programa TEFAP. Dicha reglamentación establece unas limitaciones en cuanto a actividades no relacionadas que se podrían llevar a cabo durante las distribuciones de alimentos.
-Se concluye que, en efecto, la senadora Evelyn Vázquez tenía pleno conocimiento de la logística del Departamento de la Familia para la entrega de suministros.
-Además, aparentaba tener autoridad para impartir instrucciones hasta el grado de comunicarse directamente con la Administradora de la Administración de Desarrollo socioeconómico de la Familia, Surima Quiñones. Por lo que se induce que la exadministradora lo permitió.
-Por último, el informe expone que las declaraciones de los testigos establecen que la senadora Evelyn Vázquez ejerció intromisiones indebidas durante la distribución de alimentos.
“A pesar de esto, al presente la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico no se ha expresado al respecto. Por el contrario, el pasado 6 de julio de 2020, la exsecretaria del Departamento de Justicia, Dennise Noemí Longo Quiñones, antes de ser removida de su cargo, le dio paso a esta investigación, sometiendo seis referidos al Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei)”, expone la carta.
Agrega que “allí se incluyen otros funcionarios del gobierno de Puerto Rico, incluyendo a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, el secretario de Estado, Elmer Román, entre otros. En un acto de intromisión indebida y de obstrucción a la Justicia, la recién nombrada a secretaria, Wandymar Burgos, ordenó retirar dichos referidos antes que fueran sometidos al OPFEI”.
“De igual forma, fue retirado el nombramiento de la licenciada Burgos para el cargo de secretaria de Justicia. Ante la falta de transparencia e interrupción a la Justicia en los procesos del propio Departamento de Justicia estatal en estos momentos, la inacción de otras agencias reguladoras, y debido al nuevo descubrimiento de otras violaciones de leyes federales antes mencionadas, solicitamos su intervención a este asunto”, concluye la misiva. INS
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