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San Juan, 15 jul (INS).- El senador Héctor Martínez pidió al Tribunal Supremo que adjudique la controversia sobre el suministro de alimentos en las instituciones penales, que mantiene al Departamento de Corrección y Rehabilitación de manos atadas hace más de un año.
Esto, debido a que la compañía que actualmente provee los servicios ha utilizado los procesos apelativos como subterfugio para impedir la otorgación del contrato del licitador agraciado en la adjudicación de la subasta que fuera celebrada en mayo de 2019.
La controversia involucra a las compañías Carolina Catering y Trinity Group Services, con base en Estados Unidos, y que desde el año 2012 provee los servicios de alimentos en las cárceles, a un costo mayor de 25 millones de dólares anuales.
Martínez reveló que los confinados han manifestado reiteradamente su insatisfacción con el servicio que presta la compañía Trinity Group Services, alegando que es de pésima calidad, pobre higiene, que las comidas se sirven con productos expirados, y que esto atenta contra su salud y derechos civiles.
A pesar de las múltiples gestiones y constantes reclamos del Departamento a la compañía de alimentos, la agencia se encuentra impedida de tomar otras acciones legales debido a que el caso se encuentra pendiente de una determinación del Tribunal Supremo.
Martínez dijo que “existe un interés público apremiante de que se sirvan alimentos de calidad, en condiciones salubres a los confinados, y lamentablemente esto no es posible debido al estatus en que se encuentra el caso ante el Supremo”.
“La agencia lleva esperando más de un año para culminar el proceso de subasta que fue impugnado por Trinity. La Junta de Supervisión Fiscal aún no ha aprobado el contrato, en espera de que los tribunales resuelvan”, apuntó el legislador.
Agregó que “la Constitución establece el respeto a la dignidad humana y a la rehabilitación del confinado, por lo que constituye un castigo mayor permitir que se sigan ofreciendo servicios de alimentación que no se ajusten a los estándares mínimos. Un año ha sido más que suficiente para que esta controversia se dirima”.
El senador citó datos que evidencian que la agencia se verá forzada a desembolsar un total de 25,379,297.14 dólares por los alimentos servidos durante el pasado año fiscal. Esta cuantiosa cifra no contempló el gasto adicional de los servicios de lavandería y comisarías en los penales incluidos en la subasta impugnada.
“Y 25 millones no es una cuantía menor. Es imperativo que los servicios de alimentación en las instituciones penales, que son sufragados con fondos públicos, sean dignos de ser consumidos por cualquier persona. Por eso entiendo que debe haber una determinación del Supremo que permita concluir este asunto y regresar al orden establecido, que es la estricta observación de los procedimientos fiscales y la protección de la salud y los derechos civiles de la población penal”, sostuvo.
Corrección custodia, al día de hoy, a aproximadamente 8,808 reclusos, entre hombres, mujeres y jóvenes. INS
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