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San Juan, 5 jul (INS).- El representante Luis Vega Ramos le exigió públicamente a la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, “que confirme o niegue expresamente si la gobernadora Wanda Vázquez Garced intentó influir en el curso de varias investigaciones criminales contra su gobierno”.
Igualmente, Vega Ramos reclamó a Longo Quiñones que aclare si hubo una acalorada discusión entre ella y la gobernadora el pasado viernes en torno a esas investigaciones y si eso detonó la solicitud de renuncia.
“Estos son señalamientos muy delicados. Varios medios de comunicación han reportado que tienen fuentes de entero crédito que confirman que el viernes hubo una discusión fuerte entre la gobernadora y la entonces secretaria de Justicia”, apuntó Vega Ramos.
Según esas fuentes, “la gobernadora reclamó que investigaciones sobre la compra de 38 millones en pruebas falsas de Covid-19, la del almacén de Ponce, la de la distribución politiquera de suministros a las víctimas de los terremotos y la de la violación al toque de queda por la gobernadora y el liderato PNP en la inauguración de su comité político, tenían que archivarse antes de la primaria del 9 de agosto”.
“De ser ciertos estos señalamientos, la gobernadora habría cometido un delito grave, como por ejemplo, obstrucción a la Justicia. La exsecretaria Longo Quiñones tiene una obligación con Puerto Rico, con los cánones de ética y con su conciencia de confirmar o refutar expresamente esta delicada información”, explicó Vega Ramos.
Añadió que “lo que se señala como razón para el despido fulminante de Longo Quiñones es exactamente lo que hizo el Presidente Nixon con el fiscal especial que investigaba Watergate. Fue lo que hizo el gobernador Romero Barceló con los secretarios de Justicia Héctor Reichard y Carmen Rita Vélez Borrás por la investigación de los asesinatos del Cerro Maravilla”.
“Y se parece a lo que el gobernador Luis Fortuño hizo con la entonces fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez por las imputaciones del New York Times y mías sobre donativos ilegales a la campaña del entonces comisionado residente de la empresa Aveta y el cabildero Bob Torricelli”, abundó Vega Ramos.
Y agregó: “Es lo que está haciendo el Presidente Trump con los fiscales federales que procesaron a sus colaboradores de campaña y los que investigaban sus relaciones sospechosas con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin”.
“El delito más peligroso para una democracia es cuando un primer ejecutivo usa su poder para descarrilar investigaciones criminales en su contra. La licenciada Longo Quiñones tiene un deber moral con el país de aclarar si esto ocurrió o no”, dijo Vega Ramos.
El legislador adelantó que solicitará al presidente de la Cámara, Carlos Méndez Núñez, a que use sus facultades reglamentarias en este tiempo que no hay sesión legislativa para ordenar a la Comisión de lo Jurídico investigar el asunto.
“Aquí parece que dos investigaciones de la Cámara y una denuncia formal hecha por unos de sus miembros, fueron los detonantes del despido. La Cámara tiene el deber de vindicar y proteger su rol fiscalizador”, concluyó Vega Ramos. INS
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