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San Juan, 3 jul (INS).- Los alcaldes integrantes de la Liga de Ciudades expresaron su indignación con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por pretender usurpar el poder de los funcionarios electos por el pueblo puertorriqueño, al tiempo que aseguran que el organismo, al no entender el funcionamiento de los municipios, continúa imponiendo medidas desacertadas y descontextualizadas que tendrán impactos nefastos para la población.
“Cuando se anunció, el 9 de mayo del 2019, que la Junta proponía cubrir a los 78 municipios bajo su mandato nos surgieron muchas dudas, inquietudes y preocupaciones. Hoy, ante el accionar de la junta de control fiscal comprobamos que estábamos en lo correcto con nuestras preocupaciones”, expresó la alcaldesa de Ponce, María E. Meléndez Altieri.
Los planes fiscales preparados por la JSF prohíben a estos diez municipios, entre otras cosas, pagar el bono de Navidad a los empleados, así como los excesos de enfermedad, prohibición que tendrá un impacto nefasto en la calidad de vida de los empleados, muchos de los cuales ganan el salario mínimo.
Además, la JSF obliga a que los municipios eliminen los fondos de donativos a personas con necesidades especiales, así como donativos para actividades culturales y a organizaciones deportivas de las comunidades.
Esta prohibición afectará directamente a las comunidades más marginadas, así como a los niños y jóvenes de los municipios cuya única oportunidad de actividad deportiva es aquella brindada por los gobiernos locales, dijo la Liga de Ciudades.
En el anuncio realizado el año pasado, la JSF afirmó que el objetivo de la designación de los 78 municipios como entidades cubiertas bajo Promesa, impuesta por Estados Unidos a Puerto Rico, era asegurar su viabilidad fiscal a largo plazo.
En ese momento la JSF aprobó de manera unánime un proyecto piloto para que 10 municipios (Aibonito, Barranquitas, Camuy, Cidra, Comerío, Isabela, Orocovis, Quebradillas, San Sebastián y Villalba) presentaran un plan fiscal, con el fin de que pudieran estar cubiertos por Promesa.
La Junta expresó que trabajaría de la mano con los municipios seleccionados para que desarrollaran sus planes fiscales y presupuestos, los cuales deberían ser certificados por el ente impuesto por Washington al gobierno puertorriqueño.
“Dijeron que habían escuchado a los alcaldes, que estaban siendo proactivos para ayudarnos a delinear e implementar un plan que nos aleje de la insolvencia y nos lleve a la estabilidad fiscal y al desarrollo económico”, afirmó el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz.
Argumentó que el presidente de la JSF, José B. Carrión III, dijo que todo esto era “para que pudiéramos seguir haciendo lo que hacemos mejor: servir las necesidades de sus constituyentes. Cuando la realidad es que nos están dejando inoperantes”.
En la reunión en la que se anunció la inclusión de los municipios bajo Promesa, y el lanzamiento del proyecto piloto la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, manifestó que el organismo “tiene como intención trabajar directamente con los municipios en este proceso”.
Por su parte, Carrión III compartió que “en definitiva, esto no es una sindicatura de los municipios”, aunque ahora las acciones de la Junta evidencian lo contrario.
“De acuerdo con la revisión realizada del Plan Fiscal para nuestro municipio, preparado por la Junta, llegamos a la conclusión que la Junta no entiende el funcionamiento y operación de los municipios. El documento tiene deficiencias mayores en sus recomendaciones, así como un desconocimiento craso de las funciones municipales, congela el superávit e impone una serie de restricciones a las operaciones del municipio”, expresó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez.
Atribuyó a Carrión III haber sostenido que “todo esto era para que pudiéramos seguir haciendo lo que hacemos mejor: servir las necesidades de sus constituyentes, cuando la realidad es que nos están dejando inoperantes”.
“Una cosa es enviar un presupuesto a la Junta, que es un documento público, con el fin de colaborar, y otra es reconocerle a la Junta la autoridad y el poder para establecer un plan fiscal municipal, que no lo hacemos”, expresó el alcalde de Hormigueros, Pedro Juan García Figueroa.
La directora ejecutiva fundadora de la Liga de Ciudades, Cristina M. Miranda Palacios, afirmó que “viendo el accionar de la Junta con este programa piloto, a la única conclusión a la que podemos llegar es que busca administrar los municipios, ya que para cualquier decisión hay que solicitar su permiso”.
“Este programa piloto le usurpa el poder a los alcaldes, quienes han sido electos por el pueblo como parte del proceso democrático del país”, compartió Miranda Palacios.
Para el alcalde de Toa Baja, Betito Márquez, ”si la Junta busca fortalecer los municipios tiene que empezar por conocer bien nuestro funcionamiento y nuestro financiamiento”.
“Proponer sin entender es una receta para el desastre. Es mucho lo que hemos aguantado, lo que el gobierno central nos ha quitado, y seguimos aquí, porque nuestro compromiso es con el país y con nuestra gente”, reiteró.
La Liga de Ciudades de Puerto Rico se sostiene en que, si bien es importante colaborar con todos los entes que operan en el país, esta colaboración no se puede convertir en una sindicatura a los municipios, ni a que se usurpe el proceso decisional de los municipios y sus funcionarios electos.
“Hemos tenido buenas conversaciones con la Junta y su equipo de trabajo. No estamos de acuerdo en muchas cosas, como esta, pero estamos prestos a continuar participando de la conversación, siempre y cuando sea una que este enfocada en el fortalecimiento de los municipios, que al final del día es el fortalecimiento del país”, compartió Miranda Palacios. INS
ndc