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San Juan, 22 jun (INS).- El representante de los consumidores ante la junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres Placa, denunció hoy la falta de transparencia en la aprobación de un Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución con la Autoridad de Alianzas Público-Privada de Puerto Rico, ya que se hizo sin participación pública.
“La votación sobre este acuerdo es una de las decisiones más importantes con respecto a la AEE, desde su creación en 1941, (pero) solo fueron discutidos en una ocasión por la junta de Gobierno de la AEE, votando el siguiente día laborable. No hubo interacción más allá de las reuniones privadas con algunos (de sus) miembros y la Autoridad de Alianzas Público-Privada”, manifestó Torres Placa al indicar que votó en contra del acuerdo.
Subrayó que la aprobación del contrato preliminar entre la AEE y la Autoridad de Alianzas Público-Privada, por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico, se produjo sin ninguna participación pública.
“Para que ocurra la transformación de la AEE, debe hacerse con los más altos estándares de transparencia, apertura y confianza. La forma en que se llevó a cabo este proceso muestra que todavía falta trabajo por hacer para lograr estos estándares”, destacó.
Torres Placa añadió que la aprobación del operador de un sistema de transmisión y distribución normalmente se realiza con una amplia participación debido a los impactos que tiene en los diversos sectores que constituyen el interés público, incluyendo de modo prioritario las distintas clases de clientes y, en el caso de Puerto Rico, la sociedad en general, ya que la AEE es el único proveedor de electricidad.
“La pregunta es: ¿por qué sucedió esto? Sucedió porque se planeó de esa manera desde su concepción en la Ley 120 de 2018, y se decidió mantener ese camino durante todo el proceso. La Ley 120 desplazó y eliminó todos los poderes del regulador (Negociado de Energía de Puerto Rico) en este proceso, solo permitiendo que la entidad reguladora emita un Certificado de Cumplimiento de Energía para ‘certificar’ que el acuerdo cumple con el marco regulatorio”, sentenció.
Torres Placa abundó que la AEE está en bancarrota y sus indicadores de insolvencia y déficit están más allá de parámetros normales.
Basado en los estados financieros interinos de marzo de 2020, dijo, los pasivos totales de la AEE suman $17,215 millones, la posición neta entre activos y pasivos refleja un déficit de $7,954 millones y un déficit del año fiscal corriente de $332 millones.
El acuerdo de reestructuración de deuda propuesto (RSA) entre la AEE y sus bonistas no resuelve su problema de insolvencia, ya que solo atiende las obligaciones a largo plazo relacionadas con emisiones de bonos”, agregó Torres Placa.
Precisó que esto significa que si la totalidad de deuda a largo plazo de la AEE por concepto de emisiones de bonos por $8,300 millones se descarta como parte de los procesos de bancarrota (donde por el contrario el acuerdo actual solo considera un corte entre 32.5% y 22.5%). Aún así, la AEE permanecerá en parámetros de insolvencia.
“No existe una organización alguna que pueda operar bajo estos parámetros. Por lo tanto, hasta que se presente un plan de reestructuración que resuelva la insolvencia profunda de la AEE en virtud del Título III de Promesa en un tribunal federal, la insolvencia de la AEE permanecerá”, amplió.
Torres Placa apuntó que si se entiende que el acuerdo de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución pudiera traer algún tipo de beneficio a la AEE, entonces ejecutar esta alternativa en medio de la quiebra de la Autoridad no solo frustraría este esfuerzo, sino que también desincentivaría cualquier otro esfuerzo futuro”, manifestó Torres Placa al tiempo que aseguró que según las tarifas actuales de la AEE, y teniendo en cuenta su déficit actual, este costo adicional generará una presión hacia el alza en las tarifas de electricidad.
“En términos más simples, si el operador no puede generar ahorros que neutralicen el costo adicional que representa este acuerdo, el operador tendrá derecho a presentar ante el regulador una petición para aumentar las tarifas”, señaló.
El representante del interés público en la junta de Gobierno de la AEE insistió en denunciar la falta de participación pública, falta de transparencia y un proceso basado en parámetros legales cuestionables.
“Ejecutar este acuerdo en medio de la bancarrota de la AEE, con indicadores de insolvencia y déficit más allá de los parámetros normales; y la incertidumbre en términos del impacto que tendrá este acuerdo en las tarifas, considerando los efectos económicos de los huracanes de 2017 Irma y María, los terremotos de enero de 2020 y la actual pandemia, son razones suficientes para repensar este acuerdo”, destacó Torres Placa. INS
ndc