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El PRM y el PLD enarbolan el tema de las drogas como arma política. / Inter News Service
Santo Domingo, 21 jun (INS).- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana llamó a los actores políticos a investigar a sus miembros y las donaciones que reciben de particulares, a propósito de los arrestos de personas que estarían vinculadas al narcotráfico y pedidas en extradición por Estados Unidos.
La sugerencia la hizo Sonia Díaz, coordinadora general de la entidad, quien lamentó que en medio de un proceso electoral el tema esté presentes en las instituciones públicas y las organizaciones políticas.
“Eso es un tema de los partidos, tienen que transparentar las donaciones que reciben y también investigar a sus miembros”, indicó.
Dijo que cuando se analiza el asunto del narcotráfico “ha sido transversal a los partidos políticos, por lo que no es un problema solamente de esas organizaciones, sino también de los gobiernos porque en todos ha habido capos que se infiltran en esas estructuras”.
El comentario surge luego de que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaran la semana pasada a Yamil Abreu Navarro, director de campaña del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la región Sur-Central, con asiento en la provincia Azua (región suroeste).
Según archivos de la Justicia estadounidense, el dominicano llevaba operando en el narcotráfico hace 18 años y lo sindican como el presunto jefe de José Dolores Alcántara y María de los Remedios de la Rosa Florián, quienes el 17 de agosto de 2002 fueron imputados por el cargamento de nueve kilos y 240 gramos de heroína.
“Parece que el narcotráfico, de alguna manera, permea las instituciones políticas, porque fíjese que ese señor, Yamil Abreu, era síndico de la alianza PLD-PRD y se cambió en el camino y ahora es del PRM”, dijo Sonia Díaz al ser entrevistada por el periodista Héctor Herrera Cabral en el programa D’Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema, Canal 11.
Afirmó que cuando una organización política ve que un miembro tiene recursos generosos, lo más lógico es indagarlo, porque no es tan difícil identificar a la gente que tiene dinero, porque la mayoría de este pueblo es muy pobre.
Precisó que “cuando hay una persona que maneja mucho dinero a granel, hay que investigarlo, porque si se saca la Loto eso es público. Luego están los peloteros y las fortunas tradicionales de años trabajando, que también se conocen”.
El arresto del quisqueyano es aprovechado por la cúpula del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como estrategia de campaña para ganar puntos en las encuestas y retener el poder después del 16 de agosto, fecha en la que asumirán las nuevas autoridades gubernamentales.
El 15 de junio, el comité político del PLD mostró “su profunda preocupación” por la “cada vez más evidente incidencia de sectores ligado al narcotráfico en la campaña del Partido Revolucionario Moderno” y demandó de la organización que se refiriera al caso.
A esas declaraciones, la dirigencia del PRM respondió que antes de admitir a esa persona como miembro, fue depurada y que recibió de la Procuraduría General de la República una certificación de no delincuencia a su favor y, además, aclaró que todo ciudadano es responsable de sus hechos ante la Justicia.
Candidatos narcos
Las organizaciones políticas locales siempre han sido asediadas por personas vinculadas a ese mundo que, incluso, en los últimos años se han lanzado como aspirantes a regidores y alcaldes, algunos de ellos sorprendidos en esas prácticas ilícitas.
En 2008, Marino Vinicio Castillo, para entonces secretario de Estado y Asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, dijo que más de 60 precandidatos a diputados, senadores, síndicos y regidores involucrados en esos negocios podrían salir electos en las elecciones.
Se recuerda que el 2 de diciembre de 2019 fue apresado en la ciudad de Cartagena, Colombia, el narcotraficante criollo César Emilio Peralta Adames (alias “César El Abusador”), luego que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ofreciera una recompensa de hasta 100 mil dólares por información que condujera a su captura y posterior enjuiciamiento.
Estaba prófugo desde el 20 de agosto de ese año, fecha en que el Ministerio Público, junto a otras entidades, realizó un allanamiento múltiple y simultáneo a varios negocios y apartamentos vinculados al imputado, quien realizaba actividades normales en el país.
Según una publicación del 5 de diciembre de 2019, hecha por el periódico local “Sin Cortapisa”, César Emilio Peralta reveló a la DEA que fue parte de los que financiaron las campañas del entonces candidato presidencial Danilo Medina Sánchez (2012-2016) y del actual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, entregándoles más de 100 millones de dólares a cambio de protección y colaboración a la estructura y red que él dirigía en República Dominicana.
Otro caso que ocupó espacios de portadas en los medios nacionales fue el del capo Quirino Ernesto Paulino Castillo, un exoficial del Ejército dominicano apresado con 1,387 kilos de cocaína el 19 de diciembre de 2004 y luego extraditado a Estados Unidos acusado de lavado de activos y narcotráfico internacional, y dejado en libertad por disposición de una jueza del Distrito Sur de Nueva York, tras cumplir 10 años de prisión.
Paulino Castillo, quien con el rango militar obtenido durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) traficaba libremente con droga, negoció con las autoridades norteamericanas a las cuales habría ofrecido información capital sobre el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos desde Sudamérica con un país como puente.
El 9 de febrero de 2015, afirmó que financió la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) del expresidente Leonel Fernández, aportando más de siete millones de pesos (119,908 dólares) para toda su campaña política del 2002 al 2004, teniendo claro que provenía del narcotráfico.
Después reclamó del exgobernante la devolución de 200 millones de pesos (3,425,948 dólares) que, según dijo, le había prestado.
Con un proceso electoral lleno de incertidumbre por la crisis sanitaria causada por el coronavirus, una Junta Central Electoral (JCE) imprecisa en su accionar y cuestionada por la población, las dos principales fuerzas políticas, PLD-PRM, se aferran desesperadamente, como último recurso, al tema de la “narcopolítica” como estrategia demoledora en la ruta final de una incidentada campaña de comicios con el marcado propósito de ganarse la simpatía de los electores. INS
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