Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el sábado 13 de junio de 2020
P. Rico-Gobierno demanda a la JSF tras impugnar seis leyes aprobadas
San Juan, 13 jun (INS).- El gobierno puertorriqueño presentó ayer seis demandas contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por impugnar seis leyes previamente aprobadas, anunció el representante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced ante el organismo, Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
“El Gobierno de Puerto Rico se vio forzado a presentar seis demandas individuales contra la JSF, (pues) desde aproximadamente noviembre de 2019, ha impugnado seis leyes debidamente aprobadas por el gobierno”, dijo.
Marrero Díaz expresó que las razones que ha dado la JSF para intentar invalidar unilateralmente estas seis leyes son variadas, pero todas representan una intromisión con la política pública del gobierno puertorriqueño y, por lo tanto, una violación a la ley Promesa.
Reiteró que bajo la ley Promesa, la JSF solo puede cuestionar nuevas leyes aprobadas por el gobierno si no se certifica su impacto en gastos e ingresos o su implementación es inconsistente con el plan fiscal certificado.
Aseguró que para las seis leyes impugnadas por la JSF, el gobierno sometió una certificación a tenor con Promesa y certificó que las leyes no son significativamente inconsistentes con el plan fiscal certificado.
Marrero Díaz detalló las leyes impugnadas por la JSF, y las razones para ello:
Leyes 82-2019, 90-2019 y 138-2019: estas leyes regulan aspectos de precios de medicamentos, regulación de farmacias y el ejercicio de la medicina, a través de enmiendas a secciones del Código de Seguros, nuevos requisitos y oficinas regulatorios. La JSF argumenta que son inconsistentes con el plan fiscal certificado porque podrían existir leyes federales que ocupan el campo y especulan que fondos federales podrían perderse. Nada en Promesa permite a la JSF especular sobre si una ley estatal conflige con otras leyes federales. Por lo tanto, esta no es una razón válida bajo Promesa para impugnar leyes aprobadas por el gobierno electo.
Ley 176-2019: revierte la tasa de acumulación de licencias de vacaciones y enfermedad de los empleados públicos a la tasa de acumulación existente previo a la Ley 26-2017. Además, se mantienen los máximos de acumulación. La JSF impugnó esta ley argumentado que es inconsistente con el plan fiscal certificado porque el gobierno no proveyó un “análisis de productividad” de los empleados públicos para determinar si la nueva tasa de acumulación de licencias afectará los servicios y los recaudos. Esta no es una razón válida bajo Promesa para impugnar leyes.
Ley 181-2019: provee para un aumento de salario para empleados del Negociado de Bomberos y provee una fuente de ingresos para sufragar ese aumento. La JSF impugnó esta ley argumentando que el estimado de gastos e ingresos provisto por el gobierno es “especulativo” por estar basado en supuestos. Por definición, todo estimado está basado en supuestos, y un estimado de gastos e ingresos es lo único que exige PROMESA al momento de certificar una ley. Por lo tanto, la razón aducida por la JSF en cuanto a esta ley tampoco es un argumento válido bajo Promesa para impugnar leyes.
Ley 47-2020: provee incentivos y créditos contributivos para profesionales de la salud, en aras de promover que estos profesionales se queden en Puerto Rico, particularmente durante estos tiempos de crisis ocasionado por el Covid-19. La JSF impugnó esta ley, ya que difiere de las razones de política pública que la Asamblea Legislativa y la gobernadora tuvieron para aprobarla. Además, la JSF cuestionó los estimados de ingresos y gastos que certificó el gobierno. Estas no son razones válidas bajo Promesa para impugnar leyes, particularmente en cuanto al cuestionamiento de la JSF sobre la política pública que tuvo el gobierno para aprobar la Ley.
El funcionario insistió que todas estas leyes fueron válidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa y el gobierno de Puerto Rico.
“El Gobierno cumplió cabalmente con el proceso que establece la sección 204 de Promesa para certificar a la JSF el cumplimiento de estas leyes con el plan fiscal certificado. Sin embargo, la JSF ha decidido actuar fuera del marco legal que provee Promesa, y ha impugnado estas leyes, declarándolas nulas unilateralmente. Ello ha ocasionado incertidumbre en el ordenamiento legal vigente. Ante ese escenario, el gobierno no tuvo otra alternativa que llegar hasta los tribunales. Ciertamente, nuestra administración hubiera preferido no tener que recurrir a esta vía, pero es importante que se clarifique hasta dónde llegan los poderes de la JSF y hasta dónde llegan los del gobierno”, señaló el representante de la gobernadora ante la JSF.
Marrero Díaz destacó que el Congreso de Estados Unidos fue claro en que, bajo Promesa, el gobierno Puerto Rico mantiene sus poderes para establecer la política pública.
“La obstinación de la JSF con inmiscuirse en asunto de política pública nos ha traído hasta aquí. El proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico no podrá continuar hacia delante de manera eficiente mientras la JSF continúe creando estas incertidumbres legales. Pese a este recurso legal, el Gobierno de Wanda Vázquez Garced continuará trabajando mano a mano con la JSF en beneficio del Pueblo de Puerto Rico, pero ciertamente no siempre alcanzaremos el consenso”, sentenció el director ejecutivo de la Aafaf.
Se mostró confiado en que el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico ponga fin a esta controversia y clarifique hasta dónde se extienden los poderes de la JSF. INS
P. Rico-Flexibiliza Hacienda requisitos para cuentapropistas que aún no se han beneficiado de las ayudas económicas
San Juan, 13 jun (INS).- El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, anunció la ampliación de la elegibilidad para que cuentapropistas que no se beneficiaron de las primeras ayudas económicas distribuidas a raíz de la emergencia provocada por el Covid-19, puedan optar por las mismas bajo nuevos parámetros, a partir del viernes de la semana próxima.
Explicó que Hacienda ha recibido varias consultas sobre individuos que trabajan por cuenta propia y no se encontraban registrados como comerciantes en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), como establece el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado.
En su mayoría, son personas que trabajan como contratistas independientes para otras empresas y que están al día con la presentación de planillas de contribución sobre ingresos, pero al 15 de marzo de 2020, fecha en que se declaró el estado de emergencia por la pandemia del Covid-19, no estaban registrados como comerciantes.
El secretario Parés Alicea agregó que por tal razón el gobierno aún mantiene el toque de queda, se ampliaron los programas del Incentivo y de Ayuda a Cuentapropistas, para atender a aquellos individuos que trabajan por cuenta propia y que posterior al 15 de marzo de 2020, han cumplido con su responsabilidad de inscribirse en el Registro de Comerciantes en SURI.
“A tono con las prioridades de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, hemos emitido la Carta Circular de Rentas Internas 20-27, extendiendo y flexibilizando los parámetros del programa del incentivo de $500 y la ayuda de hasta $1,000, para que los cuentapropistas que no se han beneficiado, puedan mitigar la situación de emergencia que estamos enfrentando”, detalló el secretario.
Precisó que, por lo tanto, todo individuo que al 11 de junio de 2020 cumpla con los nuevos requisitos de elegibilidad establecidos, pueden acceder a su cuenta en SURI y entrar al enlace para incluir la información de la cuenta bancaria en la cual desea recibir el pago.
El enlace estará disponible a partir del 19 de junio, por un tiempo determinado. El individuo que tenga el enlace disponible en su cuenta de SURI deberá confirmar, no más tarde de 30 de junio, la información de la cuenta bancaria en la cual se le depositará dicho incentivo.
Para acceder al enlace, el individuo deberá entrar a su cuenta en SURI. En la sección Alertas, seleccionar el enlace Incentivo Económico, completar la información bancaria requerida y oprimir Someter.
Los cuentapropistas deberán tener un Certificado de Registro de Comerciante (Modelo SC 2918) vigente al 11 de junio de 2020. También deben haber radicado la Planilla 2019 y la misma deberá reflejar que tiene ingresos de trabajo por cuenta propia.
De aun no haber sometido la Planilla 2019, deberá de haber recibido al menos un Formulario 480.6SP, Declaración Informativa – Servicios Prestados, para el año contributivo 2019 en el que se le reporte los pagos recibidos por servicios prestados como individuo o un Formulario 480.6A, Declaración Informativa – Otros Ingresos No Sujetos a Retención, para el año contributivo 2019, en el que se le reporten pagos recibidos por concepto de comisiones y honorarios.
“Es importante señalar que todo individuo que trabaja por cuenta propia esta requerido por ley a inscribirse en el Registro de Comerciantes. Por lo tanto, estamos exhortando a todos los individuos, residentes de Puerto Rico y que trabajan por cuenta propia, a que se inscriban en el Registro de Comerciante y se aseguren de completar el proceso de registro, incluyendo el registro de por lo menos una localidad comercial para que así puedan obtener el Certificado de Registro de Comerciante. Este ejercicio nos facilita también procesos como el que estamos llevando a cabo, de distribución de ayudas en etapas de emergencia”, dijo.
Parés Alicea recalcó que el proceso de registro es fácil y de forma electrónica a través de su cuenta de usuario en SURI, bajo la cuenta contributiva de “Ventas y Uso”.
El Departamento e Hacienda, indicó, continuará evaluando los nuevos registros de comerciantes que se reciban en los próximos días y en la medida en que haya fondos disponibles, se evaluará la ampliación del pago de los Incentivos a todos los individuos que cumplan con la ley y obtengan su Certificado de Registro de Comerciante en SURI. INS
P. Rico-Peticionan a la gobernadora Vázquez Garced vetar medida que resta derechos a alumnos de educación especial
San Juan, 13 jun (INS).- La madre y activista de educación especial Jinnette Morales solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que vete el proyecto de la Cámara 1945, que elimina derechos que a través del pleito de clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación han alcanzado los niños y niñas con diversidad funcional.
Acompañada del representante independentista Denis Márquez Lebrón y de la aspirante a senadora María de Lourdes Santiago, Morales explicó que el proyecto ya se había presentado en el año 2018 como P de la C 1484, y que “le hacía tanto y tanto daño a nuestra población que hasta la ex secretaria (de Educación Julia) Keleher pudo entenderlo, y ya en enero de 2019 el anterior gobernador (Ricardo) Rosselló Nevares lo había vetado”.
“Durante el proceso de discusión en la Legislatura de ambas versiones, las distintas organizaciones que representan a las familias de educación especial, a las maestras, a las proveedoras de servicio, explicaron que el proyecto le hace daño a nuestras hijas e hijos, que nos quita lo que se ha ganado en treinta años del pleito de clase”, insistió Morales.
Estableció que el propio Departamento de Educación señaló más de 100 deficiencias y aún así lo aprueban.
“En este país han ocurrido muchas cosas terribles, pero es la primera vez en la historia que se legisla específicamente para quitarle derechos a niños de educación especial”, ratificó.
El P de la C 1495, indicó por su parte Santiago, tiene como propósito que los servicios se tarden aún más en llegar.
“Según acordado en el pleito de Rosa Lydia, el Programa Educativo Individualizado (PEI) de cada niña tiene que estar listo en mayo. El 1495 mueve esa fecha para 30 días antes de que empiece el otro semestre, cuando ya se aprobó el presupuesto de la agencia, cuando no hay personal suficiente trabajando, con menos tiempo para identificar proveedores”, dijo la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), quien se ha destacado en la lucha a favor de este sector.
Santiago explicó que de esa forma, los servicios o no se dan o se dan mucho más tarde, y el gobierno se ahorra esa dinero, a costa de las niñas y niños.
“Además, obliga a que las revisiones de las decisiones administrativas, en lugar de ir directo al Tribunal Apelativo, se vean en primera instancia como un nuevo juicio, lo que implica costos que la mayoría de las familias no pueden pagar”, sostuvo.
Afirmó que el proyecto de ley lleva todavía más politiquería al Departamento de Educación, porque hace que los jueces administrativos sean confirmados por el Senado, y lo obliga a gastar en alquileres, porque prohíbe que las vistas se hagan en sus espacios.
“Si la Gobernadora firma ese proyecto, le dará un golpe terrible a la educación especial”, manifestó Santiago, quien cursó, además, una carta a la mandataria puertorriqueña explicando en detalle el porqué debe vetar la medida y para solicitarle una reunión.
Las vistas se celebrarán, según explicó Morales, con una nueva ventaja para el Departamento de Educación en contra de los niños, a los que debe servir.
“Ese proyecto crea una figura que se llama ‘defensor de la niñez’ para que comparezcan a las vistas en representación de los niños. Se trata de personas que sólo tienen que tener cuarto año de escuela superior y un ‘examen teórico’ del Departamento de Estado y con eso se supone que le hagan frente a los abogados del gobierno, que sí estudiaron derecho y son litigantes con experiencia; lo que buscan es hacer negocio a costa de la niñez con diversidad funcional”, denunció.
El proyecto de ley plantea crear una secretaría separada para Educación Especial, lo que, expresó Morales, “es un templo a la segregación, que no considera que el 76 por ciento de las estudiantes con diversidad funcional están en corriente regular”.
Añadió que la mayor parte de las 189 páginas del proyecto “son totalmente inútiles, porque lo único que hacen es traducir legislación federal, que ya es aplicable a Puerto Rico”.
El representante Márquez Lebrón denunció que igual que con otras medidas que le restan derechos a la ciudadanía, se ha utilizado la emergencia de la pandemia para su aprobación.
Añadió que con las ya precarias condiciones de trabajo en el Departamento de Educación, el Proyecto 1495 establece que lo allí dispuesto “prevalecerá sobre cualquier convenio colectivo o ley laboral aplicable”.
Tampoco, denunció, se justifica el gasto multimillonario que el proyecto representa con sus nuevas estructuras burocráticas.
“La población de educación especial es probablemente la más protegida jurídicamente en este país. No hacen falta leyes; hace falta cumplir las muchas que hay. La gobernadora tiene que decidir si va a pasar a la historia de los derechos civiles en Puerto Rico como la persona que escogió quitarle derechos a los pequeños más vulnerables del país”, manifestó. INS
P. Rico-Victoria Ciudadana descarta imputaciones contra su candidata a la gobernación de racista y xenófoba
San Juan, 13 jun (INS).- El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) rechazó cualquier intento de manipulación y tergiversación sobre su candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro, a quien se pretende imputar actitudes racistas y xenófobas, así como de rechazo a la comunidad dominicana, como se le ha tratado de establecer debido a una demanda judicial contra una empresa de su madre América Aponte.
La presidenta del MVC, Ana Irma Rivera Lassén, afirmó que han tomado el tiempo necesario que esta situación amerita para discutir este tema con franqueza y seriedad, ya que la xenofobia es algo grave.
“Luego de terminado el proceso de análisis, queremos reconocer, expresarnos y reafirmar la seriedad del asunto sobre (la discriminación) y la xenofobia hacía la comunidad dominicana en Puerto Rico”, dijo la dirigente política.
Aseguró que “el racismo y la xenofobia se manifiestan de formas complejas, a veces evidentes y otras no, están también en la manera en que el sistema social, económico y político funciona y es importante reconocer eso para poder combatirlo”.
Rivera Lassén reveló que se reunió “con parte del liderato de la comunidad dominicana para escuchar sus propuestas y reiterar personalmente sus disculpas por el dolor que toda esta situación le haya causado a los miembros de una comunidad que respeta y apoya”.
Tras aclarar que Lúgaro no fue demandada, la presidenta del MVC reconoció “la seriedad con que se debe abordar el tema de la xenofobia, de inmediato conversamos con la licenciada Lúgaro sobre su participación del proceso judicial y sobre el contenido de la sentencia. El proceso incluyó conversaciones directas con la candidata, con integrantes del MVC y todas las personas candidatas a puestos electivos”.
El análisis, expresó, contó con la más amplia participación democrática a través de encuentros municipales y distritales, y de reuniones del Comité Nacional Transitorio y “luego de analizado todo lo presentado, el MVC sostiene que Alexandra Lúgaro no es una persona racista, xenófoba o contraria a la comunidad dominicana”.
“Este proceso de diálogo, aprendizaje y sanación continuará mediante otros encuentros individuales y colectivos entre el Movimiento, nuestra candidata a la gobernación e integrantes de la comunidad dominicana”, reveló la presidenta del MVC.
La organización acogió una decena de propuestas presentadas por el Comité Dominicano de Derechos Humanos para atender los problemas de la comunidad dominicana, ya que son cónsonas con los lineamientos de nuestra agenda urgente y principios éticos.
“Es por esa razón que nos comprometemos con una agenda de medidas que combatan la xenofobia y el racismo en todos los espacios públicos y privados”, expuso Rivera Lassén.
La demanda incoada por la dominicana Virginia Hernández Núñez contra América Aponte & Asociados, no incluyó a Lúgaro, aunque desde hace una semana ha sido convertida en eje de la controversia originada en 2015 y que nunca fue contestada. INS
P. Rico-Coronavirus/Celebran Tecnólogos Médicos eliminación de disposición de Salud que permitía a farmacias realizar pruebas de Covid-19
San Juan, 13 jun (INS).- La presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico (CTMPR), Lillian Otero Cordero, confirmó hoy que, tras múltiples gestiones de la organización, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, enmendó la orden administrativa que permitía a los farmacéuticos realizar las pruebas para detectar el Covid-19.
A partir de las enmiendas, los tecnólogos médicos del país son los únicos profesionales de la salud autorizados a realizar las pruebas serológicas no exentas y las pruebas moleculares exentas y no exentas, disponibles y autorizadas para utilizarse, lo que causó suma satisfacción en Otero Cordero.
“Aunque las farmacias y farmacéuticos nunca llegaron a realizar las pruebas, si no se hubiera enmendado la orden administrativa continuaba abierta la puerta para que sucediera”, observó.
Agregó que con todo lo que ha acontecido con las pruebas para detectar el Covid-19 en el país, “nuestra preocupación principal era que solo el tecnólogo médico tiene la experiencia y el conocimiento en garantía y control de calidad, validación y procesos preanalítico, analítico y postanalítico que se necesita para asegurar resultados confiables”.
“Dejar la realización de las pruebas en manos de otros profesionales de la salud solo atentaría contra el mejor bienestar de nuestro pueblo”, destacó Otero Cordero.
La presidenta del CTMPR aclaró que respetan a los demás profesionales de la salud y reconocen que cada cual está haciendo una ardua labor en medio de la pandemia, aunque consideró se debe trabajar en unidad, pero cada cual haciendo lo que le corresponde y para lo que está preparado.
Otero Cordero aprovechó para agradecer al liderato del CTMPR, en especial a sus comisiones de Defensa de la Profesión y Legislación, por apoyar las acciones que se tomaron para que sus reclamos fueran escuchado.
Reitero su agradecimiento a González Feliciano porque “entendió nuestro planteamiento de que no existía justificación alguna para que otros profesionales de la salud hicieran nuestras funciones porque en la isla hay los tecnólogos médicos y laboratorios suficientes y dispuestos para atender la demanda de administración de pruebas que hay al momento”.
“Sabemos del compromiso del Secretario de Salud y que, a fin de cuentas, lo mueve el mismo interés nuestro que es garantizar lo mejor para la salud de nuestra gente”, recalcó la presidenta de los 3,500 tecnólogos médicos licenciados y colegiados que laboran en más de 900 laboratorios clínicos, hospitales y bancos de sangre.
Aunque la enmienda a la orden administrativa 440 fue emitida el 29 de mayo no fue hasta anoche que se hizo pública.
El nuevo estatuto también incluyó que otros profesionales de la salud, más allá de los farmacéuticos, están impedidos de realizar pruebas serológicas para detectar el nuevo coronavirus. INS
ndc