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La Federación de Maestros de Puerto Rico realizó una protesta en la explanada norte del Capitolio. Inter News Service/Víctor R. Birriel
San Juan, 8 jun (INS).- La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad, en medio de protestas en la explanada norte del Capitolio de miembros de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y de Guardias Correccionales, un proyecto de su vicepresidenta Lourdes Ramos que propone crear la “Ley para un Retiro Digno”, y establecer una política pública de cero recortes a las pensiones de los participantes de los sistemas de retiro y las personas jubiladas del servicio público.
La medida busca además, crear el andamiaje jurídico necesario para el eventual establecimiento de un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro que asegure el pago de pensiones de servidores públicos, contrario a lo que pretende la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Sentimos la satisfacción del deber cumplido al lograr la aprobación por unanimidad de este proyecto que le hace justicia a todos los jubilados”, argumentó Ramos.
La medida, suscrita otros legisladores, cuenta con el aval de diversas organizaciones de pensionados como del liderato obrero puertorriqueño, que aspira a frenar los abusos en contra de los trabajadores del país.
Sobre 65,000 jubilados del Gobierno —dos de cada cinco— verían sus pensiones reducidas significativamente como resultado de la intención de la JSF de reducir las pensiones en 8.5 por ciento, mientras encamina esfuerzos por satisfacer los reclamos de los acreedores de bonos buitres.
Un informe de Ernst & Young, publicado por la JSF el 27 de septiembre de 2019, detalla que los jubilados no recibieron ajustes a sus pensiones por costo de vida desde la aprobación de la Ley 35-2007, lo que significa que, en promedio, el valor de las pensiones se vio reducido en un 19 por ciento entre 2007 y 2019, lo que podría alcanzar hasta más de un 39 por ciento para 2037.
La representante Ramos dijo que el efecto combinado de los recortes impuestos por la Ley 3-2013 y la Ley 106-2017 es devastador para los pensionistas.
Los pensionados bajo la Ley Núm. 447 experimentaron reducciones acumuladas de hasta un 44 por ciento del valor agregado de sus pensiones, beneficios y demás derechos de retiro si se convirtieron en participantes antes del 1 de abril de 1990, y de hasta un 53 por ciento, si se convirtieron en participantes a partir de esa fecha.
Los jubilados del Sistema 2000 recibieron una reducción acumulada de hasta un 82 por ciento del valor agregado de sus pensiones, beneficios y demás derechos de retiro.
Las tres reestructuraciones negociadas por la JSF, dejarían a Puerto Rico con 45,449 millones de dólares en servicio a la deuda de bonos asegurados con la máxima protección contra recortes en una quiebra futura.
Una posible segunda quiebra, que se vislumbra, sería devastadora para las poblaciones más vulnerables de Puerto Rico, incluyendo los servidores públicos y los pensionados.
“Sería poner a competir nuevamente, en menos de 20 años, a estos bonistas, ahora con mayores protecciones sobre sus derechos de cobro, contra pensionados y servidores públicos, quienes serían considerados acreedores no asegurados y estarían en peor posición relativa que la enfrentada actualmente”, argumentó.
Ramos agregó que con esta medida “vamos a impedir que sigan siendo los trabajadores y los pensionados, los que sufraguen las enormes ganancias que la Junta les garantiza a los bonistas, especialmente a los que adquirieron los bonos a precio de quemazón”.
De otra parte, Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR, ofreció su respaldo al proyecto, mientras acompañaba a los maestros jubilados.
Mientras, Otilio Rosado, del Capítulo de Jubilados de la FMPR, reclamó junto al compromiso de la Cámara de Representantes, el del Senado. INS
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