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El presidente Donald J. Trump invocó la Ley de Insurrección de 1807, cuyo contenido, modificado varias veces desde que se aprobó por primera vez, autoriza el empleo de las fuerzas terrestres y navales de Estados Unidos. Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 2 jun (INS).- Es preciso descifrar la posibilidad aberrante de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se vuelquen contra su propio pueblo, se conviertan en su enemigo, en vez de su protector.
Es lo que muchos interpretan está haciendo el presidente Donald J. Trump cuando invoca la Ley de Insurrección de 1807, cuyo contenido, modificado varias veces desde que se aprobó por primera vez, autoriza el empleo de las fuerzas terrestres y navales de Estados Unidos.
“El Distrito de Columbia no tuvo problemas anoche. Muchos arrestos. Todos han hecho un gran trabajo. Fuerza abrumadora. Dominación”, publicó este martes el mandatario en su cuenta de Twitter.
Los helicópteros militares vigilaban Washington a tan baja altura que era posible observar las piernas de los soldados colgando de las puertas del aparato.
En la capital estadounidense, el único territorio donde el presidente puede desplegar al Ejército sin consultar antes con el gobernador, se ven tanques aparcados en varias esquinas.
El presidente Trump, anunció el lunes el despliegue masivo de militares y policías para detener los disturbios en la capital del país, Washington D.C., mientras las multitudinarias manifestaciones sacuden al país por la muerte de George Floyd, el afroamericano que falleció tras detenido el pasado 25 de mayo por agentes policiales blancos, uno de los cuales lo asfixió.
La Ley de Insurrección de 1807 fue aprobada para responder a “cualquier insurrección, violencia interna, combinación ilegal o conspiración” que “obstaculice la ejecución de las leyes de Estados Unidos o se oponga a ella o impida el curso de la justicia establecido por esas leyes”.
La pregunta que constitucionalistas se hacen es si estamos ante una insurrección violenta interna o conspiración que está obstaculizando la puesta en práctica de las leyes de Estados Unidos. ¿O no es acaso lo que en esencia, más allá de los desbordamientos de violencia e indignación, lo que persiguen las protestas: exigir que se cumpla con lo dispuesto en la Constitución de Estados Unidos?
El segundo párrafo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos comienza de la siguiente manera: “Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que su Creador les otorga ciertos Derechos inalienables, que entre ellos están la Vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.
«En estos momentos, estoy enviando a miles y miles de soldados fuertemente armados, efectivos militares y agentes del orden público para detener los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los asaltos y la destrucción sin sentido de la propiedad», proclamó el presidente Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Recomendó a los gobernadores “desplegar a la Guardia Nacional para tomar las calles”, afirmando que los “alcaldes y gobernadores deben establecer la presencia abrumadora de las fuerzas del orden hasta que la violencia sea sofocada”.
Agregó que “si una ciudad o estado se niega a tomar las acciones que son necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré a los militares de Estados Unidos. y resolveré rápidamente el problema por ellos”, enfatizó el presidente.
El mandatario se abroga la prerrogativa que se establece de implantar la Ley de Insurrección sin consultar con el Congreso, aunque debe hacerlo a través de una proclamación formal para dar tiempo a los residentes de áreas afectadas a dispersarse y regresar a sus hogares en un tiempo limitado.
Empero, analistas indican que Trump podría enfrentar ciertas dificultades al invocar el acto unilateralmente y sin contar con el apoyo de los gobernadores estatales.
La ley establece que, “de producirse una insurrección contra el Gobierno en cualquier estado, el presidente puede, a petición de su legislatura o de su gobernador si la legislatura no puede ser convocada, llamar al servicio federal a la milicia de los otros estados, en la cantidad solicitada por ese estado, y utilizar a las Fuerzas Armadas que considere necesarias para reprimir la insurrección”.
Para invocar este estatuto debe mediar la circunstancia de que los ciudadanos de un estado están privados de “un derecho, privilegio, inmunidad o protección nombrada en la Constitución y garantizada por la ley, y las autoridades constituidas de ese estado no pueden, no logran o se niegan a proteger ese derecho, privilegio o inmunidad, y a proporcionar esa protección”.
Lo que observan los constitucionalistas es que este no es un estatuto que deba malinterpretarse para volcar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra el propio pueblo estadounidense, a quien está llamado a defender y proteger. INS
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