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Resumen de noticias para el martes 2 de junio de 2020
P. Rico-Firma la gobernadora Vázquez Garced el Código Civil después de un mensaje justificativo de su acción
San Juan, 2 jun (INS).- La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó anoche el nuevo Código Civil de Puerto Rico, que reemplaza el vigente de 1930, después de un sosegado mensaje en el cual justificó su paso por entender que se atendieron los reclamos de los distintos sectores del país.
Durante su mensaje por televisión, la gobernadora sostuvo que el nuevo Código Civil no elimina derechos adquiridos e incluso añade derechos no establecidos en el vigente, como los derechos de la comunidad Lgbttq, uno de los sectores críticos a los procedimientos seguidos en la Asamblea Legislativa.
La mandataria recordó que el nuevo documento, que entrará en vigor en seis meses, está sujeto a cambios eventuales.
Vázquez Garced resaltó que durante las últimas semanas ha sostenido conversaciones con distintos sectores respecto al documento que regirá la vida civil de los puertorriqueños durante los próximos años, incluido la eliminación de las diversas causales de divorcio. INS
P. Rico-Reclama el CAAPR extender a un año la implementación del Código Civil
San Juan, 2 jun (INS).- Dirigentes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) reclamaron que el Código Civil convertido anoche en ley sea enmendado con urgencia para extender a un año el periodo de implementación ante el reto que significaría readiestrar a la abogacía, judicatura y demás profesionales que intervienen en los procesos legales.
El nuevo Código Civil dispone su puesta en vigor en un periodo de 180 días después de su aprobación.
La extensión del plazo de vigencia serviría además para la introducción de cambios que son necesarios en el conjunto de leyes.
“Hoy se deroga un Código Civil de 1930, que ya era anticuado, y cuyas disposiciones impedían el desarrollo social y económico de una sociedad moderna. Sin embargo, ha sido sustituido por otro Código que, aunque incluye adelantos importantes, también se queda corto frente a las aspiraciones puertorriqueñas. Este tema no queda aquí. Ahora comienza una jornada intensa para lograr dotar a nuestra clase jurídica y al país del conocimiento que permita implementar el código”, expresó el licenciado José Javier Lamas, presidente de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR.
Agregó que, como primer paso, hay que introducir una enmienda urgente para extender a un año el periodo en que tardará en entrar en vigor.
Al examinar el Diario de Sesiones del 4 de marzo y 11 de abril de 2019, la primera vicepresidenta del Colegio, licenciada Daisy Calcaño López, identificó decenas de enmiendas al texto que nunca fueron discutidas en vistas públicas.
“La Cámara de Representantes aprobó unas 80 enmiendas sin vistas públicas al proyecto original. En el Senado se incorporaron unas 66 enmiendas al proyecto sustitutivo de la Cámara, sin escuchar al pueblo. El proyecto de ley firmado estuvo expuesto a 146 enmiendas que nunca fueron a vistas públicas. En 90 años el Código Civil vigente fue modificado 60 veces”, observó Calcaño López.
Añadió que “Puerto Rico merece un mejor Código Civil. Después de todo, es la ley más importante, después de la Constitución. Es evidente que el proyecto de ley fue enmendado sin la oportunidad de vistas públicas, privando a la sociedad civil de su participación”.
Por su parte, el presidente del CAAPR, Edgardo Manuel Román Espada, reiteró el compromiso de la institución con promover un Código Civil moderno, que sirva a las necesidades y aspiraciones del pueblo a la altura del siglo XXI. Ese Código, a su juicio, debe enaltecer los derechos humanos y el desarrollo social para el país.
“Por ello, en nuestra Asamblea General de 2016, se adoptó una resolución para participar de los esfuerzos legislativos. Nuestra Comisión de Derecho Civil presentó ponencias, analizó artículos y participó de las vistas públicas que inicialmente hizo la Cámara de Representantes. Sin embargo, la Cámara aprobó un proyecto de Código con múltiples enmiendas de última hora que no fueron objeto de discusión pública”, recordó el presidente.
Por su parte, el Senado aprobó, sin vistas, el proyecto sustitutivo de la Cámara e introdujo sobre 60 enmiendas adicionales.
“Hemos denunciado la aprobación de un Código en esas circunstancias, a espaldas de los diversos sectores interesados en colaborar. Enviamos dos comunicaciones a la gobernadora solicitando el veto de la medida y su devolución a la Cámara. Esa era la ruta democrática. Es lamentable que nunca se contestaran nuestros reclamos”, destacó Román Espada. INS
P. Rico-Organizaciones del Movimiento Una Sola Voz salen en defensa del fondo para erradicar la pobreza infantil
San Juan, 2 jun (INS).- Las organizaciones sin fines de lucro que integran el Movimiento Una Sola Voz (MUSV) cuestionaron al grupo 20/22 Act Society, que por medio de su portavoz, Robb Rill, ha amenazado con retar en los tribunales el aumento por la presentación de informes anuales impuesto a empresarios e inversionistas que se benefician de los incentivos contributivos de la Ley 22.
El alza de 300 a 5,000 forma parte de las disposiciones que se incluyen en la Ley 40, firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el pasado mes de abril.
Este dinero que deben aportar a los negocios exentos en Puerto Rico que operan bajo el decreto de la Ley 22, y cualquier otro otorgado a individuos residentes inversionistas bajo el Código de Incentivos, es destinado directamente a un fondo para apoyar a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios dirigidos a erradicar la pobreza infantil en Puerto Rico.
Para Ana Yris Guzmán, presidenta de la junta directiva del MUSV, las pretensiones de la entidad que reúne a los inversionistas extranjeros, que se benefician de amplias exenciones, “intentan frenar el proceso, tratándose además de una aportación mínima, en comparación con el monto de sus ganancias, que sería utilizada para ampliar y fortalecer muchos de los servicios que brindan organizaciones del tercer sector para mitigar los problemas de pobreza y desigualdad que enfrenta el país”.
Agregó que “sentimos mucho que este grupo de inversionistas que residen en la isla, presenten una traba innecesaria para la implantación de una ley que está destinada a aliviar las necesidades de nuestros sectores más vulnerables, sobre todo la niñez”,
Asimismo, Guzmán Torres, en representación de las organizaciones sin fines de lucro del país, catalogó la intención legislativa de reglamentar este aumento a los inversionistas extranjeros, del representante Antonio Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, como una loable y más que justificable.
Haciendo eco de las expresiones de la presidenta, el copresidente de la junta directiva del MUSV, Marcos Santana Andújar, señaló que ahora más que nunca es imperativo que las organizaciones sin fines de lucro puedan contar con todos los recursos necesarios para servir las comunidades incluyendo los fondos destinados bajo la Ley 40, dirigidos a trabajar con la erradicación de la pobreza infantil en el país.
“La pandemia del COVID-19, ha recrudecido las condiciones de pobreza y violencia en la que viven miles de familias puertorriqueñas, lo que representa un impacto directo en las condiciones de vida de nuestra niñez. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo de la Juventud, se estima que el nivel de pobreza de la niñez aumente en un periodo de cuatro meses de 58% a 65%, lo que representa 43 mil niños más viviendo en desventaja económica, elevando la cifra de menores en pobreza a 386 mil. Exhortamos a los empresarios e inversionistas a que cumplan con su responsabilidad social empresarial y aporten al desarrollo pleno de nuestra niñez por el bien y el futuro del país”, manifestó.
Con Guzmán Torres y Santana Andújar coincide la directora ejecutiva de Filantropía Puerto Rico, Glenisse Pagán, quien por su parte expreso que “apoyar los esfuerzos de las organizaciones que lideran el desarrollo social del país es responsabilidad de todos. Es vital que los beneficiados por la ley 22 reconozcan y aporten a esta labor tan esencial para la isla que los recibe.”
El MUSV hizo un llamado de alerta al país ante las intenciones del grupo 20/22 Act Society de invalidar el pago de la contribución que le exige la ley por las implicaciones que tendría para las organizaciones sin fines de lucro, máxime cuando el momento que vive el país demuestra nuevamente la capacidad de respuesta del tercer sector a favor del bienestar de los sectores más desprotegidos de la ciudadanía.INS
P. Rico-Sindicatos condenan acciones contra la comunidad negra y otras minorías en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd
San Juan, 2 jun (INS).- Más de una docena de sindicatos des trabajadores puertorriqueños condenaron los continuos ataques y asesinatos de los que ha sido víctima la comunidad negra y otras minorías que residen y forman parte del pueblo de Estados Unidos, al reaccionar al asesinato del afroamericano George Floyd por cuatro policías racistas en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota.
Las organizaciones consideran que Estados Unidos vive actualmente una de las manifestaciones más crudas de una sociedad que proclama la igualdad y la libertad como valores supremos, pero subsiste alimentando los privilegios, la ausencia de equidad, la discriminación y las diferencias entre los que la componen.
Opinaron que estos ataques y la contundente respuesta de la comunidad han cobrado proyección internacional y dejan de manifiesto que aún falta mucho para que aquel sueño de equidad que proclamó el doctor Martin Luther King el 28 de agosto de 1963 cobre realidad.
“El racismo es una forma de explotación y le sirve de soporte ideológico a las diferencias y los privilegios; establece jerarquías sociales. No es, por lo tanto, casual que negros, latinos y pobladores originarios ocupemos las estratas inferiores en las sociedades capitalistas”, dijeron los sindicatos en su proclama.
Ratificaron que tampoco es casual que los negros, tras cientos de años de injusticia y lucha, padezcan discriminación y sean objeto de odio.
“La existencia de supremacistas blancos ha recibido un estímulo extraordinario en la retórica racista del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha dado lugar a una intensificación de la violación de los más elementales derechos humanos de los sectores más oprimidos de dicha sociedad, multiplicando las agresiones y el asesinato hacia grupos minoritarios”, destacó la declaración de los sindicatos.
Agregaron que, en respuesta a esa violencia irracional, los trabajadores y trabajadoras puertorriqueños y los sindicatos que nos representan, sumamos nuestra voz a la clase obrera norteamericana que ha respondido de forma unánime haciendo un llamado a ponerle fin a los abusos y atropellos cometidos y reclama militantemente en las calles el cese de la violencia institucional y la disparidad en el ejercicio de la justicia.
“No podemos pasar por alto que han sido los negros y las minorías los que han pagado el precio más alto en vidas por la desatención a la propagación del coronavirus y en los efectos de empobrecimiento y miseria que ha tenido sobre la clase trabajadora norteamericana el sistema económico neoliberal”, expresaron.
Refirieron que varias generaciones de puertorriqueños en la diáspora en Estados Unidos han sufrido en carne propia la discriminación e intolerancia de la violencia racista.
Además, demandaron que los reclamos que ahora hace el pueblo norteamericano en las calles de sus principales ciudades sean atendidos mediante respuestas efectivas que pongan punto final a la disparidad racial, económica y judicial y se establezcan bases firmes para la superación de las falsas premisas raciales que hoy prevalecen.
Igualmente, exigieron que en Puerto Rico se erradiquen las distintas manifestaciones de racismo que incluyen burlas y actitudes despectivas y desvalorizantes con motivos raciales, además de un sistema que asigna “de manera natural” las posiciones de menor remuneración y destaque a aquellos que provienen de los sectores marginados.
Expusieron la “coincidencia” entre el origen racial de sectores y la ausencia de apoyo gubernamental para ellos, de escuelas adecuadas, facilidades de salud y oportunidades de empleo.
El documento está firmado por los dirigentes sindicales, que reclaman una sociedad justa, libre de discriminación, de desigualdad y explotación, Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros; Liza M. Fournier Córdova, presidenta de UNETE; Gerson Guzmán, de la UGT; Emilio Nieves, de la Central Puertorriqueña de Trabajadores; José Rodríguez Vélez, representante Movimiento Solidario Sindical; Antonio Cabán, presidente de la FCT-481/UFCW, y Ángel R. Figueroa Jaramillo, presidente Consejo Estatal UTIER y de la Junta de Directores de ProSol UTIER.
También, Angel T. Pinto Rivera, presidente ProSol Utier, Capítulo Autoridad de Carreteras y Transportación; Leticia Ortiz, presidenta UITSL; Ángel Rodríguez, presidente APPU; Roberto Pagán, presidente SPT; Migdalia Santiago, presidenta Educamos; Carlos Rodríguez, coordinador de Organización del Frente Amplio de Camioneros y presidente de la SGT; Benjamín Santiago, director ejecutivo Alianza SEIU, y Jannell M.Santana Andino, presidenta HEEND. INS
P. Rico-Senadores del PPD alegan que el PNP elimina la intención del elector en el proyecto del Código Electoral que intentan aprobar
San Juan, 2 jun (INS).- Los senadores Eduardo Bhatia, Aníbal José Torres y Miguel Pereira, acusaron que la delegación del PNP pretende aprobar el Código Electoral, el cual según los legisladores atenta contra los derechos adquiridos por los electores al eliminar lo que se conoce como la intención del elector, entre otros.
Según los políticos, fue el Tribunal Supremo de Puerto Rico que, de forma unánime, en la década de los 80, determinó reconocer este derecho y validarlo.
“Por los pasados años, si un elector hacía una marca sobre una insignia, foto o sobre el nombre de algún candidato, dentro del cuadrante de un partido, en cualquiera de las tres papeletas, se interpretaba como la intención del elector y ese voto era válido. Ahora, a 154 días de las elecciones generales, el PNP, en su afán por aprobar un Código Electoral, desaparece este derecho del elector”, dijeron en una comunicación escrita los senadores del PPD.
Agregaron que “para que un voto sea válido, en las próximas elecciones, la marca deberá estar única y exclusivamente dentro del área de reconocimiento que es el rectángulo que acompaña la insignia del partido de preferencia o del candidato”.
Del proyecto 1314 del Senado, opinaron que es “unilateral” y que a cinco meses de las elecciones “abre la puerta al fraude electoral y es un claro intento del PNP para perpetuarse en el poder. El mismo partido que salió electo en el 2016 con la Ley vigente, ahora la repudia”.
“El PNP se enreda en su propia maldad y violenta los derechos constitucionales de los electores”, sostuvieron
Los legisladores señalaron además que el Código Electoral también elimina el derecho del elector a votar por una insignia y por candidatos de otros partidos.
Sobre esto, comentaron que “ese derecho fue validado por el Tribunal Supremo en el 2004. Con la aprobación del Código, el elector se corre el riesgo de que se le anule su voto si vota por un partido y por el Gobernador y Comisionado Residente de otro. Le recuerdo al PNP que ese mismo voto mixto fue el que don Luis Ferré pidió en 1968 cuando se votaba en una sola papeleta”.
Al mismo tiempo, reafirmaron la oposición del PPD al proyecto y reiteraron el llamado a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que no lo firme.INS
ndc