San Juan, 1 jun (INS).- La vicepresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTSPR), Lydael Vega Otero, consideró hoy que existe una carencia de democracia en el proceso de confirmación del nuevo secretario del Departamento de la Familia, Orlando López Belmonte.
“Esto sin haber establecido un proceso organizado, democrático y transparente para que diferentes grupos pudiéramos presentar nuestras reservas a este nombramiento”, afirmó Vega Otero ante el proceso que corresponde a la comisión de Nombramientos del Senado.
Refirió que el Departamento de la Familia cuenta con unos 1,200 profesionales de Trabajo Social en su plantilla laboral que día a día ofrecen sus servicios a familias que enfrentan las situaciones más complejas de nuestra realidad social.
“En momentos en que el país enfrenta una emergencia de salud pública, un sector del país vive bajo la amenaza de temblores y a comienzo de la temporada de huracanes, reiteramos nuestra postura de que el designado, López Belmonte no cuenta con la preparación y experiencia profesional para comprender las complejidades sociales que enfrentan las personas que requieren de los servicios de dicha agencia y administrar la diversidad de programas sociales que la misma maneja”, sostuvo la vicepresidenta del CPTSPR.
Vega Otero consideró que “todo el país conoce que las situaciones de vulnerabilidad económica y psicosocial han aumentado la cantidad de familias que requieren de los servicios que ofrece esta agencia”.
“Requerimos de una persona que comprenda estas complejidades para que las determinaciones administrativas sean cónsonas con las necesidades y derechos de la ciudadanía, particularmente de los sectores que están siendo más vulnerados por la emergencia de salud y la crisis fiscal y económica por la cual atraviesa el país”, insistió.
La dirigente de los trabajadores sociales opinó que la persona que “esté a la cabeza del Departamento de la Familia debe comprender la necesidad de atender las condiciones laborales y los recursos a disposición de los y las profesionales que laboran en dicha agencia y saber salvaguardar las mismas de las amenazas, los riesgos y la precariedad, sabiendo que estas son esenciales tanto en la protección de los derechos de la (plantilla) como la calidad de los servicios que se ofrecen a cientos de miles de familias”.
“Esperamos que el Senado de Puerto Rico, no abone a la ya maltrecha situación de la agencia, y reconozcan la necesidad de una persona con experiencia y preparación en la comprensión de lo social y la gestión de programas sociales”, planteó Vega Otero. INS
ndc
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