Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 27 de mayo de 2020
P. Rico-Asociación de Jubilados de la AEE critica expresiones de Ortiz
San Juan, 27 may (INS).- El presidente de la Asociación de Jubilados de la AEE, Johnny Rodríguez Ortiz, exigió al director ejecutivo de la corporación pública, José Ortiz, que antes de seguir “empujando sus ideas nefastas” conteste quién responderá por la deuda de los 9,000 millones de dólares y la corriente de sobre 500 millones con el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE.
El director ejecutivo de la AEE alegó anoche en un programa de televisión que “antes de que acabe el verano, ustedes van a ver contratado el ente que va a venir a dirigir la Autoridad. Seguimos con el proceso. Ahora, hay una entidad recomendada de las que compitieron, se va al Negociado de Energía para su aval final y el de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), todos han estado participando del proceso”.
Por tal razón, Rodríguez Ortiz emplazó a Ortiz para que le informe a la ciudadanía “quién, sino el pueblo consumidor, se hará cargo de la deuda de más de 9,000 mil millones de dólares de la AEE porque la privatización no resuelve este problema”.
A su vez, pidió a la Autoridad “que se ponga al día en la deuda corriente con el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE, que ya ronda cerca de los 500 millones de dólares y cada vez aumenta con los intereses”.
“La AEE alegó que los abonados vamos a ver un ahorro significativo en la factura a partir de junio próximo. Específicamente, Ortiz dijo que ‘en una semana más o menos, y en julio bajará aún más’. Habló de que la AEE siempre hace un análisis de dos meses anteriores y explicó que la luz bajo a mitad de marzo y se extendió al mes de abril completo”, manifestó Rodríguez Ortiz.
Sobre el particular, el presidente de la AJAEE aseguró que “José Ortiz le miente nuevamente al país, no tiene límites, porque nosotros sabemos que la AEE compra el combustible de día a día y no es cierto que tenían almacenamiento suficiente como para habernos hecho esperar. Tan es así, que hubo momentos en el pasado reciente que tuvieron que sacar la planta Cambalache de Arecibo porque no tenían combustible para operar. Esto tira por el suelo el argumento y la nueva mentira de José Ortiz”.
Agregó que “Ortiz intenta justificar lo imposible. Un ejemplo es cuando celebró que al prender las Unidades 5 y 6 de la Central San Juan, los abonados veremos una reducción de entre ocho y 12 dólares en la factura. Lo que no dijo es que, de haber puesto en funciones la Central Costa Sur en Guayanilla, en combinación con estas dos unidades, el ahorro hubiese sido de 30 dólares mensuales, porque también opera con gas natural desde hace cinco años”.INS
P. Rico-Coronavirus/Salud ordena recogido de pruebas Phamatech tras notificación de la FDA que prohíbe su uso y distribución
San Juan, 27 may (INS).- A raíz de una notificación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, ordenó el recogido de las pruebas Phamatech distribuidas por la agencia.
“Una vez recibimos la notificación de la FDA que prohíbe el uso y distribución de las pruebas serológicas Phamatech, evaluamos la distribución de las mismas por parte del Departamento de Salud para, de manera inmediata, ordenar que no sean utilizadas. En el día de ayer, estamos ordenando un “recall” de las pruebas que quedan en la periferia, para garantizar que no estén disponibles para la ciudadanía”, aseguró González Feliciano.
La cantidad de pruebas serológicas que se distribuyeron del manufacturero Phamatech fueron 6,975, de 8,100 que se recibieron.
De esas pruebas, unas ocho cajas, cada una de 25 pruebas, para un total de 200, fueron devueltas por laboratorios que no estaban satisfechos con la validación y decidieron no hacerlas.
Al momento, ningún otro laboratorio ha devuelto pruebas.
Salud aclaró que pueden existir pruebas Phamatech adquiridas por laboratorios privados, por lo que la División de Laboratorios, adscrita a la Secretaria Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) del Departamento de Salud, ha notificado la información provista por la FDA para su debida acción.
El listado de las pruebas serológicas que tienen la autorización de la FDA es revisado constantemente, por lo que Salud “se mantiene atento a las guías establecidas para tomar decisiones respecto a la administración de las pruebas adquiridas”, dijo el funcionario.
La distribución de dichas pruebas se hizo bajo el marco del “Emergency Authorization Use” que garantiza que, aunque estas pruebas no se encuentren verificadas por la FDA, los manufactureros sí sometieron sus datos de validación.
“En el Departamento de Salud, lo más importante es velar por la integridad de nuestros procesos, así como el bienestar y seguridad de la ciudadanía. Es por esto que nuestro equipo está trabajando para recoger las pruebas distribuidas, a la mayor brevedad”, declaró el secretario de salud.INS
P. Rico-Dalmau reafirma su llamado a prohibir el “peligroso” glifosato y recuerda que empresa Bayer enfrenta 125,000 demandas por casos de cáncer en Estados Unidos por el uso del herbicida
San Juan, 27 may (INS).- El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, hizo un llamado a la Cámara de Representantes a aprobar un proyecto de su autoría para prohibir el uso público del peligroso glifosato, en momentos donde la empresa Bayer anunció que llegó a acuerdos que cubren entre 50,000 a 85,000 demandas por casos de cáncer en Estados Unidos por el uso del herbicida.
El Senado aprobó hace un año el proyecto 130 de 2017, el cual prohíbe el uso del glifosato en el desyerbado de autopistas, carreteras, avenidas, calles y caminos estatales o municipales, canales de riego y cualquier propiedad pública, al cual se añadieron como co-autores senadores de todos los partidos políticos y el independiente.
Sin embargo, la Cámara de Representantes no tomó acción sobre la medida.
Para el senador del PIP, este es el momento justo para que la Cámara apruebe el proyecto.
“En este momento que estamos batallando para proteger la salud del pueblo, ante la pandemia del COVID-19, se hace necesario que también la defendamos de otros elementos peligrosos como lo es el glifosato. La empresa Bayer enfrenta 125,000 demandas en Estados Unidos debido al cáncer que le causó este producto a miles de personas, y han propuesto gastar 10,000 millones para poner fin a una costosa batalla legal que la compañía heredó cuando adquirió Monsanto en 2018. Esto debe enviarnos un mensaje claro de la necesidad de prohibir el glifosato en Puerto Rico”, explicó Dalmau.
Para el político, quien también es candidato a la gobernación por el PIP, el gasto multimillonario de Baxter se debe a una estrategia para evitar que salga a la luz pública más información negativa sobre el glifosato.
“La empresa quiere hacer ver que estos acuerdos son parte de una estrategia meramente económica y corporativa, dirigida a los accionistas. La realidad es que, luego que perdieron en corte tres casos importantes, quieren evitar que se siga discutiendo públicamente los efectos negativos que tiene el glifosato, bajo su marca de Round Up, en la salud de las personas. Así como queremos evitar que los residentes en el país se contagien con el coronavirus, la Cámara de Representantes y el gobierno de Puerto Rico tienen que tomar acciones para proteger la salud de nuestra gente”, manifestó.
En la Cámara, el representante del PIP, Denis Márquez Lebrón, también sometió un proyecto similar al de Dalmau, pero tampoco fue considerado y quedó engavetado en la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, que preside el representante Joel Franqui Atiles.INS
P. Rico-Senado aprueba medidas relacionadas con el denominado nuevo Código Electoral
San Juan, 27 may (INS).- El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dio por aprobado “amplia y mayoritariamente” a viva voz el proyecto del Senado 1314, según enmendado, que contempla un nuevo Código Electoral de Puerto Rico.
La votación electrónica de la pieza legislativa fue de 18 a favor y ocho en contra de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), el senador Juan Dalmau Ramírez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y el independiente José Vargas Vidot.
Tras escuchar los diversos argumentos de las delegaciones de minoría en contra de la pieza legislativa incluyendo el proceso de aprobación, el presidente senatorial argumentó que “no se le está garantizando nada al Partido Nuevo Progresista (PNP), ni al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), ni al Partido Popular Democrático (PPD) ni a ningún otro de los partidos emergentes…”
Contrario a la argumentación generalizada, Rivera Schatz insistió en que “no se están cambiando las reglas, se está fomentando la participación y que la mayor cantidad de puertorriqueños pueda votar de la manera más cómoda… El que no tiene miedo, abre la puerta a la participación y el que tiene miedo como ustedes, el Partido Popular Democrático (PPD), las quiere cerrar”.
Durante su alocución de más de 20 minutos, Rivera Schatz condenó las objeciones de las minorías cuando en la pasada administración del PPD se aprobó el proyecto del Senado 1254 a través del cual se enmendó la Ley Electoral para que, entre otras cosas, la entonces comisionada electoral de esa colectividad, fungiera como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Alegó que se trató de un proceso fue “sin consenso, sin diálogo”, pues presentaron el proyecto el 4 de noviembre, apareció en lectura el 6 de noviembre, hicieron una vista pública el 8 de noviembre y el 10 de noviembre lo aprobaron.
“¿Consenso Ah? ¿Y ustedes tienen la fuerza de cara de criticar al PNP?”, cuestionó en forma retórica Rivera Schatz para defender la llamada reforma que, según la oposición, destruye el consenso en la referente a la CEE.
También se dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 556, presentada por la mayoría del PNP y la delegación del PPD, que estipula como fecha final y firme que las primarias, que estaban supuestas a realizarse en junio y fueron pospuestas por el Covid-19, se realicen el próximo 9 de agosto.
El senador Aníbal José Torres, presidente del PPD, informó que su delegación votará a favor en “esta medida de consenso”.
De paso, se aprobó el proyecto del Senado 1594, presentado por petición por el presidente del Senado, para autorizar a la CEE a anunciar, mediante proclama, el plebiscito de estatus, que se realizará el próximo 3 de noviembre.
La misma debe ser no más tarde de 30 días calendario, a partir de la aprobación de la ley en periódicos de circulación general en la Isla y en uno en todo Estados Unidos.
A pesar de que la consulta se convirtió en ley el 16 de mayo de 2020, los cuerpos de la Asamblea Legislativa habían pasado juicio sobre el proyecto antes de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced tuviera que decretar un estado de emergencia que ha conllevado el cierre de las operaciones gubernamentales y la gran mayoría de los comercios, a consecuencia de la pandemia del Covid-19.
“Las operaciones de la CEE se han afectado a consecuencia de ello, afectando el calendario electoral, entre otras gestiones necesarias en este año donde se llevarán a cabo primarias y elecciones generales”, indicó el presidente senatorial en la medida. INS
P. Rico-Manifestación de la Coordinadora Paz para las Mujeres en rechazo a proyectos 2476 de la Cámara y 1590 del Senado, porque no toman en consideración derecho de víctimas y sobrevivientes del crimen a tener justicia y las exponen a proceso innecesario de revictimización
San Juan, 27 may (INS).- Organizaciones y personas aliadas de Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM), así como víctimas y sobrevivientes del crimen, se unieron ayer para expresar su oposición a la aprobación “de manera abrupta y a toda prisa” de los proyectos 2476 de la Cámara de Representantes y 1590 del Senado.
Miembros de la entidad llegaron hasta el Capitolio para expresar su rechazo a las medidas.
De acuerdo con Vilma González Castro, directora ejecutiva de CPM, las medidas no toman en consideración el derecho de las víctimas y sobrevivientes del crimen a tener justicia y las expondrían a un proceso innecesario de revictimización.
Consignó que los proyectos harían retroactivo el nuevo orden procesal que estableció el Tribunal Supremo de Estados Unidos el pasado 20 de abril en el caso de Ramos contra Louisiana, en el que se establece que es inconstitucional que en los estados y territorios se permitan veredictos de culpabilidad cuando los jurados no actúan de forma unánime. Poco después el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el mismo criterio en Pueblo contra Torres Rivera.
“Sin embargo, la legislación propuesta por Cámara y Senado, va más allá de lo resuelto en los casos citados para permitir que personas que están cumpliendo sentencias que ya son finales y firmes puedan invocar también la petición de un nuevo juicio cuando su determinación de culpabilidad por un jurado no fue unánime”, manifestó la portavoz.
Agregó que “estamos conscientes de que, por nuestra relación de subordinación a los Estados Unidos, se impone la decisión federal que deja in efecto la cláusula de la Constitución de Puerto Rico que permite decisiones divididas de hasta 9 a 3 por un jurado en delitos graves. Sin embargo, es totalmente innecesario y cuestionable la acción de la Legislatura de ir más allá de lo que establece la jurisprudencia federal, particularmente en tiempos de crisis social, económica y salubrista como los que Puerto Rico enfrenta. Es condenable la aprobación de legislación sin un proceso participativo de vistas públicas. Expresamente le han negado la comparecencia a víctimas y a las organizaciones que las representan”.
Para la vocera, “el impacto que esta legislación tendrá en las víctimas es incalculable. Se trata de personas que sufrieron la violencia en sí mismas o de sus hijas, hijos, madres, padres, hermanas; que perdieron a su familiar en un crimen violento. Ellas tendrían que enfrentar nuevamente el proceso en el sistema judicial, testificar, ver otra vez al criminal convicto y revivir todo el sufrimiento. Podrían surgir casos de violencia de género en los que mujeres han sido maltratadas, asesinadas y violadas y sus seres queridos tendrían que sobreponerse al dolor causado por un proceso que ya creían cerrado para intentar nuevamente que se les haga justicia”.
Desde hace 30 años, la CPM ha acompañado a familias en casos de violencia de género que podrían salir nuevamente a la luz.
“Como coalición, nos preocupamos genuinamente ante el riesgo de la seguridad y el bienestar de todas las víctimas de agresión sexual y violencia de género, así como por los procesos de revictimización y peligro a los que se expondrán las víctimas y sobrevivientes junto a sus familiares y seres queridos”, dijo.INS
ndc