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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 27 may (INS).- Es atípico que un país que está entre los mayores productores de petróleo del mundo esté sufriendo un grave desabastecimiento de gasolina, lubricantes y aditivos petroquímicos.
Empero, en un acto de solidaridad que el presidente estadounidense Donald Trump considera una jugarreta geopolítica, Irán ha enviado 1.5 millones de barriles de gasolina a un precio de 45.5 millones de dólares a Venezuela en cinco buques cisterna, dos de los cuales ya han arribado al Puerto Cabellos de la refinería El Palito de Venezuela.
Los envíos Irán los ha hecho a pesar de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no permitirles el paso a los navíos iraníes por aguas del Caribe que Estados Unidos consideran su traspatio.
El desabastecimiento no obedece a que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se haya bebido toda la gasolina del país para satisfacer una sed insaciable. Las autoridades venezolanas atribuyen ese desabastecimiento al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos en su contra y al intento de saqueo de sus haberes por parte de sus enemigos en el extranjero.
Las grandes refinerías de Amuay, Cardón, El Palito y Puerto La Cruz sufren graves problemas de mantenimiento por falta de repuestos de piezas fabricadas en Estados Unidos, por lo que ha habido una disminución de la producción de crudos livianos y medianos en el país, así como una carencia de aditivos para tratar el petróleo ultrapesado de Venezuela y convertirlo en petróleo liviano o medianamente liviano.
Desde 2017, las sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Pdvsa, la empresa petrolera estatal venezolana y sus refinerías y petroquímicas, impiden sus refracciones.
El sector energético de Venezuela se ha paralizado debido a su incapacidad para comprar equipos de tecnología estadounidense para las refinerías del país. Tales equipos son necesarios para procesar el crudo ultrapesado extraído en Venezuela.
La faja petrolífera del Orinoco de Venezuela, de donde se extrae el petróleo venezolano consiste básicamente en crudo extrapesado, es decir, de crudo de menos de 10° API (en otras palabras, más pesado que el agua; 10° API es la gravedad del agua).
Este tipo de crudo, si bien fluye en las condiciones naturales del yacimiento, cuando está en la superficie, a la temperatura ambiental y a la presión atmosférica y no a las presiones del subsuelo, se vuelve pastoso como un bitumen.
El petróleo convencional se mantiene líquido, tanto dentro del yacimiento como en la superficie. Es por eso que el crudo extrapesado tiene un problema de transporte. Para alivianarlo, se mezcla con un diluyente que tiene que importarse a Venezuela.
Mezclando el crudo extrapesado, típicamente de 8.5° API (la medida de gravedad por sus siglas en inglés que determina la densidad que, en comparación con el agua a temperaturas iguales, precisa cuán pesado o liviano es el petróleo) con 0.382 barriles de crudo Mesa30 (un crudo de 30° API), se obtiene una mezcla, un blend, que se conoce con el nombre de Merey16 (de 16° API). Variando las proporciones, se produce un hidrocarburo más liviano.
Añadiéndole un químico surfactante para estabilizar la mezcla, finalmente en vez de llevar el crudo extrapesado desde la faja a unas refinerías de ultramar, también hubo que considerar la opción de construir unas refinerías o, cuanto menos, unas plantas mejoradoras, bien ubicadas dentro del territorio nacional.
Luego, el crudo mejorado se comercializaría como un crudo convencional. De hecho, es lo que se ha venido haciendo con la construcción de cuatro plantas mejoradoras en la faja. De esta manera, el crudo extrapesado mezclándose con los diluyentes sólo tiene que transportarse por oleoducto y por distancias relativamente cortas.
Sin embargo, el diluyente químico, así como las piezas de las plantas de mejoramiento al petróleo extrapesado hay que importarlas, y es en ese punto que entra en juego el bloqueo económico de Estados Unidos causante del desabastecimiento de gasolina en Venezuela, por considerar al gobierno bolivariano venezolano enemigo político y una amenaza para la región.
Ese petróleo más licuado es el que se usa para la elaboración de la gasolina y el diésel en las plantas petroquímicas, que también requieren refacciones especializadas de esa industria.
Otro problema ha sido la decisión judicial de un juez federal de Estados Unidos, autorizando la incautación de la petroquímica Citgo Petroleum Corp., subsidiaria Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), para satisfacer una deuda del gobierno venezolano.
El juez Leonard P. Stark dio paso en la sentencia a una solicitud de la minera canadiense Crystallex para apropiarse de las acciones de la filial estadounidense de la petrolera venezolana, que permite el control indirecto de la refinería Citgo.
Crystallex buscaba cobrar una indemnización de 1,400 millones de dólares, tras la nacionalización en 2008 por el gobierno bolivariano de Venezuela bajo el mandato de Hugo Rafael Chávez Frías de una mina de oro, propiedad de esa empresa canadiense.
La apropiación ilegal de la refinadora Citgo, filial de la estatal Pdvsa, era la principal empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y aditivos petroquímicos que tenía Venezuela en el extranjero, cuyos activos ascendentes a siete mil millones de dólares fueron congelados por la administración de Donald Trump en enero de 2019.
Venezuela ha denunciado que el Departamento del Tesoro estadounidense ha emprendido la confiscación de bienes de su país en el extranjero para pagar los bonos emitidos por Pdvsa, Citgo y otras empresas petroleras para sus capitalizaciones operativas y, además, bloquea el acceso del país sudamericano a los mercados financieros internacionales y poder recurrir a mercados de valores mundiales para renovar sus títulos de deuda pública o solicitar otros nuevos.
Crystallex “nunca tuvo derechos mineros, títulos legítimos ni de propiedad” sobre la mina áurica “Las Cristinas”, en el estado Bolívar, en el sur del país, acusan las autoridades venezolanas.
En 2008, el entonces Ministerio del Ambiente rechazó el plan ambiental propuesto por la transnacional aurífera y se inició el litigio, en el cual el país sudamericano expuso sus argumentos para rescindir el contrato de servicio y operaciones.
El abogado de la empresa Crystallex en el año 2017 era José Ignacio Hernández, quien ha sido nombrado como procurador de la nación por el opositor venezolano Juan Guaidó.
Ese litigio continúa en el Tribunal del Distrito de Delaware, en Estados Unidos, ordenándose por el juez iniciar los procedimientos para la venta judicial de las acciones de la empresa estatal Citgo Petroleum pertenecientes a PDV Holding, propiedad de Pdvsa.
Desde agosto de 2018, el juez Stark, de Delaware, autorizó la incautación de Citgo por parte de Crystallex, cuyos activos en Venezuela fueron nacionalizados en 2008, durante el gobierno de Hugo Chávez.
El juez había aplazado temporalmente la aplicación de la orden para que pudieran realizarse otras apelaciones. Pero el pasado 22 de mayo pidió avanzar con la medida.
Como si todo lo anterior fuera poco, este próximo jueves, 28 de mayo, se efectuará una audiencia en un tribunal del Reino Unido para definir la situación del patrimonio venezolano de mil millones de dólares de sus depósitos de oro.
Actualmente, Venezuela tiene oro retenido por el Banco de Inglaterra, debido a las medidas coercitivas que impuso el gobierno de Estados Unidos y a las que Inglaterra se ha sumado.
Las funciones del Banco de Inglaterra son las de un depositario, un prestatario de un servicio para el resguardo y la custodia del oro venezolano. Sin embargo, el banco británico decidió desatender la petición venezolana solicitando en expresión monetaria el depósito de oro, valorado en alrededor de mil millones de dólares.
El objetivo de esa petición estaba dirigida a atender la situación humanitaria por la pandemia de la Covid-19 en Venezuela.
Sin embargo, el Banco de Inglaterra no cumplió con la petición, escudándose en una serie de artimañas realizadas por el grupo opositor del diputado Juan Guaidó, los abogados que lo representan y José Ignacio Hernández.
La audiencia en el tribunal británico sobre la custodia de oro venezolano se realizará mañana, conforme a lo que disponen las leyes de los mercados financieros internacionales, que el gobierno venezolano espera sean respetadas.
Este oro forma parte de las reservas internacionales para darle estabilidad a la moneda nacional de Venezuela. INS
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