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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 25 may (INS).-El problema del desabastecimiento de gasolina, lubricantes y otros aditivos petroquímicos se inicia con la decisión judicial de un juez federal de Estados Unidos, autorizando la incautación de la petroquímica Citgo Petroleum Corp., subsidiaria Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), para satisfacer una deuda del gobierno de Venezuela.
El juez Leonard P. Stark dio paso en la sentencia a una solicitud de la minera canadiense Crystallex para apropiarse de las acciones de la filial estadounidense de la petrolera venezolana PdVSA, que permite el control indirecto de la refinería Citgo.
Crystallex buscaba cobrar una indemnización de 1.400 millones de dólares, tras la nacionalización en 2008 por el gobierno bolivariano de Venezuela bajo el mandato de Hugo Rafael Chávez Frías de una mina de oro, propiedad de esa empresa canadiense.
La apropiación ilegal de la refinadora Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), era la principal empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y aditivos petroquímicos que tenía Venezuela en el extranjero, cuyos activos ascendentes a 7,000 millones de dólares fueron congelados por la Administración de Donald Trump en enero de 2019.
“Denunciamos ante el mundo que se trata de una operación de crimen organizado transnacional para robarse los recursos de Venezuela. Una gran estafa mundial”, ha expresado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Las autoridades venezolanas han acusado al opositor derechista Juan Guaidó y a su personal de actuar en “connivencia” con Estados Unidos para “apropiarse ilegítimamente de los recursos y activos” de Venezuela en el exterior, concentrados en subsidiarias de PDVSA: Citgo (EEUU), Monómeros (Colombia), PDV Caribe y PDV América.
Venezuela ha denunciado que el Departamento del Tesoro estadounidense ha emprendido la confiscación de bienes de su país en el extranjero para pagar los bonos emitidos por PDVSA, Citgo y otras empresas petroleras para sus capitalizaciones operativas y, además, bloquea el acceso del país sudamericano a los mercados financieros internacionales y poder recurrir a mercados de valores mundiales para renovar sus títulos de deuda pública o solicitar otros nuevos.
Entre el país suramericano y la empresa canadiense existe un viejo litigio. Crystallex “nunca tuvo derechos mineros, títulos legítimos ni de propiedad” sobre la mina áurica ‘Las Cristinas’, en el estado Bolívar, en el sur del país, acusan las autoridades venezolanas.
En 2008, el entonces Ministerio del Ambiente rechazó el plan ambiental propuesto por la transnacional aurífera y se inició el litigio, en el cual el país suramericano expuso sus argumentos para rescindir el contrato de servicio y operaciones.
El abogado de la empresa Crystallex en el año 2017 era José Ignacio Hernández, quien ha sido nombrado como procurador de la nación por Guaidó.
Por su parte, el Ministerio Público venezolano anunció el inicio de una investigación penal en contra de Hernández, por su “participación fraudulenta” como representante del Estado venezolano ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos en Filadelfia. Se refiere esto al nuevo proceso legal en el que fue rechazada la apelación de PDVSA.
La Fiscalía considera que su actuación carece de legalidad y que, por haber sido antes representante legal de la minera canadiense, se genera un conflicto de intereses que “viola toda ética jurídica”.
Por otro lado, Venezuela enfronta otro problema con el tráfico ilegal de combustible a través de la frontera, lo cual también ha afectado el abastecimiento de la gasolina en el mercado nacional y ha ocasionado pérdidas económicas considerables al país, hechos que el gobierno venezolano ha enfrentado mediante acciones legales.
El país caribeño se ha visto imposibilitado de importar los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para la refinación del crudo nacional, catalogado por la American Petroleum Institute como un petróleo extrapesado.
Venezuela no puede adquirir piezas de repuesto de fabricación estadounidense para actualizar sus refinerías de igual procedencia tecnológica en su construcción en el pasado.
Los flujos comerciales de petróleo han sido afectados puesto que, como lo han denunciado autoridades venezolanas, Estados Unidos impide que la nación suramericana pueda negociar con proveedores de otros países y persigue a todo aquel que quiera prestarle apoyo, como lo ha hecho Irán con el envío de cinco barcos cisterna, dos de los cuales ya han arribado a Venezuela, en medio de amenazas del presidente de Estados Unidos. INS
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