Inter News Service Agencia de Noticias
El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, preside la comisión que conduce la pesquisa. Inter News Service
San Juan, 20 may (INS).- La investigación que se inició por instrucciones de la entonces secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, en torno a la alegada intervención indebida en la distribución de alimentos a los afectados por los terremotos del pasado mes de enero, evitó que se perdieran fondos federales, reconoció hoy el secretario interino Eddie A. García Fuentes.
El funcionario hizo la admisión ante la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que investiga los procesos para atender a las víctimas de los sismos en el suroeste del país.
A preguntas del representante Rafael “Tatito” Hernández, el funcionario especificó que era “correcto”, que de no haberse realizado la investigación y se hubiese mantenido a la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Surima Quiñones en su posición, la agencia corría el riesgo de perder fondos del The Emergency Food Assistance Program (TEFAP).
Según el informe final presentado por el secretario interino García Fuentes, los testimonios vertidos por empleados de la agencia apuntan hacia la presencia de políticos que cambiaron el orden en el cual se llevaría a cabo la actividad, la falta de evaluación comunitaria de las necesidades de la población así como los cambios a la logística en la distribución de alimentos, sin la autorización del Food Nutrition Service (FNS).
García Fuentes criticó estas actuaciones y a preguntas del representante independentista Denis Márquez Lebrón opinó que no debe “haber políticos, ni terceros en el proceso de distribución de alimentos”.
Además, salió a relucir que Alberto Morales, del Departamento de Agricultura federal, le envió una comunicación electrónica a la Quiñones, en la que le instruye a evitar que esto ocurriera “porque se está manchando la imagen de la institución federal”.
Rodríguez Aguiló sostuvo que García Fuentes hizo lo correcto cuando “recibió un informe con unos señalamientos serios, usted entendía que faltaba como parte de una investigación importante entrevistar a esas personas involucradas y lo encomendó, e hizo lo correcto y el gobierno federal está mirando lo que usted está haciendo porque si usted hubiese mirado para el lado también usted hubiese puesto los fondos federales en peligro, por inacción”.
El presidente de esta Comisión Especial le cuestionó a García Fuentes si entendía que el hecho de haber continuado la investigación lo descalificó para ser nombrado como secretario en propiedad, a lo que éste contestó que “fue una decisión personal” no aspirar a la posición a la que fue designado Orlando López Belmonte.
El funcionario también dijo que el designado secretario hasta el mes de marzo laboraba con ADSEF mediante un contrato de consultoría a través de la firma OFE Consulting Group, que inició en 9,000 dólares y culminaron en 124,500 dólares, por lo que no tenía que ir a la autorización del secretario.
El contrato fue cancelado el 12 de mayo, dos días antes de su designación a la silla de Familia.
García Fuentes añadió que el reglamento está bajo revisión para que este tipo de decisiones reciban el aval y conocimiento del secretario, y no solamente de los administradores. El presidente de esta Comisión Especial comunicó que esta área sería estudiada a fondo para legislar de manera que estos eventos no ocurran.
Al finalizar la vista pública, Rodríguez Aguiló señaló que tan pronto estén listas las transcripciones de esta parte de la investigación presentará un primer informe parcial, que incluirá recomendaciones para que se apruebe legislación ya presentada.
Esto, para mejorar los protocolos y la respuesta del Ejecutivo ante las emergencias de modo que esté claro el rol de cada agencia en atender las necesidades del pueblo. En particular, lo que son los inventarios de los almacenes, cómo deben mantenerse para que no se pierdan y quién debe ser el responsable de este inventario.
“La próxima etapa de la investigación va a estar dirigida a la reconstrucción; vamos a estar estudiando cómo el gobierno se ha estado preparando para ayudar a los gobiernos municipales de la zona en el proceso de reconstrucción, con todo lo que tiene que ver con los pequeños y medianos negocios, las viviendas privadas y públicas, la infraestructura de carreteras, y las utilidades, específicamente lo que está pasando con la planta de Costa Sur”, afirmó el presidente de la Comisión. INS
ndc
