Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 12 de mayo de 2020
P. Rico-Coronavirus/Apex recibió 19 millones de adelanto de Salud, le iba a enviar 14 millones a empresa distribuidora que traería pruebas y compañía boricua iba a ganar casi diez millones de dólares
San Juan, 12 may (INS).- La compañía Apex recibió 19 millones de adelanto de Salud por la fallida e irregular venta de un millón de pruebas del Covid-19 por 38 millones y le iba a enviar 14 millones a la empresa distribuidora en Australia, lo que finalmente no ocurrió porque se canceló la transacción.
Así lo aseguró el abogado Juan Maldonado, de la empresa Apex, quien reveló que las pruebas se compraron al suplidor en $29.5 por unidad, mientras que a Salud se vendieron en 38 dólares.
Maldonado dijo que de los 19 millones, se iban a enviar a 14,751,475 a la empresa australiana Promedical.
El restante del dinero se iba a pagar a la empresa australiana y el resto, casi diez millones de dólares, era ganancia para Apex.
De acuerdo con Maldonado, él iba a ganar un con la transacción, pero no un porcentaje de la transacción.
A su vez, en su testimonio hubo confusión en torno a la información que manejaba Maldonado, ya que en principio señalaba en un correo electrónico que las pruebas ya estaban en EEUU, aunque después informaba que había que traerlas desde Australia.
Asimismo, admitió que ni había ningún contrato firmado de exclusividad con la empresa australiana, solo un acuerdo verbal.
El abogado, durante su testimonio, se amparó varias veces en la quinta enmienda para no incriminarse, así como en el privilegio de abogado y cliente.INS
P. Rico-Coronavirus/Maldonado se niega a revelar la participación de Vick en el fallido e irregular contrato con Salud y se ampara en el privilegio de abogado y cliente, aunque revela que se le iba a pagar por usar su firma en transacción y que no sabía qué era Apex
San Juan, 12 may (INS).- El abogado Juan Maldonado, quien representó a la empresa Apex en la fallida e irregular venta de un millón de pruebas del Covid-19 a Salud, se negó ayer a revelar cómo llegó la firma de Aaron Vick, un excontratista de la compañía, al fallido e irregular contrato de Apex con Salud y se ampara en el privilegio de abogado y cliente.
En una audiencia pública de la Comisión de Salud de la Cámara que investiga el caso, el profesional no quiso entregar información sobre la participación de Vick, quien ha negado cualquier vínculo con la transacción.
El licenciado, sin embargo, comentó que el acuerdo para que Vick participara lo tuvo a él como intermediario entre Robert Rodríguez, presidente de Apex, y el excontratista de la empresa.
“Eso está protegido por el privilegio de abogado y cliente”, sostuvo el abogado sobre la participación de Vick y si también estaba incluido en la ganancia que se iba a tener por la millonaria la transacción
Maldonado, quien consultó con su abogada Mayra López Mulero el tema, reiteró que el asunto estaba cobijado por la relación abogado cliente.
No obstante, admitió que a Vick se le estaba pagando por el uso de su firma en la transacción y reconoció que está en el récord (tras esuchar unos mensajes que tuvo con él) que “no sabía lo que era Apex”.
Sobre las declaraciones de Vick, en las que rechaza cualquier relación con la compra de las pruebas, solo se limitó a señalar que “son lamentables” y declaró que por los referidos que hará la Comisión de Salud “no puedo entrar en más detalles”.
En cuanto a la participación de Rodríguez, también se amparó en el privilegio de abogado y cliente.
Además, dijo que “me amparo en la quinta enmienda y en mi derecho a la no autoincriminación” cuando fue confrontado por unas firmas de Rodríguez en documentos.INS
P. Rico-Dalmau Ramírez reitera su llamado al castigo ante posible negligencia criminal en el manejo de suministros
San Juan, 12 mar (INS).- El senador independentista Juan Dalmau Ramírez exigió hoy dar paso a una medida de su autoría que propone la creación de un ente independiente que investigue los malos manejos de los suministros para damnificados en los momentos de crisis desde la respuesta al huracán María hasta el presente y que se encauce criminalmente a los que hayan fallado al país.
La medida se da tras hacerse público un informe de la División Legal del Departamento de la Familia, que concluye que la distribución de suministros a damnificados por los terremotos en el área sur y oeste de la isla se vio interrumpido y atrasado por la intervención y actos de propaganda política de funcionarios electos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD).
“La resolución del Senado 1321 surgió ante el hallazgo de almacenes llenos de suministros que nunca fueron entregados a personas necesitadas luego del huracán María y durante el inicio de la crisis de movimientos sísmicos”, subrayó el portavoz senatorial del PIP.
El líder independentista destacó la ausencia de credibilidad en las instituciones de gobierno para investigar esta situación.
“Si una agencia gubernamental no tuvo otro remedio que denunciar la posible comisión de irregularidades administrativas y violaciones de leyes por parte de dos funcionarios electos insensibles y politiqueros, podrán imaginarse ustedes lo que se destaparía con la investigación de un ente totalmente independiente como el que propongo con la creación de una Comisión Especial, con fuerza de ley, para que investigue todo lo relacionado al manejo de los suministros y asistencia en respuesta al fenómeno del huracán María y hasta la respuesta actual por los sismos en el sur”, manifestó.
Agregó que, “al igual que el país, yo no confío en las administraciones populares y penepés para realizar una investigación seria, profunda e imparcial sobre sus propias violaciones de ley. Cada artículo que no se entregó es una persona, una familia, un niño, un anciano, un enfermo, que no recibió asistencia ni ayuda en el momento de mayor necesidad. Eso constituye negligencia criminal y no puede quedar impune. No puede haber crimen sin castigo”, indicó el también candidato del PIP a la gobernación”.
La Comisión, según explicó el senador, estará dirigida por un investigador representante del interés público, designado por el consenso de las facultades de las Escuelas de Derecho y el Colegio de Abogados y Abogadas.
La Comisión propuesta tendrá, además, un investigador en representación de cada delegación representada en el Senado y del senador independiente con igualdad de acceso a información y poder de investigación a base de la más absoluta transparencia. Igualmente, tendrá facultad para citar testigos y tomar testimonio bajo juramento.
El resultado de su investigación será referido a los foros pertinentes.
“Aquí el abuso contra el pueblo acabará el día en el que arranquemos la mala yerba de la impunidad, esa mala semilla que por décadas han sembrado los líderes del PNP y del Partido Popular, el día en el que haya consecuencias por los actos, en ese momentos el país dejará de sufrir atropellos y actos criminales como éstos”, declaró Dalmau Ramírez.INS
P. Rico-Código Civil aprobado por el Senado es una pérdida para sus proponentes, según CABE
San Juan, 12 may (INS).- El Senado aprobó hoy un Código Civil que tuvo que modificar y que quedó lejos del PC1654 originalmente sometido en Cámara porque la presión pública, el trabajo de base y los reclamos de derechos humanos no les permitieron seguir el trámite exprés que querían en julio del año pasado, a juicio del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE).
“El Senado y la Cámara perdieron mucho más de lo que ganaron; perdieron fuerza, perdieron legitimidad y perdieron cualquier vestigio de honor que les quedara. Aún así, no nos equivoquemos, este no es un buen Código Civil y debería ser vetado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced”, reaccionó la organización.
La portavoz de CABE, Amárilis Pagán, asevró que “nada borrará de la historia de este Código Civil el hecho de que se trabajó de espaldas al pueblo, con una agenda conservadora y negando al país la oportunidad de un diálogo sosegado y plural en el cual se pudiera garantizar un instrumento legal que adelante la justicia y la equidad para toda persona sin importar su clase social, su origen, su sexo, identidad de género u orientación sexual”.
“Esa oportunidad nos la negaron a pesar de que múltiples sectores pidieron tiempo y diálogo. Al final, resulta que la vida de todo el país acaba de cambiar en un hemiciclo cerrado, con el voto de 16 senadores que responden a su propia agenda y no a la de la democracia, 16 senadores que ni siquiera demostraron en sus turnos de debate que entendieran el proyecto que estaban aprobando o que lo leyeron. Eso es una desgracia para Puerto Rico, pero también para ellos. Perdieron de muchísimas maneras. Incluso frente a nuestros grupos”, sostuvo Pagán.
El también portavoz de CABE, Osvaldo Burgos, afirmó que “más allá de los derechos de las mujeres y las personas LGBTTIQ+, que nos siguen preocupando, tenemos que ser responsables con el país y reiterar que las objeciones de CABE iban más allá de esos temas. Estamos ante un Código Civil desarticulado, hecho de pedazos copiados y pegados sin análisis jurídico ni social sobre sus consecuencias”.
“Un Código redactado y aprobado en menos de dos años, no en 20 años como quisieron hacer creer al país. Es un Frankenstein jurídico. A eso se suma que ahora va a ser revisado nuevamente por la Cámara de Representantes para que diga si concurre con las enmiendas pero esa es la misma Cámara que ha hecho todo lo posible por evadir las discusiones públicas sobre el proyecto”, aseveró Burgos.
Los portavoces de CABE recordaron que en el pasado, la gobernadora Vázquez Garced indicó que no firmaría un Código Civil que elimine o coarte los derechos ya adquiridos.
“Le pedimos a la Gobernadora que se tome el tiempo necesario para estudiar el Código Civil que se aprobó y que evalúe desde una perspectiva legal e histórica cómo quedará ella firmando un proyecto como éste”, dijo Burgos.
Pagán argumentó que “la única razón por la cual introdujeron enmiendas, a última hora en el pleno del Senado, para supuestamente proteger derechos ya adquiridos es por las luchas de CABE y otros grupos de derechos humanos que hemos insistido en proteger derechos. ¿Son buenas? No lo suficiente. Son cosas pegadas a última hora y que requieren leerse con detenimiento”. INS
P. Rico-Presidente del CAAPR reclama vistas públicas en la Cámara para el sustitutivo del Código Civil y el veto del proyecto de Reforma Electoral
San Juan, 12 may (INS).- El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Manuel Román Espada, lamentó que el Senado aprobara, sin vistas públicas, el proyecto sustitutivo del Código Civil, y exhortó a la Cámara de Representantes que provea el espacio para que los diversos sectores se expresen públicamente sobre las enmiendas propuestas.
“El Código Civil constituye una pieza fundamental para los derechos de todas las personas, desde antes de su nacimiento hasta después de su muerte, por lo que, la legislación reviste de un alto interés público y de participación ciudadana”, manifestó Román Espada.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derecho Civil del CAAPR, José Javier Lamas Rivera, opinó que el Código aprobado por el Senado es “sustancialmente distinto” al que fue discutido en las vistas públicas celebradas en la Cámara.
“En aquella ocasión, la discusión se centró en los cambios radicales que impulsaba un sector en detrimento de nuestros derechos civiles, y se logró eliminar buena parte de las disposiciones medievales que tenía la primera versión de esta pieza legislativa. Sin embargo, quedaron en el tintero temas sustanciales que impactan nuestro andamiaje jurídico privado”, subrayó.
Lamas Rivera mostró, además, preocupación por la aprobación de un código anticuado, el cual mantiene plazos de prescripción de diez y veinte años como si viviéramos en el siglo XIX.
El letrado planteó que por qué no se regula la contratación empleando medios digitales y preguntó cuál es el miedo a reglamentar los derechos patrimoniales de los hijos póstumos.
“Este Código Civil no es un código moderno, necesita ajustarse al Siglo XXI”, reclamó Lamas Rivera.
Román Espada solicitó por segunda vez a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que vete el proyecto de ley que reforma el sistema electoral de Puerto Rico y lo devuelva al Senado para la celebración de vistas públicas.
El presidente del Colegio hizo la petición a la mandataria por medio de un correo electrónico en el que recalcó que el P. del S.1314 ha recibido el rechazo de los partidos políticos de oposición y de participantes en el proceso de elección del gobierno.
“Es notable que no se trata de un proyecto de consenso, ni el resultado de un diálogo de país”, sentenció el presidente en esta segunda misiva.
Román Espada había enviado una primera carta a los mismos efectos, en noviembre pasado.
“El sistema electoral debe constituirse mediante legislación consensuada, de manera, que dé confianza en el resultado electoral, y con ello, reconocimiento a la voluntad del soberano, es decir, del pueblo de Puerto Rico”, subrayó.
El abogado recalcó que, al tratarse de una ley que regiría el proceso electoral que se celebrará en menos seis meses, no debe haber interrogantes sobre la confianza en el método de votación o la confiabilidad del escrutinio, así como con el deposito electrónico. Insistió en que todas estas dudas deben contestarse mediante un diálogo franco y de búsqueda consensuada con todos los actores políticos del proceso electoral.
“Con ello, se fortalecería la confianza pública en el resultado de las elecciones”, sostuvo en la misiva. INS
P. Rico-Exige el Frente en Defensa de Pensiones la aprobación de la Ley para un Retiro Digno con protesta frente al Capitolio
San Juan, 12 may (INS).- El Frente en Defensa de las Pensiones y la campaña Construyamos Otro Acuerdo realizaron una manifestación hoy frente al Capitolio, en San Juan, para exigir a la Cámara de Representantes la aprobación del proyecto de la Cámara 2434 que crea la Ley para un Retiro Digno.
“En estos 55 días de cuarentena hemos sentido el peso de sostener a nuestras familias sólo con nuestras pensiones; durante esta pandemia, nos hemos encontrado de frente con el hambre y nuestra pensión ha sido esencial para sobrevivir”, señaló la pensionada Sonia Palacios, portavoz de la campaña Construyamos otro Acuerdo.
Consideró que “es inhumano que amenacen mi pensión, sobre todo mientras atravesamos momento de crisis como el huracán Maria, los terremotos y ahora la pandemia del coronavirus y si la pierdo no podría pagar alimentos para mi familia, los medicamentos, mi hogar, la luz, el agua, y ayudar a mis hijos”.
Palacios aclaró que esta lucha no es solamente por ella y su generación, sino y las próximas. Es por nuestras familias, por nuestra salud, por un plato sobre nuestras mesas.
El PC 2434 fue sometido por la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Lourdes Ramos a finales del mes de marzo, promovido y propuesto por el Frente en Defensa de las Pensiones y la campaña Construyamos Otro Acuerdo para crear la Ley para un Retiro Digno, mediante una política pública que regirá las conversaciones del Gobierno de Puerto Rico en torno a cualquier reestructuración de deuda.
Asegura que cualquier acuerdo de reestructuración no atente contra el bienestar de la gente al proteger las pensiones y los servicios esenciales, exigiendo la cancelación de deuda ilegal.
La medida cuenta con sobre 15 memoriales explicativos y se encuentra a la espera de un Informe positivo por parte de la Comisión de Sistemas del Retiro y Asuntos del Veterano, presidida por la representante Ramos.
“Durante el último año hemos trabajado noche y día para defender nuestras pensiones. La Ley Para Un Retiro Digno es el resultado de nuestros esfuerzos y viene en un momento crucial en el que nuestras pensiones no solo representan nuestro sustento, en muchos casos también el de nuestras familias”, expresó Pedro Pastrana, portavoz del Capítulo de Pensionados de la Federación de Maestros de Puerto Rico.
El docente pensionado sostuvo que la ley ya tiene el apoyo de representantes de cuatro partidos y muchas organizaciones también han dado su visto bueno.
“Estamos esperando con mucha esperanza el Informe Positivo y sabemos que esto llegara a la oficina de la gobernadora pronto”, dijo al proclamar que “¡por nuestra vida y la de nuestras familias, seguiremos luchando hasta que así sea!”
Los organizaciones se expresaron una semana después de que el gobierno presentó su plan fiscal a la Junta de Control Fiscal que se opone a la austeridad y a los pagos de deuda por lo próximos dos años.
Las organizaciones reconocieron que las expresiones del gobierno son acertadas y que ante los recortes y la austeridad que ha impuesto la Junta de Control Fiscal es momento de exigir que se pongan todos los recursos todos los recursos —incluyendo los más de 8 mil millones de dólares disponibles en una cuenta de gobierno para el pago de la deuda— al servicio de la recuperación de la isla.
Emilio Nieves, del Capítulo de Pensionados de UNETE, recordó que llevan varios años luchando en contra de medidas impuestas por la Junta de Control Fiscal que amenazan las pensiones e imposibilitan que la gente pueda sobrevivir.
“Nos parece importante que el gobierno reconozca la prioridad que tienen los pensionados y que el pago de la deuda no es posible. Es tiempo de aprobar la Ley Para Un Retiro Digno que no solo protege nuestras pensiones, sino que garantiza que ningún acuerdo con bonistas sea en detrimento de nuestro pueblo. No hacerlo es amenazar las vidas de nuestra gente y el futuro de nuestro país”, señaló Nieves.
El Frente en Defensa de las Pensiones está compuesto por jubilados de Construyamos Otro Acuerdo, la Federación de Pensionados y Jubilados de Puerto Rico (FPJ-PR) de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, el Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros (FMPR), el Capítulo de Jubilados del Colegio de Profesionales de Trabajo Social (CPTSPR) y Capítulo de Jubilados de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE). INS
P. Rico-Juez ordena a Méndez Núñez que muestre causa para no designar al representante Natal Albelo en comisiones de la Cámara
San Juan, 12 may (INS).- El juez superior Anthony Cuevas Ramos ordenó hoy al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Nuñez, a mostrar causa por la cual el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, en San Juan, no debe ordenar el nombramiento del legislador Manuel Natal Albelo miembro permanente de las comisiones legislativas.
La determinación del magistrado responde a la presentación de un recurso de mandamus por parte de Natal Albelo el pasado viernes, 8 de mayo, ante la negativa de Méndez Núñez de aplicar en su caso la misma norma que con otros legisladores.
“Mientras esperamos por la determinación del Tribunal, continuaremos haciendo nuestro trabajo en representación de las más de 134,000 personas que me honraron con su voto y todas las otras que confían en mi verticalidad para representarles en todas las comisiones legislativas”, manifestó al agradecer la prontitud con la cual el Tribunal de Primera Instancia atendió su demanda.
Natal Albelo, electo bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD) se desafilió en agosto de 2018, y después de un periodo como representante independiente, se integró al Movimiento Victoria Ciudadana /MVC), certificado por la Comisión Estatal de Elecciones en diciembre de 2019.
El jueves de la semana pasada, tras solicitar formar parte de las vistas públicas de la Comisión de Salud sobre las irregularidades en el Departamento de Salud durante la emergencia del Covid-19, el presidente de la Cámara denegó la solicitud alegando que las minorías ya estaban representadas con el PPD y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Al producirse esa determinación por parte de Méndez Núñez, la petición de Natal Albelo se llevó a votación en el pleno de la Cámara siendo derrotada por los legisladores del gubernamental PNP.
No obstante, bajo la premisa de que se está violentando el estado de derecho y los derechos de representatividad de sus constituyentes, Natal Albelo presentó un recurso de mandamus ante el tribunal que, de ser resuelto a su favor, obligaría al presidente de la Cámara de Representantes a designarle en todas las comisiones legislativas.
El presidente de la Cámara de Representantes tiene cinco días para contestar la orden de mostrar causa emitida en este día por el tribunal. INS
P. Rico-Aprueba el Senado medida para que se liberen confinados durante emergencia de una pandemia
San Juan, 12 may (INS).- Una medida que enmienda el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación, introducida por el senador Héctor Martínez Maldonado, fue aprobada hoy por el cuerpo legislativo a los fines de facultar al secretario a poner en libertad a aquellos miembros de la población correccional que cualifiquen cuando el Gobernador haya declarado un estado de emergencia a raíz de una pandemia, una emergencia sanitaria o de salud pública.
El proyecto del Senado 1584 aprobado en la sesión ordinaria establece, además, los criterios a tomar en consideración para la excarcelación, además de disponer quiénes no cualificaran para este proceso.
El senador Martínez Maldonado estableció que mientras la pandemia del Covid-19 continúa desarrollándose, por un lado, el gobierno sigue tomando medidas de control para asegurar un desenlace no trágico a este reto mundial, y por otro se han olvidado de diversos sectores vulnerables de la sociedad que no pueden protegerse por si mismos, y que se encuentran bajo la custodia del Estado.
“Habíamos solicitado a la gobernadora (Wanda Vázquez Garced), en este caso al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (Eduardo Rivera Juanatey), que evaluara la posibilidad de otorgar libertad condicional a aquellos confinados de alto riesgo en nuestras instituciones como se había hecho en otros países y jurisdicciones de Estados Unidos que habían utilizado unos mecanismos para liberar a las personas mayores de 65 años que tengan el sistema inmunológico comprometido, que no sean un alto riesgo para nuestra comunidad y que tengan un hogar para residir”, explicó el autor de la medida.
Martínez Maldonado informó que recibió contestación del secretario Rivera Juanatey, donde indica que no tenia facultad en ley para hacerlo, por lo que, ante esa situación, “viendo que había algún tipo de obstáculo, limitación, a través de algún estatuto legal”, decidió someter la medida.
El senador independiente José Vargas Vidot consideró, por su parte, la medida como una humanitaria y “le da la oportunidad a este cuerpo (legislativo) ajustarse a una tendencia mundial”.
“A mi me toca bien de cerca esta medida porque vi como en la epidemia del VIH muchas de las personas que estaban encarceladas no tuvieron la oportunidad para entrar, siquiera en un tratamiento paliativo para morir dignamente”, dijo Vargas Vidot, quien solicitó ser coautor de la legislación.
En tanto, el vicepresidente del Senado, Henry Neumann Zayas, consumió un turno apoyando la medida y exhortando a sus compañeros que le dieran un voto afirmativo.
“Este proyecto es muy importante porque hay mucha gente en las cárceles de Puerto Rico que no deberían estar allí y que cumplieron tiempo suficiente por los delitos cometidos”, alegó por su parte Neumann Zayas, quien insistió que “estas personas pueden ser muy útiles en la libre comunidad”. INS
ndc