Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 11 may (INS).- Una medida que enmienda el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación, introducida por el senador Héctor Martínez Maldonado, fue aprobada hoy por el cuerpo legislativo a los fines de facultar al secretario a poner en libertad a aquellos miembros de la población correccional que cualifiquen cuando el Gobernador haya declarado un estado de emergencia a raíz de una pandemia, una emergencia sanitaria o de salud pública.
El proyecto del Senado 1584 aprobado en la sesión ordinaria establece, además, los criterios a tomar en consideración para la excarcelación, además de disponer quiénes no cualificaran para este proceso.
El senador Martínez Maldonado estableció que mientras la pandemia del Covid-19 continúa desarrollándose, por un lado, el gobierno sigue tomando medidas de control para asegurar un desenlace no trágico a este reto mundial, y por otro se han olvidado de diversos sectores vulnerables de la sociedad que no pueden protegerse por si mismos, y que se encuentran bajo la custodia del Estado.
“Habíamos solicitado a la gobernadora (Wanda Vázquez Garced), en este caso al secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (Eduardo Rivera Juanatey), que evaluara la posibilidad de otorgar libertad condicional a aquellos confinados de alto riesgo en nuestras instituciones como se había hecho en otros países y jurisdicciones de Estados Unidos que habían utilizado unos mecanismos para liberar a las personas mayores de 65 años que tengan el sistema inmunológico comprometido, que no sean un alto riesgo para nuestra comunidad y que tengan un hogar para residir”, explicó el autor de la medida.
Martínez Maldonado informó que recibió contestación del secretario Rivera Juanatey, donde indica que no tenia facultad en ley para hacerlo, por lo que, ante esa situación, “viendo que había algún tipo de obstáculo, limitación, a través de algún estatuto legal”, decidió someter la medida.
El senador independiente José Vargas Vidot consideró, por su parte, la medida como una humanitaria y “le da la oportunidad a este cuerpo (legislativo) ajustarse a una tendencia mundial”.
“A mi me toca bien de cerca esta medida porque vi como en la epidemia del VIH muchas de las personas que estaban encarceladas no tuvieron la oportunidad para entrar, siquiera en un tratamiento paliativo para morir dignamente”, dijo Vargas Vidot, quien solicitó ser coautor de la legislación.
En tanto, el vicepresidente del Senado, Henry Neumann Zayas, consumió un turno apoyando la medida y exhortando a sus compañeros que le dieran un voto afirmativo.
“Este proyecto es muy importante porque hay mucha gente en las cárceles de Puerto Rico que no deberían estar allí y que cumplieron tiempo suficiente por los delitos cometidos”, alegó por su parte Neumann Zayas, quien insistió que “estas personas pueden ser muy útiles en la libre comunidad”.
De acuerdo con la pieza legislativa, el secretario del DCR podrá poner en libertad a los miembros de la población correccional que cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos:
1-Cumplido el 80 por ciento de la sentencia impuesta o le resten 12 meses o menos para extinguir la sentencia.
2-Se encuentren ingresados por un delito no violento.
3-Padezcan de una enfermedad terminal.
4-Se encuentren dentro del grupo de alto riesgo, según establecido por el Departamento de Salud de Puerto Rico o por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.
Asimismo, para cualificar el miembro de la población correccional deberá haber alcanzado un alto grado de rehabilitación y tener un plan de salida viable que incluya, un hogar a residir, tratamiento médico de así requerirlo, entre otros.
El secretario podrá imponer el uso de supervisión electrónica o cualquier otra condición establecida en los programas de desvío, libertad a prueba o bajo palabra.
“No cualificarán para este beneficio aquellos miembros de la población correccional que representen un riesgo para la comunidad, que hayan tenido querella por actos de indisciplina en los últimos 12 meses o hayan sido convictos por delitos de agresión sexual. A su vez, no podrá ser puesto en libertad aquel que tenga pendiente un proceso de extradición para otro país o un traslado para las autoridades federales, estado o territorio de Estados Unidos”, indica la medida.
Otra medida relacionada a los confinados y que fue aprobada en el Senado es la Resolución del Senado 1346 que ordena a la Comisión de Seguridad Pública investigar de manera “exhaustiva” la protección y el cumplimiento con los derechos constitucionales, leyes, reglamentos y normas de esta población dentro de las instituciones correccionales.
En la pieza legislativa de su autoría, el portavoz de la mayoría del PNP, Carmelo Ríos Santiago, detalló que muchos confinados y familiares han denunciado la ausencia o falta de seguridad entre confinados, el uso de violencia excesiva por parte de los oficiales o agentes correccionales y la ausencia o falta de servicios de salud, tratamiento médico, servicios de salud mental, entre otros.
En la Sesión Ordinaria se aprobaron a su vez varios nombramientos para jueces y fiscales, así como otras medidas relacionadas a la pandemia del Covid-19.
El Senado recesó hasta el próximo jueves, 14 de mayo, a las 11:00 de la mañana. INS
ndc