San Juan, 10 may (INS).- Con el propósito de atemperarse a la nueva realidad causada por la pandemia del Covid-19, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez, propuso una medida para facultar a las agencias a utilizar medios de correspondencia electrónica en sustitución o como complemento al correo ordinario, durante cualquier parte de un procedimiento adjudicativo, salvaguardando siempre el derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas, reclamos o alegaciones de las partes.
“La utilización de medios electrónicos de comunicación provee inmediatez y costo eficiencia a estos procesos siempre que reducen el tiempo de resolución de las controversias, el costo asociado al franqueo y promueven la efectividad y eficiencia en el trámite”, según la medida.
Méndez Núñez establece en la exposición de motivos que la situación de emergencia por motivo de la pandemia a causa de la propagación del Covid-19 ha validado la importancia de proveer a las agencias de la capacidad estatutaria para que puedan utilizar medios de correspondencia electrónica, en sustitución o como complemento al correo ordinario, durante cualquier parte del procedimiento adjudicativo.
El Proyecto de la Cámara 2501, sometido en el día de hoy, enmienda las Secciones 3.2, 3.4, 3.9, 3.14, 3.15 y 3.16, añadir un nuevo inciso 3.X de la Ley 38-2017, mejor conocida como la ‘Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico’ con el propósito de permitir la notificación electrónica.
Esto aplica a querellas, como las que se radican en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), entre otras dependencias, al igual que a notificaciones sobre procesos y términos, señalamientos para vistas y resoluciones, entre otros.
La Ley 38-2017 tiene el propósito de brindar a la ciudadanía servicios públicos de alta calidad, eficiencia, esmero, prontitud y aplicando e interpretando liberalmente para poder alcanzar dichos propósitos con el resguardo de las garantías básicas al debido procedimiento de ley. Establece un procedimiento uniforme de revisión judicial a la acción tomada por una agencia de Gobierno al adoptar un reglamento o al adjudicar un caso.
Entre otras cosas, dispone, además, para la utilización máxima de procedimientos informales antes de agotar la etapa formal decisional. INS
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