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San Juan, 1 may (INS).- Dirigentes de la Mesa Social atribuyeron hoy al Departamento de Educación de un acto de crueldad contra la niñez puertorriqueña, al pretender la desestimación de la demanda en su contra por negarse a proporcionarle alimentos de los comedores escolares.
“El Departamento de Educación nos quiere hacer creer que pueden multiplicar peces y panes. ¿Cómo se supone que 350 mil libras de alimento sean suficientes para cientos de miles de personas por 45 días? Su solicitud de desestimación de la demanda es más una expresión de crueldad que un argumento de derecho”, dijo Annelly Hernández, de la Mesa Social.
Según sus integrantes, aunque cada vez se hace más patente la necesidad de alimentos entre las poblaciones más vulnerables del país, el Departamento de Educación solicitó la desestimación de un recurso judicial extraordinario que exigía la apertura de los comedores escolares, en cumplimiento con su deber ministerial.
“No tienen argumentos, no tienen evidencia de que esté cumpliendo con su deber de alimentar a nuestra niñez y personas en pobreza, pero solicitan la desestimación de la demanda con un protocolo de dos páginas y la alegación de que distribuyeron 350 mil libras de comida”, denunciaron.
El licenciado Osvaldo Burgos, uno de los abogados de la Mesa Social, afirmó que provoca mucho coraje leer su solicitud de desestimación y ver el grado de deshumanización del gobierno.
Burgos, uno de los abogados que exigió soluciones inmediatas ante las devastadoras consecuencias que se han desatado por el pobre manejo gubernamental de la crisis de salud en Puerto Rico.
A través de un recurso presentada el 28 de abril ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, los demandantes buscan que aquellas personas que se han quedado sin recursos puedan tener acceso a lo más básico: comida.
Pero en su réplica a la demanda el Departamento de Educación plantea que no existe un deber ministerial incumplido; a los demandantes no se les ha privado de derecho alguno; los demandantes no tienen ni alegan sufrir un daño irreparable; los demandantes dejan de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, y la controversia se ha tornado en académica.
“Parece inaudito que aleguen que el ELA (Estado Libre Asociado) no tiene un deber de alimentar a su población con hambre y que no se le ha privado ningún derecho a los demandantes o que los demandantes no han sufrido daño alguno. Este gobierno es un enemigo del pueblo definitivamente”, señaló por su parte Janice Solivan, de Casa Juana Colón.
Respecto a la academicidad del caso, explicaron que lo autorizado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced ni remotamente resuelve el asunto que fue presentado en la demanda, ya que descansa en la capacidad de los alcaldes para distribuir alimentos, cuando sabemos que muchos municipios no tienen la infraestructura ni los recursos para esa labor.
Además, tampoco se establece un plan para cubrir precisamente, esas áreas donde los ejecutivos municipales no puedan resolver, ni se ofrecen garantías de que se va a ofrecer el servicio.
Desde Proyecto Matria, su directora ejecutiva Amárilis Pagán Jiménez, declaró que “no nos sorprende la respuesta del gobierno a la demanda, (ya que) es el mismo gobierno que luego del huracán María dejó morir a miles de personas, que dejó agua y comida almacenada hasta que expiraron y que mantiene a miles de familias bajo toldos azules o sin casa propia luego del huracán y los terremotos”.
“Como creen que no hemos aprendido nada en estos tres años de desastre gubernamental, insisten en mentir y tratar de crear la impresión de que están alimentando al estudiantado mientras invisibilizan el hambre del resto del país”, agregó.
Pagán Jiménez observó que el Departamento de Educación solamente ha distribuido 350 mil libras de alimentos a través de organizaciones, lo que realmente es para un día, aunque ya van 45 de cuarentena.
“De sus propias expresiones surge que no tienen un plan completo para atender a poblaciones vulnerables; de sus propias expresiones podemos ya prever las excusas que usarán en las próximas semanas para evadir su responsabilidad”, agregó la abogada al observar que tampoco está claro el uso de fondos federales asignados para la gestión de alimentar a los menores.
Aclaró que el deber de alimentar no es de las organizaciones, que “lo hacemos con mucho sacrificio porque no tenemos más opción y porque sí amamos a nuestro país; ese deber es del gobierno y nosotras estamos dispuestas a exigir ese cumplimiento a nombre de quienes representamos”.
Ante esta respuesta inaudita el grupo de demandantes que incluye a las organizaciones Casa Juan Colon, Comedores Sociales, el Comité Timón de Educación Especial junto a madres y encargadas de menores en varios pueblos alrededor de la isla, se propone presentar una moción en oposición a que se desestime la demanda.
El grupo se mantiene firme en su reclamo de que aun con la reapertura gradual de las actividades económicas no se resuelve el problema de falta de acceso a alimentos y el gobierno tiene que cumplir con su responsabilidad. INS
ndc