P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el miércoles 29 de abril de 2020

P. Rico-Coronavirus/Secretario de Salud informa que se han hecho rastreos de 1,230 casos de Covid-19, de los 1,400 que se reportan en el país

San Juan, 29 abr (INS).- El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, informó que se han hecho rastreos de 1,230 casos de Covid-19, de los 1,400 que se reportan en el país.

González Feliciano, sin embargo, reconoció que hace falta personal para el rastreo de contacto.

Al respecto, el funcionario indicó que “estamos en un proceso de reclutamiento” y admitió que la tarea del rastreo es de “vital” importancia.

Sobre si se está cumpliendo la labor de rastreo, insistió en que “si se está haciendo”.

Recordó que el 4 de mayo es, según las proyecciones, el pico de coronavirus en la Isla, por lo que señaló que ante el fin del toque de queda en la isla el día antes, “nos sentaremos con el equipo de trabajo del gobierno, el ‘task force’ del gobierno, para dar sugerencias, consejos, para saber para dónde movernos”.

En cuanto a la compra de pruebas en Salud, dijo que se estableció un comité de revisión de propuestas, en el que participan la Contraloría y, eventualmente, un representante de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), “como observador o participante dentro del proceso de adjudicacion de compra”.

Asimismo, aseguró que la agencia ya suma 30 mil pruebas del Covid-19 ya adjudicadas para afrontar la pandemia, que ha dejado hasta el momento 86 muertos.INS

 

P. Rico-Utier y organizaciones ambientalistas se oponen a la aprobación de contratos catastróficos para la AEE

San Juan, 29 abr (INS).- La Utier y varios grupos ambientalistas radicaron una moción en el tribunal federal en el procedimiento de quiebras de la AEE para oponerse a la aprobación de dos contratos de compra de energía y gas natural entre la corporación pública y las empresas EcoEléctrica y Naturgy.

Solicitaron, además, la reconsideración e intervención al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en este asunto.

“La Utier y varios grupos ambientalistas entendemos que los contratos propuestos violentan la política pública energética de Puerto Rico, así como las disposiciones legales que rigen los contratos de esta naturaleza. Además, sostenemos que los términos de los contratos son adversos para la AEE y resultarán en daños a sus abonados, empleados y acreedores, entre otros señalamientos”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier.

Las mociones fueron presentadas ayer en la tarde por la Utier, representada por el bufete Emmanuelli y varias las organizaciones, entre ellas Cambio, Comité Diálogo Ambiental, Enlace Latino de Acción Climática, Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida, Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Sierra Club, Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, Coalición de Organizaciones Antiincineración, Amigos del Río Guaynabo y el Campamento Contra las Cenizas de Peñuelas.

“Estos contratos por los que levantamos bandera y acudimos al tribunal atarían a la AEE al uso del gas natural hasta el 2032, lo que es contrario a las metas de energía renovable de la AEE, recogidos en la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico. Al permitirlos, se estaría desviando la atención y los fondos necesarios para efectuar la transición a la energía limpia”, expuso Figueroa Jaramillo.

Agregó que “a pesar de que los contratos actuales con Ecoeléctrica y Naturgy están para expirarse en el 2022 y a finales del 2020 respectivamente, AEE parece tener mucha prisa por aprobar contratos nuevos con estas dos empresas, asunto que levanta sospecha porque los términos de los contratos no le favorecen y que no consideran la realidad de Puerto Rico ante la pandemia para nada”.

Según explicó la representación legal de la Utier, Rolando Emmanuelli Jiménez y Jessica Méndez Colberg, la unión y los grupos ambientalistas se dirigieron a ambos foros ya que, como parte de su restructuración, la AEE solicitó la aprobación de los contratos, primero, al NEPR y luego del Tribunal federal.

El NEPR tiene la responsabilidad de asegurar que los contratos conforme a la ley y política pública de Puerto Rico, mientras el tribunal federal, por virtud de la Ley Promesa, es el que tiene la última palabra en cuanto al trámite de reestructuración.

De acuerdo con el sindicato, la controversia se trata sobre los contratos de la AEE de compra de energía y operación con Ecoeléctrica, y con un acuerdo de compraventa de gas natural con Naturgy.

El contrato con Ecoeléctrica le proveería energía a AEE, de manera que esta la pueda distribuir a los abonados.

Sin embargo, según la unión, este contrato ahora estaría atado a que la AEE se comprometa a proveerle gas natural que sea comprado exclusivamente a Naturgy. Ecoeléctrica tiene el único terminal de gas natural licuado en la isla y, mediante un tercer contrato, le ha brindado el control exclusivo de ese terminal a Naturgy, que a su vez es una accionista mayoritaria de Ecoeléctrica.

AEE justificó la otorgación de estos contratos por la existencia de un alegado monopolio por parte de Naturgy.

No obstante, la Utier y los grupos ambientalistas rechazan el razonamiento de AEE y se oponen a la otorgación de estos contratos.

“No es un monopolio en el sentido de que hay otros suplidores que podrían dar mejores precios. Se trata de una serie de contratos que limitan la capacidad de AEE para actuar en su propio beneficio”, añadió Emmanuelli Jiménez.

La Utier y los grupos ambientales exponen que los contratos fueron otorgados sin el beneficio de un proceso de licitación competitiva.

“Al no utilizar un procedimiento público y competitivo, la AEE se está comprometiendo, además de al gas natural, a precios y condiciones que no le son favorables”, enfatizó Méndez Colberg, quien añadió que “el punto de la licitación competitiva es precisamente conseguir las mejores condiciones de manera que se protejan a los abonados y los fondos públicos”.

En tanto, Emmanuelli Jiménez advirtió que “los términos de estos contratos podrían costarles millones a los abonados y ocasionar cambios radicales en la restructuración de la AEE, puesto que los contratos asumidos de la manera que la AEE pretende tienen lo que se llama una prioridad sobre los demás acreedores”.

Los grupos presentan particular preocupación por la falta de información sobre el proceso de negociación de estos contratos.

“No tenemos toda la data necesaria para entender el efecto último que tendrán estos contratos. Tampoco conocemos qué personas expertas, si algunas, fueron empleadas por la AEE para cerciorarse de que los términos del contrato respondieran a la realidad de la agencia”, puntualizó Santiago, representante legal de las organizaciones ambientalistas. Agregó que “no hubo oportunidad ante el NEPR para intervenir ni oponerse a la aprobación de estos contratos, antes de que llegaran al tribunal federal”.

La aprobación del NEPR fue mediante orden el 11 de marzo de 2020, pero los contratos fueron negociados con mucha antelación a los acontecimientos del Covid-19, cuyo efecto en la economía ha sido catastrófico y sin duda afectará a la AEE, dada la baja en la demanda energética que resulta del cierre de negocios.

La AEE no ha provisto información de que se haya realizado un análisis de cómo la crisis del Covid-19 podría afectar el otorgamiento de estos contratos y su implementación.INS

 

 

P. Rico-Coronavirus/Ante emergencia piden reabrir los comedores escolares, que atienden a cerca de 290,000 niños

San Juan, 29 abr (INS).- El representante José Aponte Hernández, junto con los legisladores Angel Bulerin Ramos y José Banchs Alemán, solicitaron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que permita la apertura de los comedores escolares para que estos puedan proveer alimentos confeccionados a las miles de familias puertorriqueñas pasando necesidades ante el cierre causado por la pandemia del Covid-19.

Los legisladores enfatizaron, además, en la necesidad de brindarle al personal que labora en estas áreas las protecciones correspondientes, al igual que medidas apropiadas, para salvaguardar su salud.

“La realidad es que nuestra gente esta pasando hambre y se necesita ayuda de manera inmediata. En una población donde más el 50 por ciento de los niños se encuentra bajo el nivel de pobreza y dependen del comedor escolar durante el año y en el verano de los campamentos que se ofrecen y le brindan alimentos también. La mejor plataforma que tenemos disponible, que ha sido probada en los demás estados de nuestra nación, es la de los comedores escolares. Necesitamos abrir estas facilidades de manera urgente. Vamos para dos meses del toque de queda y la necesidad aumenta exponencialmente en el pueblo”, comentó Aponte Hernández, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Agregó que “no hay ninguna razón para que una familia se quede sin comer en esa emergencia. Tenemos los comedores escolares y reiteramos que es la manera más ágil y directa de ayudar a nuestro pueblo en esta situación. Los comedores escolares sirven a una población de niños que ronda en los 290,000, incluyendo sobre 100,000 en la corriente de educación especial. Esta es una emergencia como nunca ha visto Puerto Rico, nuestra nación, los Estados Unidos y el mundo. La alimentación es prioridad, por eso insistimos en la reapertura de los comedores brindando todas las medidas de seguridad posible a los trabajadores”.

Recordó que los niños adscritos al sistema público de enseñanza recibían su desayuno y almuerzo en las escuelas.

“Esas son dos de la tres comidas básicas diarias que los padres no tenían que buscar. Eso cambió ahora. Muchos de estos padres son de escasos recursos económicos y se las ha hecho bien, pero bien difícil suplir las necesidades de tan siquiera dos comidas. Además, la verdad es que los niños no están acostumbrados a este cierre y tienden a ingerir más alimentos como mecanismo de bajar la tensión. Por eso se hace imperativo que se reabran estas facilidades”, sostuvo.

Desde principios de este mes, múltiples organizaciones, oficiales electos, así como congresistas de EEUU y hasta la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han solicitado la apertura de los comedores escolares.INS

 

P. Rico-Organizaciones anuncian jornada de protesta para el primero de mayo, que incluirá cacerolazo

San Juan, 29 abr (INS).- Diversas organizaciones comunitarias, cívicas y políticas anunciaron una “jornada de lucha” a llevarse a cabo este próximo primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

En la jornada se busca denunciar el mal manejo gubernamental en la crisis por el coronavirus y exigir mayores protecciones para la gente.

Durante el día, las organizaciones exhortaron a desplegar en casas y carros la bandera de Puerto Rico, además de pancartas y cartulinas con reclamos alusivos a la lucha de los trabajadores.

Al mediodía está planificado un “Twitazo por las trabajadoras y trabajadores” que están laborando durante la pandemia (#GloriaALasManosQueTrabajan).

Entre el mediodía y las 4:00 de la tarde habrá vídeos y conferencias en línea con mensajes de organizaciones en las páginas de Facebook

A las 6:30 de la tarde está programado el cacerolazo “Con mascarilla pero sin mordaza” y a las 8:00 el “Cacerolazo por la salud en Puerto Rico”.

Según las agrupaciones, “desde febrero del corriente año, al inicio de la pandemia del Covid-19 a nivel mundial, la administración del gobierno colonial ha actuado con negligencia criminal. Desde declaraciones iniciales negando que este fuera un problema, la renuncia consecutiva de secretarios de Salud, los señalamientos de corrupción en la compra de pruebas, estadísticas imprecisas, medidas punitivas sustentadas en data inexacta y ahora el intento irresponsable de apertura de comercio, son solo muestras de un gobierno que actúa solo en interés y beneficio del sector privado”.

Agregan que, por el momento, “no se ha implantado una política salubrista adecuada ni se han distribuido fondos de emergencia necesarios a las grandes mayorías trabajadoras y empobrecidas del país”.

Además, en declaraciones escritas, consignaron que “con nueve mil millones de dólares en efectivo en las arcas del gobierno, hoy miles de trabajadoras y trabajadores siguen esperando sus primeros cheques de desempleo. El Departamento de Hacienda ha entorpecido la distribución de los famosos 1,200 y no hay pruebas para el virus disponibles a niveles masivos y gratuitas, siendo estas medidas necesarias para sobrevivir la pandemia y superar el cierre de fuentes de empleo forzado por las prácticas erráticas del estado”.

Aseguraron que “mientras el gobierno no está dando los pasos necesarios, se descubre cada día nueva evidencia de corrupción y falsedad en las promesas de sus administradores. Y en medio de esta desastrosa respuesta gubernamental, representantes de la clase patronal intentan una normalización de la rutina industrial y comercial”. INS

 

P. Rico-Coronavirus/Trabajadores de construcción denuncian abusos durante la pandemia, así como violaciones a órdenes ejecutivas y leyes laborales de contratistas “aliados” a campaña política de gobernadora

San Juan, 29 abr (INS).- La Unión Internacional de Trabajadores de la Construcción de Norte América (LiUNA) denunció que aproximadamente la mitad de los 50,000 trabajadores de la construcción de Puerto Rico no han podido reclamar seguro por desempleo por que sus patronos no le pagan conforme a la ley.

Igualmente, denunciaron que contratistas aliados a la campaña política de la gobernadora Wanda Vázquez Garced también incumplen con órdenes ejecutivas vigentes sin enfrentar consecuencias.

“Hay miles de trabajadores de la construcción pasando hambre. Un 48% de los 50,000 trabajadores de la construcción están pasando necesidades y no tienen derecho ni siquiera al seguro por desempleo por que los contratistas millonarios violan la ley y no les pagan ese beneficio para no pagarle salarios justos”, expresó el director de asuntos públicos de LiUNA, Edison Severino.

Agregó que “parece que cuando los contratistas pagaron los pasquines de campaña a Wanda Vázquez compraron inmunidad, por que igualmente nada ha pasado con los contratistas que incumplen la orden ejecutiva que aumentó el salario a 15 la hora a los trabajadores y obligaba la negociación colectiva en obras de construcción del gobierno. Nosotros favorecemos reanudar la construcción, pero el patrón de incumplimiento de la industria no nos inspira confianza de que cumplan con las normas de salud y distanciamiento social para asegurar una reapertura segura”.

La denuncia surge luego que LiUNA realizara un estudio sobre las condiciones de los trabajadores durante la pandemia del Covid-19.

En el estudio se revela que aproximadamente el 48% de los trabajadores de construcción en Puerto Rico no cualifican para pagos por seguro de desempleo porqué sus patronos incumplen con ese requisito legal.

Y de aquellos que cualifican, el 86% no ha recibido su pago por desempleo.

“Esta práctica de la Industria de la Construcción de tratar a sus empleados como contratistas independientes constituye una clara violación a la ley Federal conocida como ‘Fair Labor Standars Act’ y al Código de Rentas Internas Federal. Estas compañías de construcción, para evitar cumplir con sus responsabilidades legales y fiscales, están privando a los trabajadores de sus derechos y beneficios que tienen bajo la ley, incluyendo su derecho a recibir seguro social cuando lleguen a su edad de retiro”, dijo el general counsel de la región Noreste de LiUNA, Ray Haineman.

Los empleados de la construcción en los Estados Unidos, al igual que todos los empleados en Puerto Rico, tienen derecho al seguro por desempleo cuando sus patronos cumplen con el requisito de informar que los tienen en nómina y realizan los pagos correspondientes al Gobierno.

Esos pagos por parte del patrono dan derecho al empleado de recibir pagos por desempleo, y adicionalmente recibir 600 semanales por encima del beneficio usual gracias a las medidas aprobadas por el Congreso ante la emergencia del Covid-19.

Incumplimiento con las orden ejecutiva 2020-033

Severino también denunció que actualmente el amigo de la gobernadora Federico Stubbe incumple con la orden ejecutiva 2020-033 sin enfrentar ninguna consecuencia. Severino expresó que “los amigos de la gobernadora están por la libre. Actualmente hay varias obras de construcción de casas de lujo y otros proyectos en el municipio de Dorado que pertenecen al millonario contratista Federico Stubbe, que están activamente realizando trabajos de construcción en clara violación a la orden ejecutiva 2020-033. Stubbe es un contratista millonario y donante político que la gobernadora aceptó haber visitado el pasado mes de febrero en su residencia de lujo en Dorado Beach. Según un parte de prensa, Stubbe fue incluido en un grupo gubernamental a petición expresa y específica de la Oficina de la Gobernadora, un trato que solo él recibió”.

Recientemente, reportes periodísticos han reseñado que contratistas de construcción pagaban pasquines de campaña política a favor de Wanda Vázquez y que esta visitó el pasado febrero al acaudalado contratista Federico Stubbe en su residencia en Dorado Beach.

Igualmente, medios locales han reseñado como las malas condiciones de trabajo que enfrentan los trabajadores de la construcción en Puerto Rico ha provocado una emigración masiva de estos trabajadores a Estados Unidos y las Islas Vírgenes, donde cobran tres o cuatro veces más de lo que se les paga en Puerto Rico.

“Desde que Wanda Vázquez asumió el poder denunciamos los abusos de los contratistas y la complicidad del gobierno, pero ella hace causa común con los poderosos e influyentes e ignora los reclamos que hemos realizado los trabajadores que estamos reconstruyendo a Puerto Rico. Ahora se habla de reabrir la actividad de la construcción y ella no nos ha contactado para discutir las medidas de seguridad para los trabajadores. Ella solo habla con los millonarios. Favorecemos la apertura, pero solicitamos que se nos notifique cuales serán las medidas de seguridad que se llevarán a cabo y se nos confirme si los contratistas cuentan con los materiales sanitarios suficientes para asegurar la salud de los trabajadores y sus familiares. ¿Quién va a asegurarse cumplan cuando el Gobierno está cerrado?”, cuestionó Severino.

El sindicalista hizo un llamado a la gobernadora a “hacer cumplir las órdenes ejecutivas y las Leyes laborales y a recapacitar sobre los favoritismos que brinda a los contratistas de la construcción”.

Igualmente, le advirtió a la gobernadora de que “las 50,000 familias de los trabajadores de la construcción están muy pendiente a sus acciones para ejercer su derecho al voto en los próximos comicios electorales”.INS

 

P. Rico-Coronavirus/Centro de Periodismo Investigativo exige ante tribunales que el Registro Demográfico entregue archivos de los fallecidos entre 2007 y 2020

San Juan, 29 abr (INS).- El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recurrió ayer a tribunales con una petición de mandamus por acceso a la información para exigir que el Registro Demográfico le entregue de forma completa la base de datos sobre las causas de muerte en Puerto Rico entre los años 2007 y 2020, según la solicitó hace cinco semanas.

La demanda radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan es dirigida a Wanda Llovet Díaz, directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, y el Estado Libre Asociado. Responde a investigaciones que lleva a cabo el CPI sobre las muertes en la isla.

“Parece mentira que en un momento como este, y con la urgencia que tiene la gente de tener algún grado de confianza y certeza sobre cómo se está manejando el tema de las muertes por el Covid-19, se le falle nuevamente al país. La solicitud de la base de datos completa y los certificados de defunción es idéntica a la que el CPI hizo tras el huracán María y por la cual el Tribunal de Primera Instancia ordenó su entrega completa en el 2018”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

Explicó que “ya en el 2009 el CPI también había demandado por este mismo documento, a la misma funcionaria, y había logrado obtenerlo. Instamos a la directora del Registro Demográfico a que entregue esta información sin omitir ningún campo, lo antes posible”.

La periodista Laura Moscoso, en representación del CPI, inició la gestión para obtener los datos de fallecidos el pasado 23 de marzo, en una comunicación dirigida a Llovet Díaz, Concepción Quiñones De Longo, entonces secretaria interina de Salud, y a oficiales de prensa del Departamento de Salud y La Fortaleza. Solicitó la base de datos de mortalidad en Puerto Rico entre los años 2007 y 2020.

Tras examinar un disco digital entregado por Salud, el 6 de abril Moscoso volvió a contactar a los oficiales del gobierno para informar que la base de datos que entregaron estaba incompleta, “ya que algunos campos, como el del nombre de la persona fallecida, fueron removidos”.

Ante la información incompleta, el CPI insistió en obtener el documento completo y además solicitó copia digital de los certificados de defunción emitidos desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad. A pesar de la petición a los funcionarios públicos concernidos, incluyendo a Llovet Díaz y al nuevo secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, “ningún representante de las partes promovidas respondió a los mensajes”, indica el recurso legal.

En este caso, el CPI es representado por Luis José Torres Asencio, Annette Martínez Orabona y Steven Lausell Recurt, abogados de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

“La información solicitada por el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, señala el recurso legal.

Y aunque el gobierno invocara alguna confidencialidad o privilegio sobre la información solicitada, “el interés público para acceder a la información solicitada supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto”, añade la demanda.

La Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) crea un mecanismo especial para acceso a la información, pero su artículo 12 reconoce que no se interpretará de forma restrictiva, “ni supone la exclusión de otros derechos y procedimientos pertenecientes a las personas solicitantes de información pública y no mencionados específicamente como lo es el recurso de mandamus tradicional”.

La Ley de transparencia dice, entre otras cosas, que la información y documentación que produce el gobierno se presume pública y accesible a todas las personas por igual; que la información y documentación que produce el gobierno en sus estudios, transacciones y en el ejercicio de la autoridad pública son patrimonio y memoria del pueblo de Puerto Rico.

Además, el CPI pidió que el Tribunal ordene a las partes la divulgación de la información cuando le sea solicitada en el futuro, en los mismos términos y cumpliendo la misma normativa sobre acceso a la información. INS

ndc