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Ponce, 23 abr (INS).- El recientemente publicado por la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, “refleja un panorama sombrío y desalentador de la presente situación del Puerto Las Américas, en Ponce”, manifestó Javier A. Echevarría Vargas, catedrático en Derecho y exsecretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
Apuntó que del informe “se desprende que el mal manejo y la crasa negligencia desplegada por la administración municipal ha tenido como resultado la pérdida de millones de dólares en un proyecto que no ha redundado en ningún beneficio de interés público”.
Echevarría Vargas señaló que “entre los hallazgos significativos se encuentra que entre 2003 y 2018 se formalizaron 127 contratos y 226 enmiendas a estos por 225.7 millones de dólares, con 75 contratistas para, entre otros servicios, la administración, diseño, construcción, inspección y operación del puerto. Sin embargo, a pesar de todos esos gastos, el puerto no es adecuadamente utilizado y está en avanzado estado de abandono”.
“El pobre manejo llega al punto de que ni siquiera han sido nombrados los integrantes de la junta de directores de la entidad. Y se atreven ofrecer la excusa de que, según requiere la ley, no han podido identificar a un arquitecto o planificador ni a un economista residentes en Ponce. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo no haya ni siquiera podido identificar personas que reúnan esas características?”, cuestionó.
Añadió que “muy intrigante resulta la excusa desplegada de que no se había nombrado un ingeniero civil certificado ni al representante del sector de los pequeños y medianos comerciantes, ‘debido a que el municipio no había sido notificado de la aprobación de la Ley 176-2016’. O sea, esa ley se aprobó hace cerca de cuatro años y la administración municipal no lo sabía… Esa es una muy pobre excusa para pretender desligarse de las obligaciones legales”.
Echevarría Vargas mencionó además una larga lista de inversiones en equipos que prácticamente han resultado en dinero perdido: “Por ejemplo, las grúas del puerto costaron 22.2 millones y están averiadas, no están operacionales ni certificadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, siglas en inglés) y además carecen de energía eléctrica”.
Además, “se generó un gasto ascendente a 2.8 millones para la rehabilitación y remodelación del edificio y sin embargo está severamente deteriorado; se efectuó un desembolso de 2.7 millones para la adquisición e instalación del sistema de refrigeración para el manejo de la carga marítima y, sin embargo, el sistema no es utilizado y las piezas están almacenadas”.
“Somos testigos de cómo la apatía y la pereza administrativa derrumban los legados de nuestro pueblo y de ello sólo nos quedan unas inmensas grúas que representan monumentos a la negligencia e incapacidad de quienes se supone atiendan asuntos de tanta importancia para Ponce y para el país. Exhorto a la alcaldesa María Meléndez a que rinda cuentas ante todos estos serios señalamientos”, concluyó. INS
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