P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el martes 21 de abril de 2020

P. Rico-Coronavirus/Funcionaria de Salud confirma que ayudante de la gobernadora amenazó a secretaria Quiñones de Longo que tenía que firmar contrato en 20 minutos, por 14 millones de dólares, para adquisición de respiradores

San Juan, 21 abr (INS).- La funcionaria Mayra Toro, de la Oficina Auxiliar para Salud Ambiental del Departamento de Salud, confirmó bajo juramento que Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, amenazó a la entonces secretaria Concepción Quiñones de Longo que tenía que llevar un contrato firmado en 20 minutos a La Fortaleza por 14 millones de dólares para la adquisición de respiradores.

El contrato era para la compra de 713 respiradores y el tiempo de entrega se extendía hasta por 18 meses, ante lo cual la exsecretaria dijo, en voz de Toro, que “ella (Quiñones de Longo) dijo que lo acababa de recibir, que lo tenía que evaluar y que desconocía lo que tenía que firmar”.

Ante la presión de Blasco de que tenía que agilizar el trámite, Quiñones de Longo “expresó que lo lamentaba mucho, que eso era una amaneza para ella. La doctora expresó en voz alta, yo lo escuché, que había otras personas presentes, el doctor (Roberto) Rosso (asesor de la secretaria) y otro personal clerical. La llamada entró al celular entró al de la secretaria de la doctora Quiñones, lo tenía en altavoz. Mariasol Blasco dijo que tenía 20 minutos para proceder con la acción”, contó la funcionaria en una audiencia pública de la Comisión de Salud de la Cámara que investiga la irregular compra de un millón de pruebas del Covid-19 por 38 millones de dólares.

Agregó que “la doctora Quiñones también le advirtió que estaba presente su asesor legal, Raúl Bandas, pero ella (Blasco) le dijo que tenía que firmar la orden de compra y presentarse en La Fortaleza”.INS

 

P. Rico-Coronavirus/Demandan abogados apertura de comedores escolares para proveer alimentos a los más vulnerables

San Juan, 21 abr (INS).- Los presidentes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Román Espada, y de la Comisión en Torno a los Derechos de la Niñez, Reynaldo R. Alegría, exigieron al gobierno puertorriqueño la reapertura de los comedores escolares para atender la emergencia alimentaria que está produciendo la pandemia del Covid-19.

Los letrados recomendaron que se establezcan servicarros en diversos polos regionales y que sean los gobiernos municipales, junto a las organizaciones no gubernamentales, que se encarguen de esta operación, además de hacer entrega en las casas a quienes no puedan llegar hasta las escuelas a recoger los alimentos.

“Las medidas salubristas para evitar el contagio del virus tienen que complementarse con iniciativas que garanticen la seguridad alimenticia de las personas en situaciones de vulnerabilidad”, afirmó Román Espada.

El presidente del CAAPR agregó que la apertura de los comedores escolares para distribuir comida, guardando todos los cuidados necesarios para evitar el contagio, no requiere de legislación, sino voluntad y consciencia.

El gobierno de Puerto Rico informó recientemente que ha repartido a organizaciones sin fines de lucro sobre 350 mil libras de alimento, que tienen una fecha de utilidad.

Según se indicó en su momento, el alimento distribuido rinde para 75 mil personas.

“No es suficiente. En Puerto Rico viven 3.2 millones de personas, y diseñar un plan para donar un promedio de 4 libras de comida para 75 mil personas, es ofrecer una ayuda muy limitada para solamente el 2.3% de la población”, sentenció Alegría.

Román Espada argumentó que “somos conscientes de que, durante la emergencia, tenemos que buscar apoyo de todos los sectores, y nadie mejor que las organizaciones no gubernamentales para colaborar, pero ello no es suficiente”.

“Las organizaciones no pueden suplir la gestión y trabajo que le corresponde al gobierno. Creemos que urge abrir los comedores y ofrecer desayuno y almuerzos todos los días a las poblaciones más vulnerables, principalmente a la niñez y a nuestros viejos”, reiteró el presidente de los letrados colegiados.

Alegría, en tanto, exhortó al gobierno a incorporar a los alcaldes en este esfuerzo.

“En el Puerto Rico de hoy, 6 de cada 10 niños y niñas viven bajo el nivel de pobreza, (por lo que) abrir los comedores escolares y permitir que las organizaciones no gubernamentales, junto a los alcaldes y alcaldesas hagan su trabajo es, no solo la movida natural, sino la manera de que las gestiones se ejecuten por quienes tienen la responsabilidad”, señaló Alegría.

Expuso que el gobierno tiene que abrir los comedores escolares ya, y proveerles desayuno y almuerzo a las familias pobres del país, especialmente, a las que tienen niños y niñas, y se mostró seguro de que los alcaldes y alcaldesas podrán repartir esos alimentos diligentemente. INS

 

P. Rico-Coronavirus/Directora de oficina de Compras de Salud nunca tuvo conocimiento de adquisición de un millón de pruebas para el Covid-19 por 38 millones de dólares: “Quisieron excluirnos de un proceso, no sé bajo qué fundamento”

San Juan, 21 abr (INS).- La directora interina de la Oficina de Compras del Departamento de Salud, Diana Meléndez Díaz, afirmó que nunca tuvo conocimiento de la adquisición de un millón de pruebas para el Covid-19 por 38 millones de dólares por parte de la agencia.

“Nunca tuvimos conocimiento y nunca lo trabajamos”, manifestó la funcionaria sobre el caso de la compra irregular, a sobreprecio y fallida del millón de pruebas, que fueron canalizados por otros funcionarios de Salud y por el Negociado para el Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (Nmead).

Meléndez Díaz sostuvo que tampoco ella ni su personal “dimos respaldo técnico” a la compra y “nunca se nos solicitó del Nmead” ayuda.

Opinó que, tras las revelaciones que se han producido en las audiencias públicas, “no fue una compra ordenada y correcta dentro de un marco de emergencia”.

Al respecto, comentó que fue irregular el hecho de que se firmara un contrato de esa magnitud sin la presencia física de una persona representante de la empresa involucrada.

También consideró anormal que una persona no experta en compras se hiciera cargo de una transacción millonaria.

Agregó que “quisieron excluir a la Oficina de Compras de un proceso, no sé bajo qué fundamento”.

La compra del millón de pruebas por 38 millones a la empresa Apex es investigada por Justicia.INS

 

P. Rico-Coronavirus/Acusa el Fadep al Departamento de Educación de mercadear vales educativos en medio de pandemia

San Juan, 21 abr (INS).- El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) acusó al Departamento de Educación de intentar imponer el programa de vales educativos para beneficiar en el año escolar 2020-2021 a los empresarios y mercaderes de la docencia, mientras el país lucha para protegerse de la pandemia que amenaza las vidas de los puertorriqueños.

El secretario Eligio Hernández Pérez anunció que este año escolar podrán incluirse en el programa alrededor de 2,500 estudiantes y la aportación por cada uno será de 2,275.72 dólares, lo que implicará entregar más de 5 millones de dólares a empresas privadas.

“Este programa sirve para transferir recursos económicos a escuelas y colegios privados en detrimento de la escuela pública; es dinero que le quitan a los estudiantes de nuestro sistema educativo para ponerlo en manos de empresas con fines de lucro”, afirmó Liza M. Fournier, presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete).

Sostuvo que el mecanismo de vales“es también una manera de rescatar instituciones educativas que atraviesan por una crisis usando el dinero de los contribuyentes”.

El Fadep sostiene que “esos fondos deben utilizarse para comprar los equipos necesarios de limpieza, salubridad, contratación de enfermeras que le ofrezcan servicio de salud a la comunidad escolar, maestras para reorganizar los grupos en cantidades que no sobrepasen los 20 estudiantes por salón.

De esta manera, según el Frente Amplio, se garantiza el distanciamiento y seguridad de nuestros estudiantes y maestros en la sala de clase.

“Estos fondos serán insuficientes para la inyección que necesita el sistema público de enseñanza, sin embargo, es dinero que nos arrebatan, dejándonos con menores recursos para funcionar y desmantelando así, pedazo a pedazo la educación pública de nuestro país”, señaló Migdalia Santiago, presidenta de Educamos.

Calificó de “repudiable que en medio de esta pandemia y del dolor que vive el pueblo, la agencia esté abriendo la brecha a la privatización cada vez más, en vez de proponer alternativas que enaltezcan y fortalezcan la educación pública”.

La Constitución de Puerto Rico en el artículo II, sección 5, dispone que “no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado”, explicó Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Madres y Encargados de Estudiantes del Programa de Educación Especial, al advertir que el Departamento de Educación ha fracasado en alcanzar sus metas, pues las comunidades escolares han rechazado este esfuerzo privatizador.

“El año pasado pretendían llegar a 3,000 estudiantes (el 1% del total de la matrícula de alumnos, aunque la ley permite hasta un máximo de 3%); las familias solicitaron apenas 400 vales, en repudio claro a la privatización de la educación y defensa a la escuela pública”, recordó Warren.

La portavoz del Comité Timón de Madres y Padres llamó a rechazar “este ataque a la educación pública y a reclamar que el dinero que hoy se llevan privatizadores y amigos del alma se inviertan en mejorar las escuelas y ofrecer alternativas educativas de calidad a todos los estudiantes, entre ellos el sector más vulnerable, afectado y olvidado por el Departamento de Educación, la población con diversidad funcional”.

La presidenta de la Federación de Maestros (FMPR), Mercedes Martínez, contrastó que mientras por un lado entregan el presupuesto de la agencia a empresas privadas, por otro se niegan a hacerle justicia salarial a los maestros, maestras, personal docente y no docente.

“Desde 2008 no se provee un aumento a la escala salarial del magisterio y el Secretario de Educación Eligio Hernández se niega a reconocer la decisión del Tribunal Superior que ordenó que se honre un reciente aumento de $125.00 mensuales que les corresponde. Tampoco se paga la carrera magisterial, ni los pasos por mérito, cuando de repente, aparecen millones de dólares para la educación privada”, detalló Martínez.

La vicepresidenta del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), Karen De León, añadió que “desde la aprobación de la Ley 7 de 2009, miles de empleados fueron cesanteados y ahora más que nunca es meritorio su recontratación, en especial los conserjes quienes garantizarán las condiciones salubres y seguras a la que tiene derecho toda la comunidad escolar”.

“Es hora ya de que se invierta el dinero en las necesidades de nuestras comunidades escolares con materiales de limpieza y equipo de seguridad máxime, ante una pandemia como la que vivimos que pone en relieve la necesidad de garantizar condiciones seguras y salubres para mantenernos con vida”, reclamó De León. INS

 

P. Rico-Coronavirus/“Task force” médico no envía minutas claves a Comisión de Salud que investiga compra fallida e irregular de un millón de pruebas por 38 millones, ante lo cual Morales señala que “quiero pensar que ha sido un error involuntario”

San Juan, 21 abr (INS).- El task force médico del gobierno no envió dos minutas claves a la Comisión de Salud que investiga la compra fallida e irregular de un millón de pruebas por 38 millones de dólares, ante lo cual el representante Juan Oscar Morales señaló que “quiero pensar que ha sido un error involuntario”.

Según Morales, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, las minutas que faltan son las de los días 24 y 26 de marzo.

Esos días hubo reuniones del “task force” médico en las que se abordó la compra del millón de pruebas por 38 millones de dólares, lo que finalmente no ocurrió.

Según el representante, las minutas que fueron enviadas a la comisión fueron las de los días 20, 21, 23, 25, 27, 28 y 31 de marzo.

También fueron recibidas las del 1, 2, 8, 13 y 14 de abril.

“No está la minuta del 24 marzo ni la del 26 de marzo, día en que se tomó la determinación de comprar un millon de pruebas. Esos documentos para nosotros son de gran importrancia. Quiero pensar que ha sido un error invioluntario que no hayan sido incluidos. Si no existen, que lo certifique el ‘task force’ a esta comisión. Si no, deben estar aquí mañana, martes, antes de las 12 del mediodía”, acotó Morales.INS

 

P. Rico-Coronavirus/Exige aspirante a senadora que el gobierno rinda cuentas del uso de dinero liberado por la JSF para atender pandemia del Covid-19

San Juan, 21 abr (INS).- A cinco semanas de decretado el cierre de emergencia y el toque de queda, la candidata al Senado por San Juan Marilú Guzmán, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), exigió a la gobernadora Wanda Vázquez Garced rendir cuentas al país sobre el uso dado a los 787 millones de dólares aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el plan de respuesta económica y los 160 millones de la reserva de emergencia, para atender la pandemia del nuevo coronavirus.

“Miles de personas se encuentran desesperadas porque no están devengando ingresos y las ayudas ofrecidas por agencias del gobierno local y federal no han llegado o han resultado insuficientes”, manifestó la activista política.

Guzman subrayó que ante el escándalo desatado al gobierno pretender invertir 38 millones de dólares en un millón de pruebas rápidas para detectar el Covid-19, que se vendían a sobreprecio, la gobernadora Vázquez Garced hizo un ofrecimiento de dinero adicional para los contribuyentes, lo cual tuvo de inmediato la oposición de la JSF que, por voz de su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, indicó que debían dar uso al dinero previamente autorizado por dicho organismo, de cuyo monto solo se habían utilizado 80 millones de dólares.

“Al día de hoy, el pueblo desconoce en qué piensa el gobierno invertir el dinero sobrante, mientras miles de personas, padres y madres de familia, se encuentran sin devengar ingresos, al borde de la quiebra económica y emocional”, indicó Guzmán.

La aspirante al Senado por el MVC advirtió que, mientras esto ocurre, el gobierno continúa dando contratos a empresas pertenecientes a personas identificadas con el Partido Nuevo Progresista (PNP), del cual Vázquez Garced es candidata a la gobernación.

Como muestra de esto, Guzmán señaló el contrato a la empresa Insight Communications Corp., propiedad de Neftalí Bernard Rosado, donante del PNP, para administrar el centro de llamadas del Departamento del Trabajo, ante los cientos de miles de reclamaciones de desempleo que la agencia no ha podido tramitar eficientemente.

“El pueblo está hastiado de que se siga repartiendo el dinero del presupuesto de Puerto Rico para beneficiar a personas allegadas al PNP, mientras miles sufren por no contar con los medios económicos para satisfacer las más básicas necesidades propias y de la familia”, manifestó la candidata a senadora por Victoria Ciudadana.

Sostuvo que la gobernadora Vázquez Garced “tiene que rendir cuentas al pueblo sobre el destino que habrá de darle a esta considerable suma de dinero, que le pertenece al pueblo, no a su partido ni a su gobierno”. INS

 

P. Rico-Sindicato acusa a Salud Correccional de incumplir las medidas de seguridad y protección, lo que expone a riesgos de contagio el personal y los confinados

San Juan, 21 abr (INS).- El incumplimiento de las medidas de seguridad y protección por parte del Departamento de Corrección en el Programa de Salud Correccional aumenta el riesgo de comprometer la salud y la vida de los empleados y confinados, denunció el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López.

“La ausencia de los materiales y equipos de protección y el incumplimiento con los protocolos de seguridad que se han establecido para el desempeño de las tareas del personal adscrito al Programa de Salud Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en manos de la compañía privada Physician Correctional, ha sido constante para el personal que labora sirviendo a la población de confinados en las cárceles del país”, declaró Guzmán López.

El dirigente sindical informó que desde el principio de esta crisis, la UGT ha tenido que insistir en la necesidad de que se tomen las medidas de rigor para proteger tanto al personal, como a los confinados.

Inicialmente, dijo, la empresa privatizadora pretendía operar con la presencia de casi todo el personal que realiza las tareas administrativas.

“Esta acción temeraria del patrono fue rechazada por el sindicato al considerarla totalmente improcedente, ya que creaba el riesgo de una contaminación cruzada con un personal que no es imprescindible en este momento”, sostuvo Guzmán López.

El presidente de la UGT agregó que aunque en sus expresiones públicas los directivos de Physician hablan del cumplimiento con estrictos protocolos de seguridad, “ya es más que evidente la inefectividad de estos al no proveer, en la cantidad requerida, los materiales y equipos que son necesarios para controlar el contagio del personal”.

Insistió que esta situación ha dado lugar al contagio de personal que muy bien pudiera haberse evitado.

Comentó que resulta altamente cuestionable el planteamiento que han hecho público los propios trabajadores donde alegan que “han retirado compañeros de trabajo a cuarentena preventiva y los supervisores guardan silencio”, lo que hace que los trabajadores no puedan tomar mayores medidas de prevención.

Guzmán López indicó que esta conducta pudiera poner en mayor riesgo la salud y la vida de los trabajadores, sus familias, así como la vida de los propios confinados y exigió acción inmediata del Departamento de Corrección y Rehabilitación y el cese y desista de las prácticas incorrectas de Physician Correctional.

“De igual manera los responsabilizamos directamente a ambos por las consecuencias que esta situación pueda tener sobre nuestros representados, sus familias y la población penal”, remató. INS

ndc