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San Juan, 20 abr (INS).- El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) acusó hoy al Departamento de Educación de intentar imponer el programa de vales educativos para beneficiar en el año escolar 2020-2021 a los empresarios y mercaderes de la docencia, mientras el país lucha para protegerse de la pandemia que amenaza las vidas de los puertorriqueños.
El secretario Eligio Hernández Pérez anunció que este año escolar podrán incluirse en el programa alrededor de 2,500 estudiantes y la aportación por cada uno será de 2,275.72 dólares, lo que implicará entregar más de 5 millones de dólares a empresas privadas.
“Este programa sirve para transferir recursos económicos a escuelas y colegios privados en detrimento de la escuela pública; es dinero que le quitan a los estudiantes de nuestro sistema educativo para ponerlo en manos de empresas con fines de lucro”, afirmó Liza M. Fournier, presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete).
Sostuvo que el mecanismo de vales“es también una manera de rescatar instituciones educativas que atraviesan por una crisis usando el dinero de los contribuyentes”.
El Fadep sostiene que “esos fondos deben utilizarse para comprar los equipos necesarios de limpieza, salubridad, contratación de enfermeras que le ofrezcan servicio de salud a la comunidad escolar, maestras para reorganizar los grupos en cantidades que no sobrepasen los 20 estudiantes por salón.
De esta manera, según el Frente Amplio, se garantiza el distanciamiento y seguridad de nuestros estudiantes y maestros en la sala de clase.
“Estos fondos serán insuficientes para la inyección que necesita el sistema público de enseñanza, sin embargo, es dinero que nos arrebatan, dejándonos con menores recursos para funcionar y desmantelando así, pedazo a pedazo la educación pública de nuestro país”, señaló Migdalia Santiago, presidenta de Educamos.
Calificó de “repudiable que en medio de esta pandemia y del dolor que vive el pueblo, la agencia esté abriendo la brecha a la privatización cada vez más, en vez de proponer alternativas que enaltezcan y fortalezcan la educación pública”.
La Constitución de Puerto Rico en el artículo II, sección 5, dispone que “no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado”, explicó Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Madres y Encargados de Estudiantes del Programa de Educación Especial, al advertir que el Departamento de Educación ha fracasado en alcanzar sus metas, pues las comunidades escolares han rechazado este esfuerzo privatizador.
“El año pasado pretendían llegar a 3,000 estudiantes (el 1% del total de la matrícula de alumnos, aunque la ley permite hasta un máximo de 3%); las familias solicitaron apenas 400 vales, en repudio claro a la privatización de la educación y defensa a la escuela pública”, recordó Warren.
La portavoz del Comité Timón de Madres y Padres llamó a rechazar “este ataque a la educación pública y a reclamar que el dinero que hoy se llevan privatizadores y amigos del alma se inviertan en mejorar las escuelas y ofrecer alternativas educativas de calidad a todos los estudiantes, entre ellos el sector más vulnerable, afectado y olvidado por el Departamento de Educación, la población con diversidad funcional”.
La presidenta de la Federación de Maestros (FMPR), Mercedes Martínez, contrastó que mientras por un lado entregan el presupuesto de la agencia a empresas privadas, por otro se niegan a hacerle justicia salarial a los maestros, maestras, personal docente y no docente.
“Desde 2008 no se provee un aumento a la escala salarial del magisterio y el Secretario de Educación Eligio Hernández se niega a reconocer la decisión del Tribunal Superior que ordenó que se honre un reciente aumento de $125.00 mensuales que les corresponde. Tampoco se paga la carrera magisterial, ni los pasos por mérito, cuando de repente, aparecen millones de dólares para la educación privada”, detalló Martínez.
La vicepresidenta del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), Karen De León, añadió que “desde la aprobación de la Ley 7 de 2009, miles de empleados fueron cesanteados y ahora más que nunca es meritorio su recontratación, en especial los conserjes quienes garantizarán las condiciones salubres y seguras a la que tiene derecho toda la comunidad escolar”.
“Es hora ya de que se invierta el dinero en las necesidades de nuestras comunidades escolares con materiales de limpieza y equipo de seguridad máxime, ante una pandemia como la que vivimos que pone en relieve la necesidad de garantizar condiciones seguras y salubres para mantenernos con vida”, reclamó De León. INS
ndc