Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 14 abr (INS).- El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano, sometió una querella contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced ante la Junta Examinadora de Anuncios (JEA) por el uso ilegal de fondos públicos para promover su imagen con programas que limitan el acceso a la prensa.
La querella cuestiona el uso de las emisoras de radio y televisión de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR) para controlar la información que se comunica relacionada con la emergencia provocada por el Covid-19 y para realzar la imagen de Vázquez como aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).
“El programa especial que llevó a cabo la gobernadora fue un montaje pagado con fondos públicos en el que se excluyó a representantes de la prensa y permitió a la gobernadora diseminar el mensaje de su administración sin que se le cuestionara a fondo lo discutido. La gobernadora se aprovechó del poder que le faculta la ley y su puesto para utilizar fondos y propiedad pública en beneficio personal y de su aspiración en el PNP”, acusó Merle.
Agregó que “radicamos la querella porque es responsabilidad de esta Junta detener este tipo de acción”.
Según Merle, tanto la prensa como el público en general tienen un derecho constitucional de acceso a la información en poder del Estado.
“Limitar la presencia de la prensa es contraproducente y atenta contra la democracia. No se objeta que el gobierno utilice los medios de comunicación para dar información relevante, orientar a la ciudadanía y contestar preguntas pertinentes a la emergencia. Lo que se objeta es que use a las emisoras públicas de radio y televisión para difundir un mensaje controlado, acomodaticio, que la beneficia y sin la posibilidad de cuestionamientos”, añadió.
La querella establece que la gobernadora violó las disposiciones del artículo 12.001 de la Ley 78-2011, según enmendada, conocida como Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI.
“La participación libre de una prensa privada e independiente es esencial para darle a esas comparecencias de la gobernadora su fin público legítimo. El no garantizar esa participación libre de la prensa torna la emisión televisiva y radial de los mensajes en un ejercicio de propaganda y proselitismo electoral que está expresamente prohibido por nuestro ordenamiento”, concluyó Merle. INS
aa