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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 14 abr (INS).- El caso de la abortada compra de un millón de pruebas rápidas de detección de contagio al Covid-19 por parte del gobierno de Puerto Rico está cobrando un giro de proporciones escandalosas, cuando la compañía australiana Promedical, a la que la empresa de construcción Apex General Contractors, metida en el negocio de suplementos médicos fuera de su pericia empresarial, compraría los suministros de test, negara que hubiera tenido acercamiento con ese objetivo.
Las expresiones contundentes de corporación australiana a un periódico nacional (El Nuevo Día) fueron: “Promedical no ha tenido ninguna conversación, ni ha firmado ningún contrato, con Apex General Contractors. Además, la empresa australiana no ha recibido ninguna orden ni recibido pagos de Apex General Contractors”.
La compañía australiana expresó que “trabaja predominantemente, tanto con el gobierno de Australia, como con el gobierno federal de Estados Unidos, para cumplir con los contratos de venta de pruebas rápidas a Covid-19”.
Sin embargo, fue categórico en que no ha hecho negocios ni ha tenido conversaciones con ninguna de persona identificada como directivo de Apex, como tampoco ha tenido comunicación con el gobierno de Puerto Rico.
Sumada a la evidencia de que Apex pretendía vender las pruebas diagnósticas rápidas a sobreprecio queda ahora las afirmaciones de Promedical de que vende sus test rápidos por menos de la mitad del precio de $38 que se había acordado vender a las autoridades gubernamentales puertorriqueñas.
Apex General Contractor es una pequeña empresa de construcción que nunca ha manejado el negocio de productos médicos, pero cuyos directivos están ligados a las altas esferas del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), la colectividad política que advino al poder tras el triunfo en las pasadas elecciones.
Apex había recibido contratos antes bajo gobiernos del PNP, pero todos en su área de construcción.
Se sabe por informaciones recientes que Oriental Bank detuvo una transferencia bancaria de los $19 millones, no a Australia, sino al estado de Colorado en Estados Unidos, que el gobierno de Puerto Rico había adelantado en la transacción del contrato de compra-venta por $38 millones, lo que confirma que Apex no tenía acuerdo alguno con la empresa proveedora australiana Promedical.
El director de la Administración de Servicios Generales (ASG) dijo a El Nuevo Día que Oriental Bank, la institución bancaria donde está la cuenta de Apex Contractors, le hizo una llamada telefónica el viernes 3 de abril para corroborar la legitimidad del depósito de $19 millones que la empresa había recibido unos días antes.
Los bancos, según conocedores de la interioridades de estas instituciones, están obligados a congelar cuentas bancarias en las que se detecte alguna actividad sospechosa, sin tener que esperar por órdenes de las autoridades federales.
De modo que el caso de la abortada compra del millón de pruebas diagnósticas rápidas de contagio a Covid-19 “pica y se extiende”, como se diría en el argot deportivo beisbolero. INS
rsm/