Inter News Service Agencia de Noticias
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 10 abr (INS).- La saga del escándalo de la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced con la empresa de construcción Apex contratada para suplir un millón de pruebas de Covid-19 se está convirtiendo en una novela.
El nuevo capítulo del escándalo con el millón de kits de pruebas para diagnosticar el contagio al Covid-19 por los que la administración de Vázquez Garced adelantó 19 millones de los 38 millones de dólares que se terminarían pagando surgió anoche tras conocerse a través de la versión digital de uno de los principales diarios nacionales puertorriqueños que no se pudo completar la transacción con un proveedor en Australia de los test contactado por la corporación contratada por el gobierno, debido a que su cuenta bancaria con el dinero adelantado fue congelada por lo que se presupone pudo haber sido una intervención de las autoridades federales.
El director de la Administración de Servicios Generales (ASG), Ottmar Chávez, dijo al diario El Nuevo Día que Oriental Bank, la institución bancaria donde está la cuenta de Apex Contractors le hizo una llamada telefónica el viernes 3 de abril para corroborar la legitimidad del depósito de $19 millones que la empresa había recibido unos días antes.
“Oriental Bank nos contactó a ASG con el propósito de validar que el cheque fuera uno legítimo por la cantidad. Oriental solo informó –en una sola llamada– que la transacción estaba ‘on hold’ (en espera) porque había ‘flag’ (bandera) en el sistema, por la cantidad grande del depósito”, dijo Chávez al diario.
Oriental Bank no ha precisado si la congelación de la cuenta había sido ejecutada por autoridades federales, aunque las instituciones financieras están obligadas a congelar cuentas bancarias en las que se detecte alguna actividad sospechosa y notificar a las autoridades federales.
Cada detalle que va saliendo a la luz sobre lo que ya es un escándalo de grandes proporciones lo intrinca cada vez más y ahora se sabe con la investigación periodística que a pesar de que la comunicación que tuvo Oriental Bank con ASG se produjo el 3 de abril, la gobernadora Vázquez Garced afirmó en una conferencia de prensa el pasado miércoles para defender la transacción que el gobierno de Puerto Rico no sabía por qué Apex no pudo cumplir con la fecha de entrega de las pruebas establecida en el contrato de compra-venta.
Las autoridades gubernamentales de Puerto Rico no han dado explicación del porqué no brindó oportunidad a la empresa para cumplir con su compromiso, aunque fuera poco tiempo después de lo previamente establecido, como ha sucedido con transacciones inclusive más cuantiosas en el pasado, presumiéndose que pudiera haber tenido conocimiento de la congelación de los fondos.
El 2 de abril, el comisionado del Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), José Burgos, le escribió a Apex cancelando la transacción, según ha dicho por la empresa haber fallado en traer el millón de pruebas a la isla y el 3 de abril hizo lo mismo el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, argumentando que las pruebas no contaban con autorización para ser usadas en Puerto Rico por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, siglas en inglés). INS
rsm/ndc