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Por Rafael Santiago Medina
San Juan. 9 de abr (INS).- El hecho que siete burócratas de una administración gubernativa en Puerto Rico, que usualmente son sellos de goma, examinen una propuesta de venta de bienes o servicios al gobierno no dice mucho.
Eso, sin embargo, fue lo que la gobernadora Wanda Vázquez Garced intentó demostrar en su conferencia de prensa para justificar la transacción fracasada con un empresa sin experiencia en el área de salubridad de los kits de pruebas rápidas por la friolera de 38 millones de dólares.
Todo indica, según averiguaciones de un equipo periodístico del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que “el proceso de compras del gobierno de Puerto Rico de materiales y equipo para enfrentar la emergencia del coronavirus ha estado plagado de errores, retrasos, ineficiencia, compras cuestionables y falta de detalles”.
Fuentes entrevistadas por el CPI identifican a Adil Rosa Rivera como la persona responsable formalmente bajo esta administración de gobierno de la compra de suplidos para la emergencia, como ventiladores, pruebas y equipo de protección.
Hasta hace poco, Rosa Rivera era la responsable de coordinar el proceso de compras, primero desde Salud y luego en el Centro de Operaciones (COE) del Negociado de Manejo de Emergencias (Nmead).
Desde el COE, junto a miembros del Task Force Médico, los doctores Juan Salgado y Segundo Rodríguez Quilinchini, han coordinado qué, cómo y a quién se compra, conforme a lo que aseguran fuentes entrevistadas en el trabajo del CPI.
Rosa Rivera trabajó anteriormente como directora de Administración de la región de Caguas del Departamento de la Familia, pero luego tuvo a su cargo la secretaría auxiliar de Administración del Departamento de Salud hasta la semana pasada. Llegó a la agencia durante la incumbencia del secretario Rafael Rodríguez Mercado y su jefa de personal, Mabel Cabeza Rivera.
Cabeza Rivera ha sido identificada como la persona que La Fortaleza designó para supervisar las compras que manejaba Adil Rosa Rivera y el Task Force desde Salud y el COE.
Se dice, también que Cabeza Rivera era el enlace entre la mansión ejecutiva y el Task Force Médico hasta el 30 de marzo, y refirió nombres de compañías a Rosa Rivera para que se les pidiera cotización.
También se detecta en la investigación del CPI que el acercamiento a los suplidores que recibe el Gobierno y el Task Force durante la emergencia se canalizaban a través de Rosa Rivera, quien pedía supuestamente cotizaciones, a su vez, según las exigencias de los doctores Salgado y Rodríguez. Más de tres fuentes en la investigación periodística aseguran que tanto el doctor Rodríguez, como el doctor Salgado, tienen poder decisional en las compras de materiales, pertrechos y equipos.
El CPI dice saber que Rosa Rivera fue entrevistada por autoridades federales con relación a las compras realizadas. Rosa es una activista del Partido Nuevo Progresista (PNP) y en sus redes sociales ha mostrado su apoyo al partido, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y al expulsado mandatario Ricardo Rosselló Nevares, entre otras figuras relacionadas al PNP.
Rosa Rivera fue designada por los tres secretarios que ha tenido el Departamento de Salud en el pasado mes para supervisar el proceso de compras de parte de la agencia. Con la designación de Johnny Colón González al puesto de secretaría auxiliar de Administración, no ha quedado claro si Rosa Rivera continúa trabajando en Salud.
El doctor Salgado admitió en entrevista con el CPI su intervención en el proceso de compras desde el COE y negó que recomendara a compañías de amigos o conocidos, aunque sí refirió a suplidores que lo han contactado. Una petición de entrevista de CPI con el doctor Rodríguez Quilichini no fue atendida.
Al menos tres fuentes del CPI dijeron que La Fortaleza ha intervenido directamente en el proceso de compras, principalmente a través de Cabeza Rivera, cuando ella supervisaba desde la mansión ejecutiva las compras que realizaba Rosa y el grupo de Salud.
La gobernadora Vázquez Garced reiteró el miércoles que La Fortaleza no intervino en el proceso de compras, incluyendo la orden de un millón de pruebas rápidas que fue cancelada. Nombró como responsable al Departamento de Salud.
La compra de materiales y equipo se hizo desde el Departamento de Salud hasta el 26 de marzo. Ese día, Nmead tomó control del proceso, pero Adil Rosa Rivera fue identificada como la persona que dio la instrucción para la compra de un millón de pruebas rápidas que fue cancelada la semana pasada.
El proveedor de estas pruebas, Apex, ya había enviado presuntamente una cotización, antes de que se le pidiera desde el COE. El CPI dice haber visto evidencia de que la cotización de la compañía había sido enviada con anterioridad por Juan Maldonado, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo y abogado de Apex, a tres personas: al doctor Rodríguez Quilinchini, al doctor Roberto Rosso (ayudante de la esecretaria interina Concepción Quiñones de Longo) y quien renunció tras la salida de esta y de Cabeza Rivera.
Además, la evidencia también muestra que Eduardo “Tito” Laureano, vinculado al PNP y quien trabajó para Pedro Rosselló, ayudó a establecer el contacto entre el Task Force y el abogado de Apex, Maldonado. Laureano, fue contratado por el doctor Segundo Rodríguez, en el Recinto de Ciencias Médicas, según se sabe,
Otra fuente del CPI supuestamente aseguró que doctor Salgado mantiene una estrecha relación de amistad con el padre de Juan Maldonado, abogado de Apex.
La adquisición de pruebas para detectar el coronavirus muestra las irregularidades y tropiezos que ha tenido el proceso de compras en el gobierno para enfrentar la epidemia. De las primeras pruebas que llegaron a Puerto Rico el pasado 17 de marzo —200 pruebas moleculares o «PCR» de la compañía Quest—, el Departamento de Salud proveyó evidencia de entrega para todas estas pruebas, excepto las 50 que fueron al aeropuerto. Según la agencia, fueron entregadas a una empleada de la Administración de Servicios Médicos para el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Estas son las pruebas que, según Concepción Quiñones de Longo, fueron entregadas sin cumplir con la cadena de mando.
Adicional a las pruebas “PCR”, el gobierno compró a sobreprecio alrededor de 1.3 millones de pruebas serológicas o “rápidas”, otro tipo de prueba, que detecta anticuerpos al Covid-19. Las compras fueron gestionadas entre Salud y Nmead, y al momento de la compra, ninguna de las marcas contaba con el aval de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA). Varios de los vendedores tienen vínculos al PNP, conforme a lo que el CPI ha podido indagar.
Según datos obtenidos por el CPI, Adil Rosa, el Task Force y la oficina del secretario de Salud dieron su visto bueno a la compra de pruebas de parte de Salud, dijeron tres fuentes por separado. La compra del millón de pruebas de NMEAD fue decidida por el Task Force, dijo una fuente, ante la ausencia de un secretario de Salud nombrado en ese momento.
De la cantidad total de pruebas rápidas adquiridas por el gobierno, Nmead compró un millón de pruebas marca Promedical, a $38 cada una, para un total de $38 millones, casi un 200% mayor al valor del mercado en ese momento, según fuentes y documentos consultados por el CPI. Tras pagar la mitad de la factura por adelantado, el gobierno aseguró que canceló esta orden porque la compañía no cumplió con el tiempo estipulado para la entrega de pruebas y porque no cumplían con regulaciones de la FDA, y obtuvo el dinero de vuelta. Esta compra fue a la compañía APEX, cuyo dueño, Robert Rodríguez López, también tiene vínculos con el PNP y con 313 LLC, según se ha sabido. INS
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