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La orden de compra del Departamento de Salud. / Inter News Service
San Juan, 5 abr (INS).- La senadora Rossana López León denunció hoy que el gobierno pagó a sobreprecio 100 mil pruebas rápidas para Covid-19, lo que representó una pérdida estimada en al menos un millón 600 mil dólares.
“Todos los días el país ve con asombro, vergüenza y hasta rabia el desastre administrativo que se inicia en La Fortaleza, donde invierten 3.6 millones en 100 mil pruebas rápidas de Covid-19 (a 36 dólares la unidad), cuando los laboratorios clínicos las están pagando a 20 dólares al detal. Lamentablemente hay que decirlo como es: estamos ante otro caso de corrupción gubernamental”, aseveró la senadora.
La información fue publicada ayer en la cuenta de Twitter de la reportera Nuria Sebasco, donde se evidencia que el Departamento de Salud mandó a comprar el pasado 24 de marzo 100 mil unidades de rapid test kits para hacer pruebas de Covid-19 a la población, pagándolas a 36 dólares cada una.
“Tengo información de varios laboratorios clínicos en Puerto Rico que han pagado las mismas pruebas a 20 dólares al detal. O sea, con la transacción del Departamento de Salud, hay alguien haciéndose rico a costa de la pandemia y de la salud de los puertorriqueños”, añadió la senadora.
La empresa con que el gobierno central está haciendo la transacción, 313 LLC de San Juan, Puerto Rico, ni siquiera está registrada como suplidor autorizado por la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, siglas en inglés).
“Ahora es que entendemos la extraña resistencia del gobierno central a que los laboratorios hagan las pruebas. La razón nunca fue de salubridad. La razón fue económica, para el beneficio de los comerciantes del desastre”, añadió la también exprofesora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
En la orden de compra del DS #00071-0000052655 se especifica que el gobierno pagó 60% de los 3.6 millones de antemano y que la entrega se haría de cinco a siete días. Ya han pasado 12 días naturales y ocho días laborables.
“Se supone que dichas pruebas pagadas a un sobreprecio escandaloso ya están en Puerto Rico y le corresponde a la gobernadora explicar de manera coherente por qué paga 36 dólares por cada prueba, por qué su suplidor no cumple con la FDA y por qué hay que creerle cuando alega que su gobierno es uno de transparencia”, finalizó López León. INS
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