San Juan, 5 abr (INS).- La candidata al Senado del Movimiento Victoria Ciudadana en San Juan, Marilú Guzmán, urgió a la legislatura a actuar para detener de manera inmediata los pagos en el presupuesto del Estado asignados para los gastos de la Junta de Control Fiscal (JCF), de modo que dicho dinero se reasigne al Departamento de Salud y cualquier otra agencia que así lo requiera para atender la emergencia.
La candidata manifestó que “en el presupuesto del presente año fiscal se separó una partida ascendente a 175 millones de dólares para los gastos legales y de asesoría financiera asociada a la litigación de los casos de quiebra del gobierno de Puerto Rico, dinero con el que pueden adquirirse materiales y equipo necesarios para atender la emergencia y pagar salarios de personal salubrista que hoy está en la calle”.
Guzmán, añadió que “resulta inmoral que ante la situación de emergencia, el pueblo siga sufragando gastos que son excesivos e innecesarios, sobre todo en momentos en que la Junta ha solicitado la suspensión de los procesos bajo el título III de la ley Promesa”.
A su juicio, “en momentos en que nos enfrentamos a la pandemia es inaudito que la Junta de Control Fiscal se mantenga operando y sus asesores, abogados y otro personal, incluyendo la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, continúen devengando ingresos exorbitantes pagados por el Estado”.
Recordó que Jaresko devenga un salario de 625 mil dólares anuales, “con lo que se podría pagar el salario de cerca de 20 enfermeras. De igual forma, tanto el bufete Proskauer & Rose, como la firma de asesores McKinsey &Co., seleccionados por la Junta de Control Fiscal, devengan sumas multimillonarias, dinero que debe destinarse a cubrir las necesidades resultantes de esta pandemia. El despilfarro es inadmisible”. INS
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