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Resumen de noticias para el miércoles 1 de abril de 2020
P. Rico-Coronavirus/Seis policías de cuartel de Aguas Buenas con el Covid-19, mientras que reclamaciones por desempleo ya alcanzan casi las cien mil
San Juan, 1 abr (INS).- Seis policías de cuartel de Aguas Buenas se han contagiado con el Covid-19, informó el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer.
Janer dijo que “de los 37 uniformados que se realizaron las pruebas luego de que un oficial fuera diagnosticado con el virus, hemos recibido seis resultados positivos. Esto da a una suma de siete casos positivos en el cuartel de Aguas Buenas. Hemos recibido también 19 resultados negativos y esperamos recibir próximamente los 12 resultados restantes”.
El funcionario explicó que las pruebas se realizaron en coordinación con el Departamento de Salud y que, al día de hoy, todo el personal afectado está recibiendo recomendaciones por parte de sus médicos.
Además, detalló las medidas que han adoptado para mitigar posibles riesgos.
“Ante esta emergencia, continuamos adquiriendo material y equipo de protección para velar por la seguridad del personal de los diferentes negociados que componen el DSP. Nuestros policías, así como los paramédicos, bomberos y telecomunicaciones, junto al personal de respuesta a emergencias y profesionales de la salud, son la primera línea de defensa que tiene el pueblo el Puerto Rico para combatir esta enfermedad. Reconocemos su sacrificio y agradecemos el compromiso con el que realizan su labor, arriesgando sus vidas para salvar las de otros”, puntualizó el secretario.
De otra parte, el comisionado Henry Escalera Rivera señaló que el cuartel de Aguas Buenas ya fue descontaminado y próximamente se informará la fecha en que reanudarán las operaciones.
“Personal del cuartel de Caguas se mantiene atendiendo las querellas correspondientes a Aguas Buenas para garantizar que los servicios no se afecten y que la seguridad de nuestras comunidades se mantiene”, expuso.
En tanto, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García, indicó que las reclamaciones por desempleo ya alcanzan casi las cien mil.
El funcionario dijo también que las personas arrestadas por violar el toque de queda suman 493.
Añadió que 25 empleados administrativos de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales adscritos a Violencia Doméstica, Delitos Sexuales, Armas y Administración permanecen en aislamiento, luego de que una oficial indicara que se sentía mal de salud.
Asimismo, sostuvo que hoy se tomará una prueba del Covid-19 a un varón de 31 años, de Cayey, encontrado muerto en el patio de la casa de un vecino, donde dormía en un colchón.
Según su vecina, se trata de un deambulante, con síntomas de tos y dificultad respiratoria.
Igualmente, manifestó que, como medida preventiva, la base de Aibonito del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas será cerrada a partir de hoy, luego de que un empleado estuviera expuesto al Covid-19, a través de su esposa.
Se está coordinando con el Departamento de Salud para que los compañeros que pudieron haber estado expuestos al Covid-19 se realicen las pruebas correspondientes.
El secretario declaró que se contratará una compañía especializada en descontaminación y limpieza profunda para que la estructura, vehículos y equipos estén en óptimas condiciones al momento de reiniciar operaciones.
Las bases de Cayey y Barranquitas se mantendrán atendiendo cualquier caso que se reporte en la jurisdicción de Aibonito.
Mientras, la Guardia Nacional a enviado a aislamiento a 117 pasajeros que han llegado a la Isla a través del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.
Sobre las reclamaciones de desempleo, expresó que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) ya ha procesado 98,713 nuevas desde el 16 de marzo.
“La División de Normas del Trabajo del DTRH está atendiendo activamente consultas de empleados y patronos. Al momento, se han atendido alrededor de 1,641 consultas relacionadas a la emergencia. El viernes fue firmada la Cares Act, la cual tiene ciertas disposiciones en torno al beneficio por desempleo. Una vez implementados estos beneficios por el Departamento del Trabajo Federal, habrá más beneficios disponibles”, aseveró.
Entre ellos, se cuenta la extensión de hasta 13 semanas más del beneficio por desempleo (actualmente, es 26, ahora será 39 semanas), hasta el 31 de diciembre de 2020 y la eliminación de la semana de espera, de forma que los beneficiarios puedan ser compensados desde la semana que vieron sus ingresos afectados.
También se incluye el aumento de 600 dólares adicionales por cuatro meses a la compensación de desempleo establecida en la legislación local (actualmente es de hasta $190, por lo que será de hasta $790 semanales).
Estos 600 también les aplican a los beneficiarios de PUA).
“No podrían recibir desempleo: Aquellos que estén recibiendo compensación o pagos por licencias, los que pudieran trabajar remoto para sus patronos”, acotó Soto García.INS
P. Rico-Coronavirus/Se constituye mesa social que reclama acciones al gobierno frente al Covid-19: “Sin atención a los derechos humanos básicos, no podremos afrontar la pandemia”
Caguas, 1 abr (INS).- Un colectivo de organizaciones agrupado en una mesa social envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced exigiendo acción gubernamental en áreas de derechos humanos, como la vivienda, salud, educación y salud mental.
La carta, que cuenta con el endoso de 40 organizaciones, divide sus reclamos por áreas temáticas y solicita acciones específicas para atender preocupaciones que han identificado desde su experiencia a través del ofrecimiento de servicios y de procesos de organización comunitaria.
“Una pandemia como ésta no se maneja exclusivamente desde un punto de vista médico. Existen otras consideraciones que no deben ser invisibilizadas, como por ejemplo, la pobreza, los discrímenes, la falta de acceso a recursos y servicios de vivienda, seguridad y educación. Puerto Rico ya era frágil desde antes del huracán María y luego de ese desastre natural tuvimos los terremotos de enero. Nuestro tejido social ya estaba frágil y el Gobierno no ha logrado estar a la altura de las necesidades del país. Nos ha dejado morir antes y tememos que nos deje morir ahora”, expresó Amárilis Pagán Jiménez, portavoz del grupo.
Según Pagán Jiménez, “esta iniciativa surge luego de que nos diéramos cuenta de que todas nuestras organizaciones están tratando de remediar los problemas y situaciones críticas que se están derivando del estado de emergencia por el coronavirus sin que el Gobierno reconozca públicamente esos problemas. El ejemplo más claro es de la alta incidencia de casos de violencia de género en estas pasadas dos semanas y la falta de respuesta gubernamental a pesar de las comunicaciones de organizaciones que trabajan con este tema”.
Otra vocera, Carmen Milagros Vélez Vega, expresó que “hay que mirar modelos de salud pública que reconocen cómo las poblaciones más vulnerables y con menos recursos suelen ser las víctimas fatales en tiempos de desastres o de pandemia. Puerto Rica necesita incorporar una mirada de derechos humanos al manejo del Covid-19 y monitorear la respuesta gubernamental desde esa perspectiva. De lo contrario, los problemas sociales que teníamos el 15 de marzo (fecha de la primera orden ejecutiva) se agravarán con consecuencias fatales. Recordemos que el Covid-19 no eliminó ninguno de esos problemas, al contrario, los exacerba”.
La carta dice, divide sus reclamos en 10 grandes áreas que incluyen: Respuesta coordinada del Estado, Salud, Vivienda, Niñez, Personas privadas de libertad, Protección a personas trabajadoras, Personas vulnerables, Seguridad Alimentaria, Trámites legislativos y cambios en políticas públicas.
Uno de sus reclamos se dirige a reforzar la petición hecha por decenas de organizaciones la semana pasada para que Fortaleza nombre un “task force” social que incorpore una visión más amplia a la gestión del gobierno.INS
P. Rico-Coronavirus/PPD pide al gobierno que aclare ayudas disponibles a comerciantes y personas que trabajan por cuenta propia
San Juan, 1 abr (INS).- El presidente del Partido Popular democrático, Aníbal José Torres, solicitó al Departamento de Hacienda y al Departamento de Desarrollo Económico, que aclaren la confusión que ha creado el anuncio de ayudas disponibles para comerciantes y personas que trabajan por cuenta propia.
El pasado 26 de marzo, el secretario de Hacienda envió una la carta circular 20-21, en la cual anunciaba un incentivo de 500 para individuos que trabajan por cuenta propia y que estuvieran registrados como comerciantes en el sistema SURI, entre otros requisitos.
En el día de ayer, el Departamento de Desarrollo Económico anuncia un incentivo de 1,500 para pequeñas y medianas empresas para el cual exige que esté registrado como comerciante en el sistema SURI y no haber solictado el incentivo de 500 para trabajadores por cuenta propia anunciado por el Departamento de Hacienda.
“Los incentivos anunciados han creado confusión en los comerciantes pues muchos cumplen con los requisitos para ambos. Al desconocer que tendrían un incentivo distinto, muchos comerciantes completaron la solicitud de la carta circular 20-21 y ahora no pueden solicitar el nuevo incentivo. Es necesario que el Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico aclaren esta situación para beneficio de este sector que sin duda alguna está siendo uno de los más afectados”, expresó Torres.INS
P. Rico-Coronavirus/Presentan querella ante Ética Gubernamental para investigar a funcionaria Mabel Cabeza
San Juan, 1 abr (INS).- El representante Luis Vega Ramos presentó una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por posibles violaciones a leyes y reglamentos gubernamentales en contra de la pasada “chief of staff” del Departamento de Salud (DS), Mabel Cabeza.
La querella se basa en las expresiones realizadas en varios medios de comunicación por la exsecretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, sobre el presunto esquema de contrataciones e irregularidades en procesos en el DS liderado por Cabeza.
“La Oficina de Ética Gubernamental tiene que investigar de inmediato lo ocurrido en el DS. No podemos permitir que quede impune el modus operandi de los funcionarios del gobierno del PNP, quienes buscan favorecer a familiares y amigos mediante contrataciones indebidas y en clara violación de los procesos. Los actos descritos por la pasada secretaria interina reflejan que el poder del gobierno recae en unos pocos”, denunció Vega.
El legislador del Partido Popular Democrático agregó que “lo peor es que todo esto lo hacen mediante el mal manejo de los fondos públicos y en detrimento de los mejores intereses del pueblo”.
Vega Ramos explicó que las acciones llevadas a cabo violentan el artículo 4.2 incisos (b), (g) y (h) de la Ley de Ética Gubernamental, que establece -entre otros- que un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.
Tampoco puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que él tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para él. El artículo establece además que la autoridad nominadora o un servidor público con facultad de decidir o de influenciar a la autoridad nominadora no puede intervenir, directa o indirectamente, en el nombramiento, ascenso, remuneración o contratación de su pariente.
Se entenderá asimismo que un servidor público tiene facultad para decidir o influenciar cuando una ley, reglamento, descripción de deberes o designación así lo disponga.
El legislador también solicitó de la OEG que investigue las denuncias contra Cabeza Rivera en torno al manejo del DS de la pandemia del Covid-19.
“A pesar de haber sido relevada de sus funciones como ayudante en el Departamento de Salud, Mabel Cabeza Rivera fue reclutada como ayudante en La Fortaleza en asuntos de Salud, a pesar de no tener ningún tipo de preparación en el área”, apuntó Vega Ramos.
Y añadió que “desde allí ha intentado seguir influenciando e interviniendo en la toma de decisiones del Departamento de Salud, inclusive en el manejo de asuntos relacionados a la emergencia causado por el Covid-19, como su intervención preocupante con el proceso de compra y recibo de unas 500 pruebas para diagnosticar Covid-19. Esa delicada situación debe investigarse con el mayor celo y rigor”.
“Exigimos acción inmediata de parte de la OEG y la aplicación de las sanciones correspondientes a quienes violaron los procesos”, sentenció Vega Ramos. INS
ndc