
La funcionaria Mabel Cabeza, destacada en La Fortaleza, defendió su integridad. Inter News Service/Suministrada
San Juan, 29 mar (INS).- La funcionaria del Departamento de Salud Mabel Cabeza, eje de una controversia con la exsecretaria de Salud Concepción Quiñones de Longo por su presunta interferencia con 500 kits de pruebas de Covid-19, salió hoy a la palestra para defender su integridad profesional y, a la vez, advertir que no descarta “demandar por difamación aquellos que me han causado daño”.
Cabeza, ahora en destaque en La Fortaleza, sostuvo en unas amplias declaraciones que la doctora Quiñones de Longo fue mal informada, “lo que ha provocado que haya estado por medios atacándome a mi por circunstancias y situaciones con las que no tengo nada que ver e incluso que distan mucho de las declaraciones que me hizo a mí personalmente cuando me destacó en el Centro Médico”.
En esa ocasión, sostiene Cabeza en declaraciones enviadas a la agencia Inter News Service (INS), “personalmente me dijo que entendía que era una mujer trabajadora, valiosa y con mucha iniciativa que podía aportar muchísimo en el trabajo encomendado al Task Force de Salud desde Centro Medico”.
Al aducir que la controversia con las 500 pruebas “es una falsa y completamente difamatoria”, la funcionaria expresó que “como mujer de ley estoy disponible para cualquier proceso de investigación”, justo cuando ha trascendido que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) realiza indagatoria sobre la situación en el Departamento de Salud de Puerto Rico.
Cabeza expuso en sus declaraciones que desde el pasado viernes “he sido víctima de una ofensiva de información y ataques falsos y difamatorios, los cuales se han presentado sin evidencia alguna y con la única intención de mancillar mi nombre y mi reputación”.
Aseguró que estos ataques “me han afectado a mi familia y en especial a mi hija, (por lo que) como madre soltera me veo en la obligación de defenderme públicamente y proteger a mi familia para de esta forma aliviar sus preocupaciones ante estos señalamientos infundados, medias verdades, mediáticos, coordinados y sin dudas con agendas políticas partidistas”.
“Soy una mujer exigente en mi trabajo y extremadamente trabajadora, pero sobre todo íntegra y honesta. Desde el inicio de la Administración en 2017 ocupó el puesto de Ayudante Ejecutiva en el Departamento de Salud. Mis funciones siempre han sido claras, enmarcadas siempre en dar seguimiento intenso a las directrices del Secretario y en ningún momento con poder de toma de decisión alguna y todo bajo total cumplimento de las normas, reglamento y leyes”, estableció.
Cabeza aseguró que “nunca he pertenecido a la Junta de Subastas ni nunca he tenido la firma delegada del Secretario para poder autorizar nombramientos o contratos; ni tan siquiera el poder de recomendar contratación.
“Nunca he tenido inherencia alguna en el proceso de contratación de la agencia más allá de dar seguimiento al solicitado por las dependencias de Salud, quienes identifican la necesidad y originan las contrataciones, o por petición del Secretario. Jamás me he dedicado a mover intereses de nadie como han querido acusar para demonizar a una persona simplemente por afinidad o por quienes son mis amistades en el plano personal”, dijo al negar que fuera la “secretaria de facto” durante la incumbencia del doctor Rafael Rodríguez Mercado.
Negó, igualmente, que tuviera que ver con la contratación de empresa Manpower, la cual se originó desde la administración de Luis Fortuño, y que “tampoco tuve nada que ver con la contratación de mi hermana”, a razón de 80 dólares la hora.
“Ella, como cualquier otra profesional, participó y pasó por un proceso de entrevista en un ente externo y fue contratada por su propio mérito. En mis funciones me he inhibido de todo lo que tenga que ver con ella para eliminar hasta la posible apariencia de conflicto”, recalcó.
Cabeza aseguró desconocer las razones por las cuales la doctora Quiñones de Longo “habló con ira o de la manera que respondió en sus entrevistas, siempre mi relación profesional fue muy buena con ella”.
Sostuvo que Quiñones de Longo “nunca emitió un escrito o me envío un memo señalando alguna falla de esta servidora pública. Siempre la respete por su experiencia y prerrogativas”.
Cabeza manifestó que al ser desatacada a trabajar con el Task Force médico del Covid-19, sus funciones eran estrictamente administrativas.
“No determino política pública ni doy instrucciones, doy seguimiento a las determinaciones del Task Force”, remató al referir que la “controversia” de las 500 pruebas es una totalmente fabricada y a pesar de que fue desmentida de manera inmediata con prueba documental, insisten en tergiversar la verdad para aparentar algo “indebido”.
Cabeza entiende que también existen motivaciones políticas y otros intereses de varios sectores con el único objetivo de hacer daño a la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced “fabricando noticias falsas, diciendo medias verdades y que son ajenas a mi persona, pero que en estos momentos me usan como subterfugio para atacar”.
Sostuvo que el 26 de marzo el doctor Alonso Salgado, parte del Task Force de Salud, llamó al Sr. Ribas de Quest Diagnostics alrededor de las 4: de la tarde desde Manejo de Emergencias para que las pruebas se le entregaran allí, ya que el Task Force tenía un plan de distribución ya preparado para ejecutar el 27 de marzo.
“Las pruebas llegaron y quien las recibió fue la Secretaria Auxiliar de Administración de Salud, quien tiene toda la autorización legal para recibirlas y firmó el recibo de las mismas. El próximo día y según planificado por el Task Force se entregaron las pruebas tal como determinó el Task Force. Yo no tuve inherencia alguna en la decisión de dónde se entregaban y tampoco a quién se le distribuían las pruebas. El 27 de marzo las pruebas salieron a su destino según la determinación del Task Force escoltadas por la Policía de Puerto Rico y choferes del propio Departamento de Salud”, estableció la funcionaria. INS
ndc
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