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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 29 mar (INS).- Se hace incomprensible la interpretación que realiza el gobierno estadounidense de la crisis sanitaria creada por el brote de infecciones de la pandemia del Covid-19 en Estados Unidos, que ya lo convierte en el epicentro de la pandemia al ser hoy la nación con más casos positivos confirmados al virus con 116,326 hasta la víspera.
Como si el coronavirus pudiera ser exterminado a tiros con el uso de armas de fuego, un grupo defensor de la libertad de armas celebró el sábado que el gobierno de Donald J. Trump hubiera designado la industria de armas de fuego, incluidos las tiendas de revólveres, pistolas, escopetas y rifles como comercios de venta de productos esenciales durante la emergencia sanitaria.
Conforme a la recomendación de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, se incluyó en la lista a los comercios de armas de fuego como sectores críticos a la infraestructura estadounidense.
El sector de las armas de fuego no formaba parte originalmente de la lista, por lo que su inclusión en la versión actualizada de la agencia respondió a una batalla legal por defensores de la libertad de los ciudadanos a portar y poseer armas de fuego.
Lo que alegan los defensores de las armas de fuego de reconocer “la capacidad de protegerse a uno mismo” durante la emergencia sanitaria por el Convid-19 carece de sentido, según el entendimiento de los sectores pacifistas y antiarmas, porque “no es a tiros” como se puede resolver la crisis creada por el brote de contagios al virus.
Los grupos a favor de la libertad de portar y poseer armas de fuego emprendieron acciones legales el viernes, después que el jefe de la Policía del condado de Los Ángeles cerrara las tiendas de armas de fuego, siguiendo una decisión del gobernador de California, Gavin Newson, de que cada uno de los 58 condados del estado podía decidir si incluía los establecimientos de armas de fuego entre los negocios no esenciales para frenar el contagio del coronavirus.
La demanda alegaba que considerarlos negocios no esenciales violaba la Segunda Enmienda de la Constitución, mientras que las autoridades alegaban que se trataba de una cuestión de salud pública. INS
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