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San Juan, 21 mar (INS).- El presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, ratificó hoy su pedido al presidente Donald J. Trump para que cambie la designación de Puerto Rico de jurisdicción foránea de Estados Unidos a doméstica, con el propósito de fomentar la inversión, creación de empleos y reactivar el sector de la manufactura, particularmente el área de investigación y desarrollo en las fábricas farmacéuticas.
La propuesta de Aponte Hernández surge a raíz de la emergencia suscitada por la llegada del Covid-19 a Puerto Rico y las expresiones de la Junta de Supervisión Fiscal JSF) y la gobernadora Wanda Vázquez Garced, y luego de que el exmandatario Aníbal Acevedo Vilá sugiriera, por el contrario, un mecanismo de desarrollo industrial de la isla tal como se hizo por 30 años hasta la desaparición de la sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos.
El expresidente de la Cámara de Representantes aseguró que coincide con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, de que “aquí no se trata de regresar al pasado, a las 936, se trata de mirar al presente y futuro incluyendo a Puerto Rico como una jurisdicción doméstica y brindándole cualquier incentivo para atender la situación actual”.
“Esta pandemia sin precedentes del Covid-19 nos brinda la oportunidad de reactivar un importante sector de nuestra economía: la manufactura, particularmente el área relacionada al desarrollo de equipo y artículos médicos”, dijo el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) al insistir en que la única manera de lograr esto, de formar rápida y perdurable, es cambiando la designación de la jurisdicción de Puerto Rico para efectos contributivos federales, de foránea a doméstica.
De este modo, dijo, es “como único lograremos atraer mayor capital a la Isla y reactivaremos este vital sector de nuestra economía”.
“Esta designación nos daría una enorme capacidad junto con los beneficios de la reforma contributiva de 2017 para los estados, se estaría colocando a Puerto Rico en una posición de competir de igual a igual”, opinó Aponte Hernández, quien junto a la administración del PNP en a mediados de la década de 1990 impulsó la eliminación de las llamadas corporaciones 936 por considerar que se trataba de “mantengo corporativo” y que retrasaba la anexión de Puerto Rico.
Argumentó que el cambio también les daría a las empresas la seguridad que brinda la cobertura política, lo que fomentaría que más compañías nacionales e internacionales se relocalizaran en esta isla, creando miles de nuevos y mejores puestos de empleos.
“De igual manera estaríamos solicitando que se le brinde a Puerto Rico cualquier incentivo para atender, mediante la manufactura, la emergencia nacional creada por el coronavirus”, agregó.
El legislador fue el autor de la Ley 73-2008, conocida como la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, la cual se encontraba enfocada, entre otras cosas, en reactivar la manufactura ante las realidades de la globalización.
De esta manera, Aponte Hernández rechazó cualquier intento de revivir algún tipo de Sección 936 del Código de Rentas Internas federal, debido que, a su juicio, lo único que hizo fue producir riqueza para unos pocos empresarios e inversionistas.
“La Sección 936 no logró alcanzar sus objetivos principalmente debido a que las pocas empresas que utilizaron este refugio fiscal no invirtieron en Puerto Rico como proporcionalmente debería haberse hecho”, reclamó.
En 1991 solamente las compañías 936 acumularon 2,800 millones de dólares en créditos contributivos, sin que los ciudadanos en Puerto Rico recibieran una proporción similar en beneficios, tal y como se supone que sucediera, adujo.
“Los números no mienten, la verdad es que para 1991 el ingreso per cápita de los puertorriqueños era de 6,000 dólares al año, casi 30 por ciento menos que en los estados (de la nación norteña). Al mismo tiempo, la tasa de desempleo rondaba el 16 por ciento, más del doble que en cualquier otro estado. Mientas las compañías se beneficiaban de estas exenciones contributivas, nuestra gente sufría”, alegó el representante del PNP.
En 1996 el Congreso votó a favor de eliminar la Sección 936, utilizando el argumento de que su costo excesivo al erario estadounidense, el pequeño número de empresas que se habían acogido a la misma y, sobre todo, la falta de beneficios para los puertorriqueños, en términos de la creación de empleo y justicia salarial, no justificaba su permanencia. INS
ndc