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San Juan, 29 feb (INS).- La comisión especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el Trato de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico, presidida por la representante Jacqueline Rodríguez Hernández, inició ayer el análisis de los protocolos y manuales de manejo de emergencias que el Departamento de la Familia (DF) tiene para atender emergencias para personas de edad avanzada.
A la vista pública, realizada en el Centro Sor Isolina, en Ponce, compareció Llelidza Santiago, directora de licenciamiento del DF, quien señaló que a pesar de que existe el protocolo de emergencia para la atención de los participantes de edad avanzada en hogares o cuidos licenciado por esa entidad gubernamental, los empleados tuvieron dificultades en la reubicación de las personas luego de la serie de sismos ocurridos entre.
Esto, debido a que los operadores licenciados no se mostraron receptivos a entregar la custodia de los individuos que albergaban.
“El personal de la agencia confrontó serias dificultades para que se pudiera ejecutar las directrices, porque algunos operadores con hogares sustitutos en las zonas de desastres se negaban a entregar a los adultos mayores y adultos con impedimentos. En muchos casos en los que se llevó a cabo la reubicación, no entregaron ni medicamentos ni pertenencias ni artículos de aseo”, indicó Santiago.
Informó que hasta el 26 de febrero se reubicó a 276 personas, como parte del estudio de la Resolución de la Cámara 1703, de la autoría de la representante Lourdes Ramos Rivera.
Santiago, además, señaló a la representante Rodríguez Hernández que los empleados fueron objeto de “insultos, amenazas y faltas a su dignidad profesional; fueron grabados en vídeo sin su consentimiento. Sin embargo, continuaron haciendo su trabajo y cumplieron con el cometido de reubicación de nuestros viejos”.
Asimismo, explicó que los operadores de los hogares presentaron señalamiento ante la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (Oppea), provocando que se iniciara una investigación.
En cuanto al cumplimiento de abasto de alimentos, la funcionaria sostuvo que al momento de las inspecciones de las instalaciones sólo un 33 por ciento de los operadores cumplía con tener suministro de alimentos para 30 días. Esto, a pesar de que es un requerimiento para la otorgación de la licencia.
De igual forma, la directora de licenciamiento mencionó que la mayoría de las personas administradoras y dueñas de establecimientos del área afectada expresaron no tener los recursos económicos para contratar un ingeniero estructural para llevar a cabo la inspección estructural sugerida, por lo que la agencia contempla coordinar con el Colegio de Ingenieros el apoyo para inspeccionar todas las estructuras. INS
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