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El representante José Aponte Hernández advirtió la inexistencia de un registro completo de las villas pesqueras que existen alrededor de la Isla. Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 25 feb (INS).- La geografía del litoral y morfología geológica del sur y suroeste del país cambió con los terremotos y la actividad sísmica reciente.
En este sentido, se alteró el lecho del mar cercano a la costa de la región meridional puertorriqueña y se hace necesaria una nueva carta marítima de navegación para la actividad pesquera, que aunque artesanal ahora, la aspiración es hacerla industrial.
Es por eso que se considera de suma importancia la intención del presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Estatus de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, de presentar legislación para realizar un inventario e inspeccionar las villas pesqueras alrededor de Puerto Rico con el propósito de proveer información precisa de tales activos que se posee, tanto del Departamento de Agricultura (DA) como del Departamento de Recursos Naturales (DRNA).
La idea de presentar legislación se dio a conocer en una vista pública en torno a la Resolución de la Cámara 1279, que investiga la cantidad y los usos que se han dado y darán a los fondos federales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, siglas en inglés) para asistencia a los pescadores luego del destructor paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, a lo que hay que añadir las consecuencias de la actividad sísmica y los terremotos recientes.
“Dado que ni el DRNA, ni el DA tienen un registro completo de las villas pesqueras que existen alrededor de la Isla, algunas de las cuales pertenecen a la DA y otras a municipios o entidades privadas, nos proponemos recopilar esta información para tener un cuadro claro y poder propiciar el desarrollo económico de esta industria”, dijo Aponte Hernández en declaraciones escrita.
Se considera una paradoja que siendo Puerto Rico una isla con dos pequeñas islas municipios, no exista una industria pesquera como tal y esa actividad se limita a una de tipo artesanal, habiendo una necesidad de activar y vigorizar su economía en franco deterioro.
Durante las vistas públicas, ni Damaris Delgado, directora del programa de costas, reservas y refugios dentro del DRNA, como tampoco el agrónomo Víctor Marrero, del DA, pudieron ofrecer datos concretos sobre el número de pescadores que actualmente existen luego del paso de los huracanes Irma y María en septiembre del 2017.
Delgado especuló que existen alrededor de unas 900 licencias expedidas por su agencia, pero no sabe cuántos son pescadores comerciales, mientras Marrero estimó, por su parte, en unos 350 los pescadores a los cuales se les ofreció ayuda tras el paso de los huracanes.
No obstante, hay desconocimiento de cuántos son pescadores bonafides que devengan más de la mitad de su sustento mediante la pesca.
Durante las vistas públicas se supo que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica federal efectuó un censo de daños y asignó 11.4 millones de dólares como parte del Programa de Desastres por Huracanes del Sureste, pero de esta asignación, la cantidad que fue desembolsada en ayuda directa por pérdida de materiales a los pescadores fue de únicamente 400 mil dólares.
El DRNA no posee villas pesqueras y la agencia gubernamental que sí posee estas infraestructuras es el DA, pero no mantiene la titularidad de algunas de ellas, aunque están bajo su custodia. De la misma forma, carecen de datos concretos de quiénes son pescadores bonafides, aun cuando ofreció ayudas de 300 mil dólares mediante una reasignación de una partida del Programa de Piñas.
Este desconocimiento de información esencial para brindar una buena asistencia y servicios a los pescadores fue cuestionada duramente por Aponte Hernández.
“Para mí, resulta inconcebible que nosotros pretendamos atender un sector sin tener conocimiento de qué pasa en ese sector”, dijo el representante a la Cámara.
El legislador anticipó que la Comisión que preside espera contactar a funcionarios de la NOAA para conocer su parte en este asunto y explorar cuáles son las oportunidades para ofrecer una mayor ayuda a los pescadores.
Mientras que Roberto Silva, del Congreso de Pescadores de Puerto Rico (CPPR), expresó “la profunda indignación del manejo del grant (subsidio) de la NOAA, donde de 11.4 millones de dólares, los pescadores solo recibirían 400 mil en ayuda directa, siendo este uno de los sectores económicos más devastado tras el paso de los huracanes Irma y María”.
Silva sentenció que el DRNA se ha valido de todas las cláusulas posibles permisibles para beneficiarse de esta asignación de los fondos de emergencia, en perjuicio de la necesidad de los pescadores comerciales en Puerto Rico.
Datos recientes demuestran que el DRNA recibirá 79 millones de dólares para atender el impacto de los huracanes Irma y María y estos fondos deben ser utilizados estrictamente para la mitigación de daños a la incipiente industria pesquera. INS
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