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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 25 feb (INS).- La crisis económica y fiscal de Puerto Rico se remonta a por lo menos 30 años atrás; ya en 1975 se presentó el Informe Tobin, producido por James Tobin, quien años más tarde, en 1981, se convertiría en Premio Nobel de Economía.
Lo que hizo que Tobin ganara el Premio Nobel de Economía fue un estudio de análisis de los mercados financieros y sus relaciones con las decisiones de gastos, empleo, producción y precios.
La investigación sobre la situación económica y fiscal de Puerto Rico que produjo el Informe Tobin fue realizada por encomienda del entonces gobernador Rafael Hernández Colón (1936-2019).
La crisis que se estaba cuajando en Puerto Rico ya para entonces tenía raíces sistémicas y causas estructurales que radicaban en su modelo económico, y se precipitó cuando el Congreso de Estados Unidos eliminó el incentivo contributivo de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal que permitía atraer inversiones industriales a Puerto Rico.
La eliminación gradual de 1996 a 2006 de este incentivo empresarial sin proveer alternativas económicas sustitutivas sirvió de factor precipitante de la crisis, cuyos orígenes, como ya se ha dicho, eran sistémicos y que el caso de absoluta dependencia en el incentivo contributivo de la Sección 936 del Código de Rentas Internas así lo confirmaba.
Con la eliminación de este incentivo contributivo, el empleo en la manufactura sufrió un colapso gradual, por lo que hoy Puerto Rico tiene menos de la mitad de los empleos manufactureros que tenía a finales del siglo pasado.
A los puertorriqueños se les hace fácil emigrar a Estados Unidos por ser ciudadanos estadounidenses. La mayoría tiene familiares o amigos en esa nación norteña. Con la crisis económica y fiscal y la facilidad para emigrar a Estados Unidos, el resultado ha sido el éxodo masivo y la despoblación de Puerto Rico.
Habiendo para el año 2000 una población que ascendía a unos 3,808,610 habitantes, ya para 2018 se había reducido a 3.1 millones de habitantes, lo que implica una reducción de 19.2 por ciento en dos décadas. Y el éxodo continúa. Prácticamente, uno de cada cinco habitantes se ha ido de Puerto Rico.
Un descenso poblacional así genera presiones, no únicamente sociales, sino económicas en el sistema hipotecario, en la banca y el comercio, Pero, también, en los ingresos fiscales.
En la misma medida que disminuye la población se reducen los impuestos contributivos al gobierno, las ventas al menudeo decrecen y se producen cierres de establecimientos comerciales por falta de clientes, lo cual provoca más contracción económica todavía.
Para combatir esa tendencia a la baja en los recaudos fiscales se recurrió a la imposición de impuestos sobre las ventas al detalle (sales tax), con lo cual se complicó aún más la situación económica debido a que impactó al bolsillo de las clases sociales desventajadas por ser el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), una medida contributiva regresiva.
La excusa que se adujo para tal imposición fue un intento por capturar la evasión contributiva de la economía subterránea, lo que resultó un remedio parcial al déficit fiscal, pero con la concomitancia de afectar el bolsillo de sectores de la población más económicamente vulnerables.
La crisis fiscal podría considerarse, empero, “una muerte anunciada”. Tobin predijo en su informe de 200 páginas que si Puerto Rico no controlaba su creciente endeudamiento, la deuda pública del país se haría impagable, como en efecto sucedió.
En el momento en que Tobin rindió su informe, la deuda alcanza ya el 73 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB), cuando lo aceptable es que no sobrepase el 60 por ciento. Mas como no se hizo nada para evitar que el gobierno siguiera endeudándose, la deuda pública terminó superando el 100 por ciento del PNB.
Pero no había que ir a universidades de Estados Unidos a buscar economistas que auguraran la crisis actual que vive Puerto Rico. También en 1975, el líder independentista Rubén Berríos Martínez predijo que el futuro de Puerto Rico únicamente deparaba más mantengo, una mayor emigración y una asfixiante deuda pública.
No obstante, la respuestas imperialista de Washington ha sido imponer una Junta de Control Fiscal con ajustes de un acuerdo de pagos a la deuda con los bonistas de Wall Street que servirían de aparente paliativo inmediato, pero nos llevaría a la quiebra fiscal nuevamente en pocos años futuros.
Un ajuste en los pagos de la deuda pública y austeridad fiscal a ultranza sin un plan de desarrollo económico para Puerto Rico es como seguir dando vueltas sin salir de la crisis en un carrusel que, como tal, gira en un círculo vicioso de acontecimientos igualmente desastrosos. INS
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